Memorias afectivas territoriales y utopías posibles en Ocumicho

Resumen

Desde la construcción social de la memoria estudiamos los procesos de despojo y agravios que han vivido los comuneros p’urhépechas de Ocumicho, desde hace más de un siglo, por parte de mestizos, de instituciones agrarias y judiciales y de distintos actores de economías ilegales; como huellas tangibles de una historia viva. Así también, cómo el pasado es resignificado por sus miembros para dar sentido al presente, reconfigurando su vida comunal, que les permite a su vez repensar posibles horizontes de futuro. Para ello, ponemos en diálogo documentos coloniales y de archivo agrario, pero principalmente colocamos en el centro de análisis los testimonios escritos y orales; en relación con procesos contenciosos actuales que amenazan su territorio indígena y su continuidad como colectivo culturalmente específico.

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Presentación

Ocumicho es una comunidad indígena ubicada en la frontera de la llamada Meseta P’urhépecha, dentro de los límites municipales de Charapan, Michoacán. Posee un territorio comunal de cerca de 8 mil hectáreas en el que predomina el bosque de pino y encino. Es disputado por distintos actores desde hace más de un siglo, como se verá en el presente escrito. Ocumicho es reconocido por las instituciones agrarias como una comunidad de hecho,¹ por tanto, tiene derechos agrarios. Además, es una comunidad indígena con derechos reconocidos por la legislación internacional y nacional.

La comunidad cuenta con una población de 3 872 habitantes, de los cuales 3 291 mayores de tres años hablan el p’urhépecha (INEGI, Censo de población y vivienda 2020, en línea). De acuerdo con las instituciones gubernamentales que evalúan la pobreza, es catalogada con un alto grado de marginación (Sedesol, 2013). A diferencia de otras comunidades p’urhépechas, su idioma sigue siendo muy importante, no solo en su cotidianeidad, sino como parte de una cultura que imbrica todos los ámbitos de su vida colectiva.

Mapa 1 Ocumicho y el Llano de Pejo

Una de las expresiones culturales presente en las festividades de las comunidades p’urhépechas es la llamada pirekua.² La pirekua son canciones cuya letra, música y arreglos son de autoría p’urhépecha, interpretada por los pireris [cantantes] hombres y mujeres, que “exponen el sentir del alma y de la vida” (Márquez, 2014). Son canciones que “salen del corazón, cuyo mensaje está relacionado con los sentimientos a la naturaleza, territorio, personajes […] tienen un sentido metafórico, por ejemplo, se habla de flores para hacer referencia a una mujer […]” (José Huerta, 24 de julio de 2023). Tienen un ritmo propio, como el son o el abajeño. Otros temas en sus composiciones refieren a acontecimientos significativos para ellos y ellas, como la pirekua que se ha cantado en los dos aniversarios de la “Conmemoración de la lucha y resistencia del pueblo p’urhépecha de Ocumicho”, cuya letra habla justamente de un hecho de agravio para la comunidad:

¿Qué dispositivos detona una pirekua que habla de un hecho de trascendencia en la vida comunal? La participación de Tata Rosalío en la conmemoración de un aniversario de lucha comunal es contra el olvido. Es para recordar mediante el lenguaje un acontecimiento que remite al pasado, lo resignifica, lo trae al presente, lo reconfigura, y dota de sentido los futuros posibles y contenciosos. También refiere de manera poderosa a una memoria del lenguaje; hablar y cantar en p’urhépecha es una expresión de resistencia, de un pasado vivo y de una identidad presente. El hablar en la lengua propia sustenta una memoria colectiva, ya sea de manera oral o escrita, que se refuerza en el ejercicio de la vida cotidiana (Abercrombie, 1988). La memoria, sostiene Vázquez, “es proceso y producto de los significados compartidos engendrados por la acción conjunta de los seres humanos en cada momento histórico” (2001, p.27), aunque hay que precisar que no es necesariamente compartida por todos de la misma manera.

La propuesta sobre la memoria colectiva de Ricoeur nutre de manera importante el análisis de los procesos contenciosos de Ocumicho, como sedimentos en que el territorio e identidad tejen la historia comunal. Sostiene el citado autor que “la memoria colectiva sólo consiste en el conjunto de las huellas dejadas por los acontecimientos que han afectado al curso de la historia de los grupos implicados que tienen la capacidad de poner en escena esos recuerdos comunes con motivo de la fiestas, los ritos y las celebraciones públicas” (1999, p.19).

Para este análisis ponemos en común una lectura imbricada sobre una historia de despojo que lleva un siglo en la comunidad de Ocumicho, que se articula entre documentos coloniales y agrarios, testimonios escritos y orales y los procesos sociales en ciernes. Una trama social tejida por múltiples violencias, que sigue presente en la memoria colectiva y que se expresa en ciertos momentos políticos comunitarios.

Como afirma Martínez y Perafán: “El encuentro-creación con el pasado se da de múltiples maneras; sea a partir de los relatos orales, de los documentos legales y no legales, de la cultura material, los rituales y el territorio […]” (2017, p.68). Interesa construir un diálogo con distintas voces sobre el proceso de construcción de las memorias, como “un palimpsesto en donde lo oral y lo escrito coinciden en parte, se mezclan y se reinterpretan una y otra vez con nuevos actores” (Rappaport, 2005, p.188; cit. en. Martínez-Dueñas y Perafán, 2017, p.68). De manera intencional ponemos en el centro los relatos de los actores, tratando de imposibilitar “la forma ladina del olvido que trata de desposeer a los actores sociales de su poder originario de narrarse a sí mismos” (Ricoeur, 2004, p.572).

Con este texto buscamos responder a la solicitud de varios comuneros de escribir su historia, teniendo presente que ellos son los protagonistas y los autores. Como dijo Nana⁵ Rosalía en la entrevista, “sirve mucho que lo esté grabando” (9 de agosto de 2009), para que su historia no quede en el olvido. Sus voces dan sentido y son las coordenadas de la exposición, de modo que es una autoría colectiva, desde una lectura reflexiva sobre la memoria.

Memoria ancestral

La comunidad de Ocumicho tiene presente en su memoria su pasado prehispánico, remite su pertenencia a una tribu, estrechamente vinculada a una territorialidad y a una toponimia específica. Esta territorialidad se reconfigura con la llegada de los españoles. El maestro Juan Morisco, comunero de Ocumicho, relata:

Los tecos fueron una tribu que, según algunas fuentes, precedió a los entonces denominados tarascos, hoy llamados p’urhépechas. “El nombre teco pertenece á la lengua tarasca ó de Michoacán y significa mexicano […] la tribu Teca fue muy numerosa y bastante extendida en el territorio del México precolombino […]” (León, 1903, p.4).

Es importante destacar que después de cinco siglos la ocupación de un espacio geográfico anterior a la Colonia forma parte de la memoria oral, las referencias territoriales constituyen un binomio indisoluble con su pertenencia étnica, que sustenta de manera importante las reivindicaciones actuales en la defensa de su territorio. Esta memoria espacial se ha transmitido por generaciones y en cada acto político comunal está siempre presente como relato de apertura al evento, como así sucedió en los aniversarios de la conmemoración de la lucha comunal en 2021 y 2022.

Durante los trabajos de remodelación de la iglesia a mediados del siglo XX, los comuneros de Ocumicho encontraron un documento colonial en el interior de una torre, y en este se describe la fundación del pueblo, la construcción de la iglesia, la contribución de otros pueblos existentes a mediados del siglo XVI y los linderos del territorio:

Esta cita proviene del documento colonial que los pobladores compartieron y dieron permiso de leer. Conforme se iba avanzando en su lectura en voz alta, el entonces representante de bienes comunales ponía mucha atención y tenía perfectamente ubicados los puntos geográficos de referencia. Lo cual muestra que la toponimia sigue presente en la memoria espacial, hay un conocimiento del territorio a través de recorrerlo, caminarlo, sentirlo.

No se trata de la delimitación de un espacio geográfico, sino de la construcción social de un territorio. Ese territorio es resultado de procesos históricos de larga data, que formó parte de su territorialidad prehispánica, del espacio que habitaron y del que fueron propietarios en tanto pueblos de indios, sobre el cual tuvieron jurisdicción y ejercieron gobierno. Asimismo, ese territorio les precede a su contenciosa conformación como comunidad agraria durante el siglo pasado y el presente.

El territorio expresa dos dimensiones: la material que refiere a las maneras de apropiación para la reproducción social, y también una dimensión simbólica en la que tiene lugar el sentido de pertenencia, construida a través del tiempo. Constituye un territorio evocado, que está presente en su memoria comunal. Como bien señala Gómez, “el discurso delimita las fronteras geográficas y cronológicas con las que se puede representar y construir una identidad, la cual, por un lado, está siempre situada en relación con un territorio que, a su vez, no es un espacio geográfico, sino una tradición, una territorialidad: el pasado de ese espacio" (2005, p.271).

Los comuneros de Ocumicho buscan el reconocimiento de la propiedad y posesión de su territorio y fundamentan ese reclamo en su existencia que precede a la conformación del Estado Nación. Para ellos, estos documentos coloniales lo demuestran. A principios del siglo XX, las autoridades comunales entregaron estos documentos a las instancias agrarias para solicitar la restitución de sus tierras y, años después, para instaurar el procedimiento denominado Conflictos de límites y titulación de terrenos comunales. Un logro significativo para la comunidad fue que estos documentos coloniales fueron declarados “auténticos” por los funcionarios agrarios en 1952 (AGA. Reconocimiento y Titulación, grupo documental 276.1, expediente 2623 legajo 5, foja 7).

Aun cuando el reclamo territorial no comprende todas las referencias espaciales citadas, sí argumentan su reivindicación respecto al predio llamado Llano de Pejo,⁶ que forma parte del territorio en disputa y de su historia de agravios. Estos documentos coloniales son documentos vivos que guardan la memoria de su territorio, a los que los comuneros aluden para sustentar la legitimidad de dicha propiedad.

El relato del maestro Juan Morisco refiere a lo que la gente mayor ha transmitido por generaciones, en cuanto a su antiguo territorio y al origen del conflicto territorial, como parte de su historia oral:

En la memoria comunal está presente su antiguo territorio, reconocido por las autoridades novohispanas, y cómo durante la Colonia dieron permiso a un grupo de españoles para asentarse en tierras que ahora forman parte del viejo pueblo de Tangancícuaro. Lo anterior marca el inicio de los subsecuentes procesos de pérdida de sus tierras, de los conflictos que van a formar parte de su historia de agravios, en particular, respecto a la disputa por el predio denominado Llano de Pejo, durante las primeras décadas del siglo XX, ante las nacientes dependencias agrarias. Es una historia tejida por el territorio y las relaciones interétnicas, entre p’urhépechas y los denominados turïs [mestizos], en un contexto de relaciones de poder asimétricas; a la que aluden para potenciar sus horizontes de futuro. Como sostiene Vázquez:

En efecto, es posible observar cómo se construye y refiere a una memoria de los espacios y los territorios ahora perdidos y evocados, una historia oral que explica el origen del conflicto, que “teje, a la vez, una memoria íntima y una memoria compartida entre próximos” (Ricoeur, 2004, p.194) que se transforma gradualmente en memoria comunal.

Sobre este proceso de agravios trata el siguiente apartado. Revisamos el archivo agrario, como memoria documental, que comprende las acciones y argumentos de los funcionarios agrarios y judiciales, pero también, de manera importante, recuperamos los relatos de los comuneros frente a los hechos de omisión y violencia institucional, así como la represión que sufrieron, ejercida por distintos actores.

Memorias de agravios

Las tierras reconocidas como pueblo congregado a San Pedro Ocumicho fueron resguardadas casi hasta fines del siglo XIX. No obstante, en los primeros años del siglo XX una parte del territorio denominado Llano de Pejo se encontraba en controversia con los mestizos de Tangancícuaro. Las autoridades de Ocumicho gestionaron la restitución de sus tierras el 12 de septiembre de 1917, aprovechando la reciente aprobación del artículo 27 constitucional en ese año. Empero, su solicitud fue publicada hasta doce años después, el 12 de diciembre de 1929 (AGA, Comunidad de San Pedro, Municipio de Charapan. Restitución de tierras y trabajos técnicos informativos. Grupo documental 24, exp. 9858, leg. 1, fs.128).

Desafortunadamente, este expediente no tuvo ningún registro procesal en los siguientes años (AGA, Procuración, quejas e investigación agraria 45.5, expediente 263, paquete 27908, Legajo 1, foja 064). Esta omisión por parte de los funcionarios agrarios representó dejar en incertidumbre jurídica el reclamo de la comunidad y generó las condiciones para los actos de despojo y los hechos de violencia que vivieron posteriormente.

En 1923, el entonces presidente municipal de Tangancícuaro rinde un informe a la Comisión Local Agraria, en el que señala que los comuneros de Ocumicho arrendaron esas tierras, sin su aprobación:

Años más tarde, el 30 de abril de 1932, en una visita del gobernador de Michoacán, el general Lázaro Cárdenas del Río (1928-1934), a la vecina comunidad de Etucuaro, los comuneros de Ocumicho aprovecharon la ocasión para solicitarle directamente la restitución del predio Llano de Pejo.

Una vez en posesión de dicho predio, los miembros de Ocumicho empezaron a cultivarlas y construyeron una colonia que llamaron “General Félix Ireta”, en la que vivían alrededor de 40 familias. Por su parte, la estrategia de los mestizos de Tangancícuaro consistió en “ceder” dichas tierras, de las que se decían dueños, al Departamento Agrario y luego solicitarlas vía tercera ampliación del ejido de Tangancícuaro; para ello presentaron “Títulos de propiedad que datan de los años de 1899 a 1919, sin estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y sin haber demostrado encontrarse en posesión material de las tierras” (AGA, Procuración, quejas e investigación agraria 45.5, expediente 263, paquete 27908, Legajo 1, foja 0079).

El 22 de abril de 1948 las autoridades de Ocumicho promovieron ante las dependencias agrarias el procedimiento “Conflictos de Limites y Titulación de terrenos comunales” (Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán, Tomo LXXVII, 24 de noviembre de 1955, Núm. 43.). La Resolución Presidencial emitida el 22 de junio de 1955 excluyó el predio Llano de Pejo, y al respecto determinó que: “las 342-44 Hs […] en litigio con los pequeños propietarios […] debe resolverse por la vía restitutoria” (Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán, Tomo LXXVII, 24 de noviembre de 1955, Núm. 43). Los comuneros no aceptaron los términos de la Resolución Presidencial y no permitieron su ejecución. Por el contrario, interpusieron un recurso de inconformidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia que resolvió el 25 de enero de 1966 que su recurso era: “improcedente y que ‘Llanos de Pejo’ debía ser incluida en la Confirmación y no dejarla para el otro procedimiento agrario de Restitución” (AGA. Serie documental Comunal 276.1, expediente 461, paquete 15294, Legajo 4, foja 005).

Con ello dejaron en un estado de indefensión legal a los comuneros. Las instancias gubernamentales a las que correspondía conocer y resolver su petición no lo hicieron ni en tiempo y forma; en contraste, se deslindaron mutuamente de la facultad de su atención, construyendo un escenario que facilitaría el despojo.

Los mestizos de Tangancícuaro habían solicitado formalmente la tercera ampliación del ejido el 29 de junio de 1951:

La superficie en disputa que en un inicio comprendía 342 hectáreas, ahora abarcaba 477 hectáreas. El conflicto se complejizó, ya no era entre una comunidad y autodenominados pequeños propietarios, sino entre una comunidad y un ejido. Esta estrategia legal no se explica sin la participación de funcionarios agrarios. La Resolución Presidencial de la ampliación a favor del ejido de Tangancícuaro se emitió el 4 de febrero de 1965, a pesar de los recursos de inconformidad interpuestos por Ocumicho, como el presentado ante la SCJN que aún se encontraba en proceso.

De esta forma, se legalizó el despojo y se procedió a la violencia, tal como es relatado en el siguiente testimonio contenido en el informe que rinden las autoridades comunales a las instancias agrarias:

Así como lo hicieron en 1932 las autoridades comunales, el 19 de septiembre de 1966 invocaron una vez más la intervención del general Cárdenas, ahora en su carácter de vocal ejecutivo de la Cuenca del Río Balsas (1962-1970):

Con este hecho de violencia inicia otra serie de agresiones contra los comuneros que han intentado en varias ocasiones recuperar el denominado predio Llano de Pejo. Los ahora ejidatarios siguen ampliando su posesión sobre las tierras comunales. La memoria documental muestra cómo los comuneros recurrieron una y otra vez a las dependencias agrarias a solicitar su intervención ante estos actos que atentan contra su territorio y para evitar posibles enfrentamientos, como el oficio enviado por la representación comunal el 24 de julio de 1967:

Otro acto de violencia, que forma parte de la memoria de agravios, fue el que tuvo lugar a mediados de la década de los ochenta. Un grupo de familias que vivía en lo que fue la escuela de la Colonia Félix Ireta fue desalojado por la fuerza. Los comuneros Alberto y Rosalía, bastante conmovidos, comparten su testimonio:

El relato de la memoria de agravios no es una mera narración de hechos; es la reconstrucción de sucesos que marcan la historia personal, familiar y comunal. Expresa no solo la pérdida de un territorio colectivo, sino también la pérdida de comuneros, de miembros de una familia que ya no volvió a ser la misma; su historia, así como la historia comunal, quedó marcada por la violencia ejercida por los turïs invasores de Tangancícuaro, en complicidad con los cuerpos de seguridad gubernamental. El gobierno no respondió al reclamo de justicia, fue omisa frente a la demanda de restitución, indiferente al dolor de la comunidad y responsable de la violencia que se ejerció en contra de sus miembros.

Además, estos testimonios dan cuenta de una dimensión afectiva del territorio, no se trata solo de una porción de espacio geográfico, sino de la construcción de una dimensión inmaterial, simbólica, cuando Nana Rosalía, bastante afectada por recordar, señala que, durante el plantón pudo “poner una cruz a los difuntos” y comparte su deseo de poder -rompe en llanto y comenta- “dar una vueltita a mi´ja, […] Esa es la historia, eso sirve mucho que lo esté grabando […] No hay mucha esperanza” (Nana Rosalía, 9 de agosto de 2009). Lo anterior muestra la dimensión afectiva del territorio, que es sumamente poderosa en la memoria familiar y comunal, como huellas presentes en la construcción del pasado y los significados del espacio en el presente, que dota de sentidos los procesos de defensa de los bienes comunes. Como bien afirma Maurice Halbwachs, “si la memoria de los sentimientos existe es porque no mueren enteros y que algo subsiste de nuestro pasado” (Halbwachs, 2004, p.46).

A fines de la década de los noventa del siglo pasado, los comuneros decidieron recuperar el predio, pero una vez más fueron desalojados por la fuerza: “A nosotros nos agarraron y ahí nos llevaron a Uruapan, nos metieron en un pinche pozo más hondo que el poste aquí abajo, ahí era un calabozo donde nos habían encerrado” (comuneros Alberto y Rosalía, 9 de agosto de 2009). Además, el entonces representante de bienes comunales, el señor Constantino, fue desaparecido por varios días; después apareció golpeado y desorientado. Desde entonces no ha recuperado su vida cotidiana, tiene episodios de pérdida de memoria que le impiden regresar a sus labores del campo.

Este último suceso es el que relata Tata Rosalío en su pirekua. Hubo un nuevo intento comunal por tomar posesión del Llano de Epejo, a principios del presente siglo, durante la administración del nieto del general Cárdenas, Lázaro Cárdenas Batel (2002-2008). Los comuneros hicieron un plantón en la entrada del predio, pero nuevamente sufrieron el desalojo. La Resolución Presidencial no ha sido ejecutada en virtud de que los comuneros no están de acuerdo con la exclusión del predio. Actualmente, el conflicto agrario se encuentra en algún cajón del Tribunal Unitario Agrario. Por lo pronto, los turïs de Tangancícuaro tienen la posesión, cultivan productos de exportación, tienen tres pozos de riego y gracias a la fertilidad de las tierras pueden obtener tres cosechas al año.

Memoria de futuros. Momento político comunitario

El despojo territorial no ha terminado. Agroempresarios de papa y aguacate se han ido posesionando de grandes extensiones de tierra, tienen bajo su control la mitad de las tierras de cultivo de la comunidad. Ocumicho cuenta con alrededor de 7 800 hectáreas, de las cuales cerca de dos mil corresponden a tierras de cultivo. Los paperos tienen alrededor de 400 hectáreas y poco más de 600 hectáreas están en manos de los aguacateros (Juan Morisco, 20 de mayo de 2021).

En particular, los aguacateros y paperos han recurrido a prestanombres para adquirir los predios, pero también al arrendamiento. Ambos tratos son ilegales en virtud de que Ocumicho es una comunidad de hecho, por lo que la legislación no contempla esas transacciones; la propiedad y posesión corresponde a la comunidad, es decir, al colectivo, no a los comuneros en lo individual.

Los empresarios también usan la fuerza, a través de actores armados, en connivencia con economías ilegales, talando el bosque y destruyendo zonas donde se encuentran algunas yácatas, lo cual ha sido un agravio intolerable para muchos comuneros, pues es la memoria de sus antepasados, fueron sus lugares sagrados. No existe un registro exacto, pero a decir de los comuneros hay un número importante de estos vestigios y piezas arqueológicas, muchas de ellas han sido resguardadas por los comuneros, pero también muchas otras han sido saqueadas: “como le comento, a él [empresario] solamente le interesa pues lo arqueológico. Allá arriba había una yácata donde siembran papa […] pues lo derrumbó, no sé qué tantas cosas encontraron, me cuentan que sí han encontrado muchos tesoros. Él a eso va […] creo que por eso se hizo millonario, por tantos saqueos que ha hecho también (Juan Paz, 20 de mayo de 2021).

Ante este complejo panorama, grupos de comuneros empezaron a organizarse para retomar el control comunal. Como comunidad p’urhépecha con derechos indígenas reconocidos por una legislación internacional y nacional, exigieron su derecho a administrar la parte proporcional del presupuesto municipal, conforme al número de habitantes, que se denomina “presupuesto directo”, como expresión de su derecho a la autonomía y libre determinación.

El momento político comunitario, frente a estas adversidades, ha sido la resistencia social, como afirma uno de los comuneros (Esteban Cruz, comunero, 26 de julio de 2021), que consistió en: 1) la reconfiguración de sus instituciones de gobierno; 2) la no participación en el proceso electoral estatal y municipal, en junio de 2021; 3) acciones de recuperación del territorio en manos de las agroempresas que comprenden las zonas arqueológicas; 4) la gestión para el ejercicio de su derecho a administrar el presupuesto directo, y 5) la creación de una ronda comunal. Este momento político comunitario surge, como sostiene David Benítez:

A través de una consulta, la asamblea comunal determinó su aprobación al presupuesto directo, en junio de 2021. Ha sido un proceso con muchos retos en el camino: 1) amenazas por parte de aguacateros, de actores del gobierno municipal y de militantes de partidos; 2) reticencia por parte del ayuntamiento para entregar los recursos municipales; 3) conflictos intracomunales respecto a administrar el presupuesto directo; 4) la desaparición del presidente del Concejo comunal. Afortunadamente, en este último caso, gracias a la movilización y presión social se logró localizarlo con vida, al día siguiente. Después de un año de innumerables trámites empezaron a recibir los recursos, en octubre de 2022.

Consideraciones finales

La comunidad se encuentra en un proceso de revitalización y de búsqueda de cohesión comunal, en un escenario contencioso. En todo este camino azaroso la memoria comunal de defensa del territorio y de agravios ha estado presente como un dispositivo que nutre de sentido la actual lucha. El territorio se ha constituido en un campo de disputa entre distintos actores, en relaciones de poder asimétricas.

La construcción social del territorio es el anclaje espacial de su identidad, se han constituido mutuamente. En estos procesos también ha sido de especial importancia el papel de las relaciones interétnicas; los turïs, mestizos, han sido “el otro”, les han quitado sus tierras, pero también son con quienes algunos comuneros negocian. Estos hechos muestran que la comunidad no es homogénea, ni libre de conflictos. Ni que el pasado es resignificado de la misma manera por todos.

Antes de empezar a cantar Tata Rosalío, durante el primer aniversario de lucha en junio de 2021, dijo unas palabras en p’urhépecha que condensan parte de esta memoria colectiva de: despojo, agravios, abandono institucional, racismo y de las contradicciones internas, así como de la dimensión simbólica del territorio y del Llano de Pejo, como un lugar de memoria y como parte del cuerpoterritorio comunal:

Con todas sus contradicciones, Ocumicho se ha propuesto un proyecto de comunidad que se sustenta del binomio territorio e identidad, en el que la memoria colectiva le da sentido como una utopía posible. Un grupo de comuneros se propusieron acciones que llamaron de resistencia social, tendientes a cohesionar a la comunidad. Algunos de ellos han presentado propuestas de cómo rescatar y preservar las zonas arqueológicas, incluido un museo comunitario para resguardar las innumerables figurillas que han encontrado. En efecto, como sostiene Zamira Díaz:

En Ocumicho pervive una memoria territorial a través de las prácticas espaciales y una significación del espacio vinculado a un pasado prehispánico, que antecede al Estado-Nación, como una herramienta poderosa para la identidad colectiva, para el reclamo de su territorio y para la reproducción de prácticas rituales y el respeto a esos lugares considerados como sagrados, donde descansan sus ancestros.

Como afirma Vázquez: