La doble mirada de la migración en la frontera sur de México: asunto de seguridad nacional y palanca del desarrollo

Resumen

Migración, seguridad nacional y desarrollo son categorías que ocupan un lugar privilegiado en los debates nacionales e internacionales del siglo XXI. Este artículo, a partir de las experiencias en la frontera sur de México, intenta desmontar la lectura del "círculo virtuoso de prosperidad" derivado de la articulación de esta triada categorial, para visibilizar el carácter y la naturaleza de las oposiciones que privan entre ellas, corroborando que la migración internacional se convierte en una "amenaza" que justifica las recurrentes violaciones a los derechos humanos, confiriéndole un sentido de normalidad y, por ello, de impunidad.

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Introducción

Mientras los países de origen de los migrantes y los organismos financieros multilaterales comienzan a ver las remesas de la migración internacional como una posibilidad de financiar el desarrollo a través de proyectos de inversión productiva, el gobierno de Estados Unidos, sobre todo después del 11 de septiembre de 2001, mira con preocupación el incremento de los flujos migratorios. En su frontera sur, el gobierno de la Casa Blanca refuerza las medidas de seguridad, destinan un mayor presupuesto para incrementar el número de efectivos de la guardia nacional y de la patrulla fronteriza con tal de reforzar la vigilancia, al tiempo que autoriza la construcción de muros en los puntos de cruce más intensos. En la frontera sur de México se intensifican también las medidas de control para evitar el paso de migrantes centroamericanos: además de las medidas con-tenidas en el programa de fronteras inteligentes-smart borders-, el gobierno de Felipe Calderón anuncia el arribo de nuevas tropas del Ejército Mexicano y el gobierno de Chiapas crea la policía estatal fronteriza.

La migración es consecuencia de expectativas incumplidas de los gobiernos de los países de origen a su población. No obstante, el fenómeno de la migración va más allá del ámbito económico, que vendría a resolver en los países de llegada lo que se ha dado en llamar la inflación estructural al incorporar mano de obra barata, dócil e indocumentada para mantener bajos salarios. Es un tema complejo que incluye un componente sociológico y político que en el imaginario de la sociedad y gobierno de Estados Unidos tiene un profundo significado y genera reacciones de rechazo. En este artículo se analiza la doble lectura que en círculos oficiales y empresariales se ha dado al suceso migratorio internacional, al considerarlo como un problema de seguridad nacional¹ y, al mismo tiempo, elemento clave en el proceso de acumulación en la economía estadounidense, aunque en la práctica sólo se reconoce explícitamente que las remesas que envían los migrantes a sus familiares pueden constituirse en palanca de desarrollo en los lugares y regiones de origen. Esta doble mirada lleva a la reflexión sobre qué hacer con los migrantes, con sus aspiraciones, sus derechos humanos, que, pese a la opinión de la Corte Internacional de Derechos Humanos sobre la condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados, nadie respeta.²

Últimas noticias para reforzar la seguridad en la frontera sur de México

La primera visita de Felipe Calderón a Chiapas, como presidente de la República, el día 14 de diciembre de 2006, la hizo justo en el corazón de la frontera sur: Talismán. Ahí anunció un plan de seguridad fronteriza que implica la creación de unidades policíacas mixtas y la revisión del estatus migratorio de los habitantes de la zona (La Jornada, 15 de diciembre de 2006).³

En este contexto, Horacio Schroeder Bejarano, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de Chiapas hizo revelaciones importantes. Refirió que en los primeros días del mes de enero [2007] la Policía Fronteriza de Chiapas se incorporaría a las fuerzas federales para mejorar la seguridad en la frontera con Guatemala. Añadió que para este propósito 650 elementos fueron capacitados y adiestrados, y que el costo inicial en equipamiento había sido de 10 millones de pesos erogados por el gobierno de Chiapas (El Heraldo de Chiapas, 30 de diciembre de 2006).

Otro anuncio importante -refirió el funcionario- fue que por conducto de la Fiscalía General de Chiapas “hemos tenido acuerdos con las autoridades de Estados Unidos”, incluso -añadió Schroeder- hemos tenido invitación para tomar cursos; personal nuestro los ha tomado en Centroamérica, hay una base de datos e intercambio de información permanente. También indicó que el gobierno de Chiapas estaba a la espera de los recursos federales del Fondo de Seguridad (Foseg), que para el año 2006 fue de 121 millones de pesos para equipamiento y capacitación, que se sumarían a los recursos que el gobierno del estado destinará en el marco del programa normal cuyo monto para el 2007 sería de 900 millones de pesos (El Heraldo de Chiapas, 30 de diciembre de 2006). El gobierno de Guatemala reaccionó a la creación de la Policía Fronteriza de Chiapas y pidió una explicación a la secretaría de Relaciones Exteriores.⁴

Otro hecho, que aunque simbólico no deja de ser relevante, es la visita reciente del embajador Tony Garza a Chiapas, acompañado de Karen Huges, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos. Esta visita es importante en tres sentidos: 1) es la prime-ra vez que en más de una década un funcionario de alto nivel del gobierno de Estados Unidos visita Chiapas; 2) su presencia tiene un carácter oficial y más allá de una visita de cortesía se reúne con organizaciones indígenas;⁵ 3) la presencia de Tony Garza se sitúa en el marco de las nueva medidas de seguridad en la fronteras norte y sur de México, además que precede a la visita de George Bush a México y a Guatemala, como parte de una gira más amplia de éste último por Latinoamérica.

Aunque la filantropía marcó la tónica de nuestros distinguidos visitantes, queda claro que hay un énfasis sobre los asuntos de seguridad. Por una parte, Huges refirió que en los últimos años Estados Unidos ha generado una derrama económica importante en Chiapas. No reveló la cifra exacta pero afirmó que sólo para las mujeres han traído medio millón de dólares para generar pequeños negocios. En este tenor la funcionaria agregó: “me ha tocado el corazón su gente, Chiapas es maravillo-so, aquí he visto que Estados Unidos puede ser un buen socio para crear mejores oportunidades para la gente”. Por otra, Tony Garza enfatizó: “tenemos responsabilidades mutuas en términos de proteger nuestras fronteras, generar oportunidades en México para que la gente se quede aquí y pueda desarrollarse dentro de su mismo país” (véase El Heraldo de Chiapas, 15 de febrero de 2007). De acuerdo con el gobierno de Chiapas:

Tony Garza y Sabines Guerrero, gobernador de Chiapas, acordaron estrategias de trabajo que permitan impulsar el desarrollo social y económico de la entidad. El objetivo es promover la cooperación para garantizar a miles de familias chiapanecas planes y programas que les permitan vivir dignamente, en un ambiente de gobernabilidad y paz social que ofrezca alternativas de progreso económico (Gobierno de Chiapas, 2007).

Luego de la visita del embajador Garza, vendría la de Michael Chertoff, secretario de Seguridad Interior de Esta-dos Unidos. En su estancia en México, 15 y 16 de febrero, se reunió con empresarios de la American Chamber,⁶ a quienes les expresó que si el público estadounidense no percibe que la frontera con México es segura, “no va a aceptar el paquete de reforma migratoria”. En la visión del gobierno norteamericano, el tema de la seguridad está estrechamente vinculado con el fenómeno de la migración indocumentada, por lo que expresó:

Se cierra el círculo de visitantes distinguidos con la gira del presidente Bush por varios puntos de interés vital: destaca en primer lugar, lo que en los medios se ha dado en llamar la “gira del etanol”. Se trata de un acuerdo con el gobierno de Brasil para la producción y venta de etanol a Estados Unidos.⁷ Luego resaltan otros puntos importan-tes de la visita de Bush por Guatemala y México, en la que además del tema energético destaca el de la seguridad que por supuesto incluye el fenómeno migratorio. Algunos analistas políticos se preguntaban por qué el presidente de Estados Unidos visitó Guatemala y no El Salvador, una explicación plausible es que se trata de un país de gran importancia geoestratégica para la Casa Blanca debido a su condición de frontera con México.

El encuentro entre Bush y el presidente de Guatemala, Oscar Berger, no implicó la firma de acuerdos. Uno de los temas centrales fue, por supuesto, el migratorio. El presidente norteamericano refirió que la reforma migratoria no dependía de él, sino del Congreso de su país, y adelantó que espera que se produjera tal reforma en el mes de agosto,⁸ mientras tanto seguirían las deportaciones: “las deportaciones forman parte del cumplimiento de la ley que se aplica de manera justa y racional”. De manera contrastante, Gert Rosenthal, canciller guatemalteco, expresó: “se logró un entendimiento por parte de las autoridades estadounidenses de los problemas que nos aquejan” (véase Prensa Libre, 13 de marzo de 2007). El asunto de fondo, que preocupa a Bush, es el de la seguridad, por ello no es extraño el anuncio del plan contra el narcotráfico que incluirá Centroamérica y México mediante el cual se prepa-rará cuerpos especiales, capacitación en inteligencia y financiamiento.

Es importante recordar que en vísperas de la visita del presidente Bush a Guatemala, el Congreso guatemalteco aprobó un punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo exigir al gobierno de la Casa Blanca el “cese inmediato de la persecución y deportación de los migrantes guatemaltecos”. En 2006, fueron expulsados de Estados Unidos 18 mil guatemaltecos. Entre enero y julio de 2007, el número de guatemaltecos deportados fue de 11,458, a los que se suman 15,145 hondureños, 10,954 salvadoreños, 1,800 nicaragüenses y 80,000 mexicanos (Orozco, 2007).

La gira del presidente Bush terminó en México, en Mérida, Yucatán, una ciudad que durante tres días fue amurallada por efectivos de seguridad de México y Estados Unidos. En esta reunión los temas energético, migratorio y de seguridad ocuparon el mayor tiempo.

Por otra parte, durante los días 9 y 10 de abril de 2007, se llevó a cabo la Cumbre de mandatarios centroamericanos en la ciudad de Campeche, quienes se reunieron con Felipe Calderón, presidente de México, en lo que sería el relanzamiento del Plan Puebla-Panamá (PPP).⁹ Los temas prioritarios de la reunión fueron los energéticos y la seguridad fronteriza. Los dos puntos están asociados con la visita del presidente Bush a México y Guatemala, en el marco de una gira más amplia en la que uno de los logros más importantes fue la firma de un convenio de colaboración con el presidente Lula, en materia de bioenergéticos.

En la conferencia de prensa ofrecida por los mandatarios que asistieron a la reunión del PPP, se hicieron preguntas y se ofrecieron respuestas muy reveladoras de la doble mirada del fenómeno migratorio. En una parte de su intervención, el presidente Calderón se refirió al tema de la seguridad en los siguientes términos:

En reiteradas ocasiones, al término de la cumbre del PPP, los periodistas cuestionaron a los presidentes centroamericanos y de México en torno al tema de la seguridad. En particular, preguntaron sobre el destacamento de tropas del Ejército Mexicano en algunos puntos de la frontera sur. El presidente Calderón fue enfático al señalar que “es importante detener el flujo del tráfico ilegal de armas, de personas, o de drogas, [...] es importante atender la porosidad de la frontera que tenemos con Guatemala, fundamentalmente con Belice” (Presidencia de la República, 2007).

En suma, se trata, en palabras de Calderón de “abrir en la frontera sur la puerta del desarrollo, y no la puerta de la delincuencia”. Que, entre otras cosas, se traduce en evitar el cruce de migrantes endureciendo las políticas de control de las fronteras y, al mismo tiempo, fomentando la inversión, el turismo y el tránsito de mercancías mediante los acuerdos comerciales.

Como consecuencia de estas declaraciones, en días posteriores a la cumbre del PPP, gobiernos de los estados fronterizos y altos funcionarios del gobierno federal estuvieron haciendo afirmaciones sobre la seguridad fronteriza. Una de éstas, que vale la pena destacar, es la de Florencio Salazar, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, antes encargado de la operación del PPP, quien aseguró que los planes para disminuir la inseguridad en la franja sureña y atajar el paso de indocumentados no tienen como objetivo hacerle el trabajo sucio a Estados Unidos, sino salvaguardar la soberanía de México. A la pregunta de la periodista Fabiola Martínez, ¿vamos hacia una política migratoria de buen vecino o hacia una firme?, el funcionario respondió:

El foco rojo es el tema de la migración indocumentada y ahí están involucrados, ciertamente, lo mismo miembros de las diferentes corporaciones policiales del orden municipal, estatal y federal, pero también de manera significativa las propias bandas organizadas de polleros y de traficantes de armas y de droga.

La frontera sur es nuestro gran foco rojo, por eso estamos tra-bajando para hacerla segura y ordenada y que permita el acceso de todos aquellos que quieran venir como turistas, estudiantes, inversionistas. También que podamos contener a quienes pretenden usar nuestro territorio para llegar a Estados Unidos de manera ilegal y realizar actividades delictivas (Martínez, 2007, cursivas nuestras).

Seguridad nacional, política migratoria y derechos humanos de los migrantes

El gran invento del gobierno norteamericano antes y después del 11 de septiembre de 2001 fue que los migrantes son un problema de seguridad nacional. Esta falacia le ha permitido al gobierno de Washington la movilización de la guardia nacional, disponer de mayo-res recursos para la Patrulla Fronteriza y construir 1,300 kilómetros de un doble muro fronterizo para evitar que los migrantes mexicanos, centroamericanos y sudamericanos puedan llegar a Estados Unidos.¹⁰ El gobierno de la Casa Blanca ha hecho creer a los gobiernos de México y Centroamérica que los migrantes son un problema porque están ligados a las mafias que trafican con seres humanos y con drogas, con una posible conexión con grupos terroristas.

La posición del gobierno guatemalteco sobre este asunto, lo mismo que la de México, es contradictoria pues a pesar de recibir los impactos negativos de la política antiinmigrante de Estados Unidos, se une a sus iniciativas. Por ejemplo, las autoridades migratorias guatemaltecas informaron que desplegarán, en el área limítrofe con México, a agentes preparados en seguridad fronteriza y unidades de inspección de alta tecnología, donadas por Estados Unidos y capaces de descubrir pasajeros ocultos en camiones. Las embajadas acreditadas en el país prefirieron no dar aclaraciones al respecto (Prensa Libre, 30 de agosto de 2006). Por otra parte, Marta Altolaguirre, vicecanciller guatemalteca encargada de asuntos migratorios, confirmó que “todo el camino al norte se ha dificultado, por la presencia de autoridades estadounidenses y mexicanas y por grupos civiles que patrullan la frontera” (Prensa Libre, 30 de agosto de 2006).¹¹

México endurecerá el control migratorio y unió esfuerzos con Estados Unidos para evitar que cientos de indocumentados centroamericanos pasen por la frontera de Chiapas con Guatemala hacia el norte, mientras las redes de traficantes de humanos han trazado una nueva ruta para eludir la vigilancia, por el Naranjo, Petén (Prensa Libre, 30 de agosto de 2006).

Las preocupaciones de las autoridades guatemaltecas se confirmaron poco después: el encargado de la Seguridad Pública en Chiapas, Horacio Shroeder Bejarano, informó que la Policía Federal Preventiva (PFP) crearía 16 estaciones que permitirán vigilar y combatir la delincuencia organizada y estarán integradas por miembros de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Policía de Caminos y el Instituto Nacional de Migración (INM). Los lugares considerados son Suchiate, Tapachula, Comitán, Palenque, Cintalapa, Pijijiapan, Arriaga, Pichucalco y Tuxtla Gutiérrez (véase Cuarto Poder, 16 de febrero de 2007). El funcionario reveló también que está ingresando droga sintética proveniente de la India y China y que parte de la droga que cruza por México se queda en Chiapas.

El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova ha denunciado los operativos llevados a cabo por personal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Policía Federal Preventiva (PFP) e Instituto Nacional de Migración (INM). Un ejemplo de ello es la detención, con uso excesivo de fuerza, de 115 indocumentados de Guatemala, El Salvador y Honduras cerca del lugar conocido como “El Paraíso”. Fueron objeto de denuncia dos casos de mujeres que se cayeron del tren cuando éste aún estaba en movimiento; una resultó golpeada y la otra mutilada de un pie (véase Cuarto Poder, 16 de febrero de 2007).

En el marco de la Cumbre del Plan Puebla Panamá, celebrada los días 9 y 10 de abril de 2007, en la ciudad de Campeche, los gobiernos de México, El Salvador, Guatemala y Honduras acordaron trabajar en el tema de seguridad. Oscar Berger, presidente de Guatemala, señaló la necesidad de incorporar a Nicaragua y a Panamá en un programa de seguridad. En esta reunión, los mandatarios señalaron que hay actividades asociadas con el crimen organizado y con amenazas a la seguridad, misma que tiene un carácter transnacional. Un elemento interesante que agregaron a la preocupación por la seguridad fue la necesidad de incorporar la cooperación para el desarrollo económico y social.

La gran hipocresía del gobierno de Estados Unidos es que sabe que la mano de obra indocumentada es una pieza clave para el proceso de acumulación¹² y, sin embargo, emprende una campaña de persecución en contra de los migrantes, misma que se reconoce oficialmente:

En este sentido se puede ver que el tema de la migración está subordinado al de seguridad, para lo cual se em-prende una serie de acciones internas, en las fronteras y más allá. Así, para el gobierno de la Casa Blanca, migración y seguridad son temas vinculantes. El presidente Bush, en su discurso sobre el Estado de la Unión, del 23 de enero de 2007, señaló:

A pesar de la agresividad de la política del presidente Bush -que recuerda el Macartismo de los años cuarenta del siglo pasado, que a partir de la aprobación del Congreso de Estados Unidos (29 de junio de 1940) de la ley de registro de extranjero (Alien Registration Act), se obligó a todos los extranjeros mayores de 14 años, residentes en Estados Unidos, a llenar un formulario con todos sus datos personales-, el gobierno mexicano parece compartir la visión de Estados Unidos, pues aunque el tema migratorio forma parte de las prioridades, según Patricia Espinosa, canciller de México, no es el único: “no podemos darnos el lujo de concentrarnos en un solo tema [...], queremos más mundo en México y más México en el mundo” (EFE, 27 de febrero de 2007). Esto último tiene que ver con la nueva política exterior del gobierno de Calderón que se propone fomentar los intercambios estudiantiles y culturales, promover los productos mexicanos y de interesar a los empresarios mexicanos en otras áreas del mundo, como el continente asiático.

Es necesario aclarar a la canciller que el tema migratorio no es uno más, sino el de mayor relevancia desde el punto de vista humano y social; sin embargo, el interés del gobierno de Calderón es el de los temas de comercio y seguridad. Una muestra en este sentido es la visita realizada por la canciller a Estados Unidos, a fines de febrero de 2007, que estuvo marcada por estos temas al entrevistarse con personajes claves del gobierno estadounidense: Condoleezza Rice, el fiscal Alberto González, el secretario de Comercio Carlos Gutiérrez, el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, el di-rector de la Oficina Nacional de Política para Control de Drogas, John Walters, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, el senador republicano de Texas, John Cornyn, entre los más importantes.

El gobierno mexicano ha venido enfrentando serias tensiones para justificar una estrategia de gobernabilidad migratoria en su frontera sur, particularmente en lo que se refiere a la migración irregular de tránsito. Esta dificultad se manifiesta desde la segunda mitad de los años noventa, pero sobre todo después del 11s, momento en que se empieza a aplicar una política de reforzamiento del control migratorio en la frontera sur. La administración foxista se estrenó con el llamado Plan Sur orientado al fortalecimiento de la vigilancia y control de los flujos migratorios desde el Istmo de Te-huantepec hasta la frontera sur, incluidos los proyectos de documentación de migrantes, derechos humanos y modernización. Específicamente, su cometido, además de detener el tráfico de drogas, la trata de personas, el contrabando de armas y el tráfico de vehículos roba-dos, era el “fortalecimiento del control e inspección en diversas zonas fronterizas para aumentar el número de detenciones de migrantes no autorizados y controlar la trata y contrabando de personas” (OEA, 2003).¹⁴

Sin embargo, entre los pliegues de los discursos defensivos oficiales que negaban que con el Plan Sur México le iba a “hacer el trabajo sucio a Estados Unidos”, se configuraba una justificación “autónoma” que hoy es un fundamento básico que legitima la participación de las policías, las fuerzas armadas y organismos de inteligencia en el control y regulación de los flujos migratorios internacionales: los problemas de la frontera sur, entre ellos los flujos migratorios, son problemas de seguridad y de soberanía nacional.

En este nuevo marco, el 17 de mayo de 2005, el Instituto Nacional de Migración (INM) fue incorporado al Sistema de Seguridad Nacional, decisión que no sólo permite integrar las bases de datos y sistemas de información del INM a la Red Nacional de Información prevista en la Ley de Seguridad Nacional, sino convierte al INM en una institución con “facultad y responsabilidad de proteger y tutelar la seguridad nacional”.¹⁵ Como instancia de seguridad nacional le compete: “proporcionar la información que posea y apoyar al desarrollo de las actividades de inteligencia y contrainteligencia que las instancias integrantes del Consejo de Seguridad nacional realicen para investigar las [...] amenazas a la Seguridad Nacional: [...]” (Presidencia de la República, 18 de mayo de 2005).

En ese mismo año se anunció también una propuesta de política migratoria integral en la frontera sur de México, en la que fue visible el reconocimiento del problema de la migración irregular. Sin embargo, tanto en su dimensión estratégica como en sus objetivos, programas y proyectos, sólo se tendió al fortalecimiento del INM y su personal, mediante la dotación de una concientización práctica en materia de derechos humanos y procedimientos jurídicos y logísticos respecto a los migrantes irregulares, acciones que, aún cuando importantes, dejaron de lado cuestiones centrales como las precisiones estratégicas y prácticas entre el ámbito de la seguridad nacional y el de la migración irregular y el papel que en ambos debe desempeñar el INM (véase, INM, 2005: 14 y 15). Aún así, para las organizaciones de derechos humanos e incluso para la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) esta propuesta no había tenido ninguna traducción práctica, pues a principios de 2007, como ha sido documentado, los problemas de la migración irregular habían rebasado el precario marco de acción institucional.

Ello explica que el gobernó de Felipe Calderón se estrenara en la frontera sur, particularmente en la frontera con Guatemala, con una estrategia que, instrumentada desde el ángulo de la seguridad nacional, generó una conmoción nacional no sólo por la violencia ejercida en contra de los migrantes centroamericanos irregulares sino porque ésta tenía lugar en una coyuntura en la que se visibiliza las flagrantes violaciones de los derechos humanos de miles de mexicanos en la otra frontera, la del norte. Las comparaciones restaron legitimidad a los actos de gobierno en la frontera sur, éstos se pusieron en tela de juicio, al corroborarse lo dicho por organizaciones no gubernamentales: México “le está haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos” al convertir la frontera sur en “el primer retén”.

El impacto mediático y las respuestas críticas tanto de las organizaciones defensoras de los derechos huma-nos de los migrantes, como de la Cámara de Diputados, colocaron en una posición de suma fragilidad política a la actual administración. Se puso de manifiesto, que el rostro de la frontera sur de México también se está tejiendo con los mismos hilos de la violencia que los de la frontera norte, la frontera México-Estados Unidos.

Inevitablemente, el reforzamiento de las medidas se seguridad en la frontera sur de México se han traducido en violaciones a los derechos humanos. En 2006, en las denuncias de las organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos de los migrantes centroamericanos, se siguió insistiendo en que la intensificación de los aseguramientos no se correspondía con la infraestructura física y humana de la institución responsable. La habilitación de cárceles como estaciones migratorias, hacinamiento, trato cruel y degradante, falta de atención médica y omisión de aviso consular, han resultado prácticas violatorias de los derechos humanos. En el mismo tono, en octubre de 2006. la CNDH, informaba, en Ginebra, al Comité de Expertos de la Convención Internacional para la Protección de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares, de abusos y arbitrariedades cometidas o permitidas por las autoridades mexicanas en contra de los migrantes centroamericanos irregulares de tránsito en la frontera sur de México¹⁶ y en otras regiones del país, poniendo en tela de juicio el cumplimiento de los compromisos contraídos por el Estado mexicano como país miembro de dicha Convención. Frente al informe del gobierno de México, la CNDH registraba numerosos casos de abusos y arbitrariedades que se han cometido en el país en contra de los migrantes centroamericanos irregulares de tránsito.¹⁷

Estas criticas, que se vuelven a repetir en el presente año, fueron de alguna manera aceptadas por las propias autoridades mexicanas, las que prometieron, de inmediato su resolución. Sin embargo, los esfuerzos gubernamentales son del todo insuficientes, en tanto la garantía de una gobernabilidad migratoria democrática exige una política de Estado sostenida, en atención a los principios constitucionales y a los compromisos contraídos con la comunidad internacional. Dos ver-tientes de política migratoria parecen definir el futuro de los migrantes centroamericanos en la frontera sur. La primera, se refiere a un programa de reordenamiento de los trabajadores temporales procedentes de Guatemala, en cuyo marco el INM expedirá la Forma Migratoria de Trabajadores Fronterizos (FMTF), con la cual los trabajadores guatemaltecos podrán desempeñarse en diversos sectores productivos tanto en Chiapas como en Quintana Roo, Campeche y Tabasco; en el mismo tenor, se anuncia una nueva etapa del Programa de Regularización Migratoria y la ampliación de la Forma Migratoria para Visitantes Locales, que permitirá el acceso a 76 municipios fronterizos de Chiapas, Campeche y Tabasco, y que será entregada a los guatemaltecos que residan en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, El Petén, Quiché y Retalhuleu.

La segunda vertiente hace referencia al trabajo diplomático hemisférico y bilateral que el gobierno mexicano ha venido intensificando con los gobiernos de los países centroamericanos, en el que el tema migratorio es uno de los componentes, junto con el terrorismo y el narcotráfico, de una agenda compartida con el gobierno norteamericano, que ejerce el liderazgo del Área del Libre Comercio de las Américas. En este marco, si bien se refrendan los compromisos de erradicar los abusos contra los migrante, no existe por parte de los gobiernos la voluntad de irrumpir la peligrosa asociación entre problemas de inseguridad y crimen organizado y el crecimiento sostenidos de los flujos migratorios irregulares de tránsito.

Por su afectación directa a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos de tránsito, señalemos también que otra de las consecuencias del discurso antiinmigrante del gobierno mexicano y de Estados Unidos, es que éste se trasmina en los ámbitos locales, visible en la reacción de algunas comunidades rurales mexicanas que forman parte de la ruta migratoria de centroamericanos. Con una extraordinaria rapidez se viene observando cómo en la percepción e imaginario colectivo de la población local, ante el carácter inconexo de la información proporcionada por autoridades y me-dios sobre los problemas fronterizos, termina por culpar al extraño, al de afuera, al migrante irregular, a quien no sólo hay que denunciar, sino también arrebatarle sus pocas pertenencias y en casos extremos, pero bastante frecuente, violentar su cuerpo con golpes, que culmina incluso con la pérdida de la vida misma. En fechas recientes, en la Independencia, uno de los municipios de la región fronteriza, que hace límite con Guatemala, fue detenido un grupo de “polleros” y migrantes. La nota refiere: “Campesinos de la comunidad Zapata dejaron en libertad a once personas -cinco guías y seis indocumentados guatemaltecos-, que mantuvieron retenidos por más de doce horas, luego que pagaran una multa a la comunidad” (Cuarto Poder, 15 de abril de 2007). De manera extraoficial se supo que la multa fue de 500 mil pesos, producto de un acuerdo entre los representantes de al menos cinco comunidades quienes argumentaron que en los caminos de acceso a sus lugares de residencia hay un constante tráfico de indocumentados.

El ejemplo muestra la falta de solidaridad con los migrantes y llama la atención sobre todo porque no se trata de bandas de asaltantes que generalmente se dedican a extorsionar migrantes, sino de campesinos que se encuentran en una situación de pobreza extrema; muchos de ellos tienen familiares en otros estados de la República y en Estados Unidos. Las acciones emprendidas por los pobladores de estas comunidades encuentran su justificación en el calificativo de ilegal del migrante, un calificativo que también justifica los actos coordinados y normalizados de la violencia institucional hacia el migrante irregular de tránsito. Como bien señala el jurista Carbonell (2006: 10), “situar a las personas como ilegales por el único hecho de entrar en un territorio es algo que se debe contar entre las aberraciones más grandes que se hayan cometido en nombre del derecho...”

¿Es posible financiar el desarrollo con los dólares de la migración?

La gran contradicción es ver a la migración indocumentada como un peligro para la seguridad nacional y, al mismo tiempo, considerar los dólares de la migración como palan-ca del “desarrollo”. Los dólares, en este sentido, constituyen la cara buena del fenómeno migratorio, detrás de ésta se esconde todo un complejo de relaciones de solidaridad (redes sociales) y de explotación (capital-trabajo). Se trata, parafraseando a Marx, del “fetichismo del dólar”. El fetichismo del dólar, al igual que el “fetichismo de la mercancía”, encierra todo aquello que no es visible, el drama humano, que por cierto los estudios de la migración no han abordado de manera sistemática y profunda.

A primera vista, parece como si las mercancías fue-sen objetos evidentes y triviales. Pero, analizándolas, vemos que son objetos muy intrincados, llenos de sutilezas metafísicas y de resabios teológicos (Marx, 1974: 36). Para decirlo en palabras de la presidenta del Banco Salvadoreño, las remesas constituyen “la dimensión monetaria de la compleja red de enlaces entre diáspora de cada comunidad y su país de origen” (Brizuela de Ávila, 2006: 55). El fetichismo del dólar oculta una complicada red que hace posible que la “mercancía humana” recorra los circuitos del mercado laboral y que, finalmente, pueda darse un proceso de explotación mediante mecanismos diversos -entre otros el carácter no documentado y baja calificación- que permiten romper el círculo vicioso de la inflación estructural en los países de llegada.¹⁸

Hay muchos ejemplos sobre la enorme preocupación de los principales organismos financieros internacionales (FMI, BM, BID), acerca de cómo convertir los dólares de la migración en capital para el “desarrollo”. No obstante, al recuperar el ejemplo que tiene que ver con la región centroamericana y la frontera sur de México, se puede afirmar, en principio, que el vínculo migrantes-remesas y desarrollo es un mito creado por los organismos financieros internacionales, y recreado por los sectores financiero y empresarial de los países de origen. La afirmación anterior no significa negar el papel que tienen las remesas en los ámbitos de la macroeconomía de los países de origen, así como en la contención de problemas sociopolíticos. Se trata, en cambio, de poner en claro que las remesas no pue-den sustituir la inversión y las políticas públicas para impulsar el desarrollo económico y social de los países expulsores de migrantes.

La relativa reducción de la pobreza en los países de origen de los migrantes como consecuencia de entrada de remesas no conduce al desarrollo, en cambio genera un fenómeno de polarización social entre los que reciben y los que no reciben remesas. Diversas encuestas patrocinadas por los organismos financieros internacionales y por los propios bancos de los países de origen demuestran que las remesas en su mayor parte se orientan al consumo y una mínima proporción a la construcción de vivienda y la educación de los hijos que están pensando también emigrar a Estados Unidos. Así que, en el mejor de los casos, considerar el gasto en educación como una inversión en capital humano no es para beneficio del país de origen sino para el mercado laboral donde se insertarán.

En Centroamérica, hay dos casos que bien vale la pena citar. El primero de ellos es Honduras, que en los últimos años ha tenido un incremento sostenido en los flujos migratorios y que se traduce en aumento del monto de las remesas. “La relación remesas/PIB en el 2006 es superior al 21.4%, 11.5% y 5.3% que representaron en el PIB las exportaciones totales de bienes FOB, el valor agregado de la maquila y el turismo respectivamente, para ese mismo año” (Banco Central de Honduras, 2007).

El otro caso en el que la idea del vínculo migración-remesas con el desarrollo ha tenido una discusión muy interesante es El Salvador, país en el que en 2006 las remesas representaron 18% del PIB nominal, 94.4% de las exportaciones totales y 80% de la inversión extranjera directa.¹⁹ Dos datos adicionales revelan la importancia estratégica de las remesas en el ámbito de la micro y macro economía: los casi 3,316 millones de dólares de remesas familiares reportadas por el Banco Central de Reserva de El Salvador representaron 140% de los ingresos tributarios del gobierno Central y más del 275% del IVA recaudado en 2005.

Aunque estamos en la edad de oro de las remesas, conviene formular las siguientes preguntas: ¿qué significan las remesas en términos sociales, de qué son producto? Sin lugar a dudas, a diferencia de la ganancia del empresario, son producto del sufrimiento del migrante en el doble sentido del término: al cruzar las fronteras y de la explotación del empleador. ¿Las remesas son ilegales como lo es el migrante en la percepción de los países receptores? Las remesas al bancarizarse se purifican y adquieren un carácter legal, susceptible de convertirse en capital para la inversión. De manera que las remesas son el mito de Prometeo que abrirá nuevos tiempos para los pobres que se incorporarán a la civilización del consumo.

Las remesas no generan desarrollo, pero en cambio producen una peligrosa dependencia de la familia y del país con respecto a los dólares. El espejismo del dólar está cambiando rápidamente el paisaje en el campo de las regiones de origen: cambia la composición familiar, cambia la producción agrícola, cambia el patrón de consumo de productos y cambia el consumo cultural. En medio del espejismo se esconde el drama humano provocado por el desarraigo que algunos estudiosos de la migración llaman transnacionalismo, una desterritorialización que expresa en otro tiempo y en otro espacio la cultura del lugar de origen.²⁰

Mientras esto ocurre, en los países de origen, gobiernos y empresarios comienzan descubrir las bondades de la migración, una de ellas es el envío de remesas. Un ejemplo de esto es el foro “sector privado y migración” realizado en febrero de 2006 en El Salvador, para gene-rar iniciativas. Para estos sectores, la migración resulta ser la actividad más “rentable” pues en ausencia de inversión se obtienen ganancias que benefician a una larga cadena de intermediación. Sin embargo, lo que no reconocen los gobiernos es que la migración significa la pérdida de un enorme potencial de capital humano que podría transformar su propia realidad. Así, los migrantes son los nuevos héroes en la era de la globalización, que como los héroes de Zeus demuestran su valor y osadía no en Tebas y Troya pero sí frente a las férreas medidas de control migratorio impuestas por el gobierno de Estados Unidos y, ahora, en la frontera sur de México.²¹

¿Cómo no despertar la codicia del capital financiero por el manejo de las transferencias de remesas, de las que Nicaragua, El Salvador y Guatemala, los de mayor intensidad migratoria y cercanos a la frontera México-Guatemala, recibieron en el año 2006 un monto de 9,300 millones de dólares, a los que hay que sumar los 655 de Honduras y poco más de 800 millones de Chiapas? ¿Cómo no generar preocupación cuando las remesas están significando un porcentaje muy elevado del PIB de estos países, por ejemplo, para Honduras representó para el mismo año cerca de 25%?

Los dólares, aunque no abonan el desarrollo de los países de origen, contribuyen a generar procesos de distensión social en el campo y en las ciudades que de otra manera, frente a la falta de empleos, se estaría ante serios procesos de desestabilización e ingobernabilidad. Los dólares también contribuyen, como ha sido demostrado en diversos estudios, a la estabilidad monetaria -aunque en otros casos a la dolarización de las economías-, a equilibrar la balanza de pagos y a favorecer el sector terciario vía incremento del consumo. Aunque no es un hecho reconocido por las elites, en lo países desarrollados los migrantes contribuyen al proceso de acumulación en ciertos sectores de la economía: agricultura, construcción y servicios. No sería posible explicar el crecimiento de estas actividades sin la presencia de la mano de obra indocumentada.

Una de las grandes paradojas en la era de los tratados de “libre” comercio, en las que todo se liberaliza, menos la mano de obra, es que se planteen nuevos negocios a partir de los migrantes y sus remesas. En este sentido, es ilustrativo el señalamiento de Margarita Escobar, Viceministra de Relaciones Exteriores para los salvadoreños en el exterior:

Como sabemos, en la era de la globalización, las fronteras para el capital se diluyen y para el trabajo se construyen muros físicos y simbólicos. Sin embargo, al final, los trabajadores que logran pasar las barreras, encontrar un empleo y generar remesas, adquieren un nuevo estatus, el capital los reconoce como sujetos de crédito y los convierte en el nuevo emprendedor al que se le ofrecen nuevos productos, propios de la flexibilidad del capital financiero. Pero no sólo el migrante, también la familia de éste. En El Salvador, donde ya existe toda una cultura de la migración, los bancos ofrecen diversas opciones, por ejemplo, la presidenta del Banco Salvadoreño refiere:

La apuesta del capital financiero es que en el mediano plazo ocurra una bancarización del envío de remesas, lo que permitirá trasladar el costo del envío de remesas al receptor, a quien se le ofrecerá los productos antes referidos. En este proceso, Banorte, el único banco de capital mexicano, estudia la posibilidad de eliminar cobros en el envío de remesas. Este banco se ha posicionado en el mercado estadounidense con la compra de UniTeller, una empresa remesadora, y del banco texano InterNational Bank. Banorte se alista para “exportar” un producto mexicano para los migrantes en Estados Unidos: “ese producto lo queremos exportar y lo queremos empezar a vender en muestro banco de MacAllen. Estamos seguros que va a ser un hitazo, porque en Estados Unidos, para empezar, hay una barrera adicional que es que no existe un producto de débito como el que tenemos en México, el Banorte fácil” (González, 2007). La idea es que una vez que el migrante tenga la cuenta de Banorte en Estados Unidos, su familia pueda recibir su dinero en una cuenta de Banorte en México.

Por su parte, Banamex, filial del grupo Citigroup, considera que la población migrante en Estados Unidos representa una de las opciones de crecimiento. En sus estrategias está contemplado crear una red de sucursales Banamex en la costa este de Estados Unidos vinculada a la red en México. Enrique Zorrilla, director general de Banamex, refiere:

Como se puede apreciar, lo que podría verse como un buen gesto del capitalismo con rostro humano, se trata de transferir el costo a los receptores de remesas, pues como reconoce Brizuela de Ávila “los remitentes de remesas tienen una participación muy importante, puesto que al utilizar para sus envíos canales formales, a través de depósitos a cuentas de ahorro, obligan a sus familiares a bancarizarse” (2006: 56). En este proceso, los bancos de los países de origen de los migrantes están instalándose en Estados Unidos. En el caso de El Salvador, desde la dé-cada de los ochenta, comienzan a incursionar en Estados Unidos, los pioneros como Banco Agrícola (BA), Banco Salvadoreño, Banco de Comercio y Banco de Cuscatlán, los cuales se establecieron en California, Texas, Washington D.C. y Nueva York, respectivamente:

En 1986, el BA abrió sucursales en Los Ángeles y San Francisco para el envío de remesas familiares. En 2001, creó la empresa remesadora Banagrícola de El Salvador Inc. En Washington D.C., e inicia en 2002 la expansión de oficinas en New Jersey, Nevada, Texas, Maryland y Virginia (Magaña, 2006: 164).

En el caso de México, a pesar de tener una larga historia migratoria, los bancos no han tenido esa visión sino hasta fechas muy recientes, quizá porque consideraban que se trataba de un mercado con poco futuro, pero la realidad ha comenzado a demostrar que, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), la migración y las remesas han crecido de forma extraordinaria; recién comienzan a plantearse una estrategia de expansión a lo largo de la costa este de Estados Unidos.

Además de los bancos, existen otras empresas cuya dinámica de crecimiento ha dependido de los flujos migratorios. En este sentido, de nuevo El Salvador es líder en la región, por ejemplo TACA (Transportes aéreos del Continente Americano) se reconoce como una línea al servicio de los migrantes:

En México existen varias líneas aéreas que ofrecen vuelos a bajo costo a distintos puntos fronterizos, especialmente a Tijuana que es un espacio clave para los cruces de migrantes, lo mismo que vuelos a Estados Unidos.

La migración y las remesas están creando un nuevo modelo de dependencia en el que los países de origen son sometidos a las políticas de Estados Unidos. Como bien hemos ejemplificado, en el caso de México y Centroamérica, con un programa de seguridad fronteriza que es de interés del gobierno norteamericano pero que no tiene ningún beneficio para los países de origen.

Otra vertiente del nuevo modelo de dependencia se expresa en el ámbito económico, porque al exportar la mano de obra, los países de origen no atienden el problema del desempleo, pues la misma migración opera en contra de una política de creación de empleos, privilegiando políticas, como en el caso de la India, con un modelo de crecimiento sin empleos.

Además, la demanda de empleo en los países de recepción, en este caso Estados Unidos, depende del ciclo económico. Las variaciones de la actividad económica en los sectores económicos en los que se inserta el migrante provoca que las remesas se muevan hacia la baja o hacia la alza. La industria de la construcción es una de las actividades que mayor demanda tiene de migrantes, además de ser mejor remunerada; sin embargo, se encuentra sujeta a variaciones. De acuerdo con una encuesta reciente elaborada por el Banco de México (2007), el 18.6 por ciento de los encuestados manifestó estar trabajando en la construcción con un salario mensual de 2,301 dólares mensuales. Este salario es el segundo más alto, después del oficio de chofer cuya percepción mensual es de 2,958 dólares. De manera que, si como ha venido ocurriendo en los últimos meses de 2007, una caída en la actividad de la construcción tendría un impacto muy significativo en el envío de remesas.

La cuestión del ciclo económico ha sido poco traba-jada en relación con la remesas y sin embargo tiene que ver con los límites del mercado laboral estadounidense: ¿hasta donde el mercado laboral puede expandirse? La industria de la construcción en Estados Unidos ha tenido una caída en los últimos meses, lo cual se verá reflejado en una disminución del monto de las remesas del primer trimestre de 2007. Algunos estudios han demostrado que, por el contrario, las remesas suelen comportarse de manera distinta al ciclo económico del país receptor: por lo general aumentan cuando el país receptor sufre una desaceleración económica a raíz de una crisis financiera, una catástrofe natural o un conflicto político, ya que entonces los emigrantes envían más fondos para ayudar a sus familiares. En particular el Banco Central de Reserva de El Salvador, ha demostrado una “relación procíclica entre remesas de El Salvador y desempeño económico en Estados Unidos, y contracíclica con el ciclo económico de El Salvador” (Cartagena, 2006: 59).

Este es un punto muy importante que bien vale la pena reflexionar para tener escenarios de futuro y poder establecer las consecuencias de la fuerte dependencia de las remesas que hoy se observa en varios países centroamericanos. ¿Cuál sería el escenario con una baja tendencial de las remesas? Quizá el flujo de migrantes tendería a disminuir y en consecuencia se establecerían presiones a las economías y los gobiernos en los países de origen. Por otra parte, los migrantes de segunda o tercera generación tenderían a cambiar sus aspiraciones y a incorporarse de manera plena al ciclo de la economía estadounidense. De esto tienen plena conciencia algunos banqueros como el representante de Banorte, que refiere lo siguiente:

Por el momento, las remesas constituyen un potencial que el capital financiero no quiere desaprovechar. En el 2005, ascendieron a poco más de 232 mil millones de dólares, de los cuales 167 mil millones fueron enviados a los países en desarrollo. Tan sólo para tener una idea de las ganancias que representan para los bancos, tomemos el caso de México, que en 2006 obtuvo 23,054 millones de dólares: si consideramos que el 70.2% de los envíos de remesas se hace a través de la banca, con un costo promedio para el mismo año de 10.4 dólares por cada 300 dólares, la ganancia neta para el sector bancario sería de 561 millones de dólares. De allí la insistencia de bancarizar las remesas.

Reflexiones finales

La Frontera sur de México es hoy un corredor migratorio multinacional. El volumen de los flujos migratorios, mayoritariamente de los países de Centroamérica, ha crecido exponencialmente. En esta frontera, los riesgos y la vulnerabilidad de las personas migrantes han dejado de ser prácticas ocasionales e inconexas para convertirse en actos coordinados y normalizados. En un tiempo relativamente corto, el territorio fronterizo del sur del país registra formas complejas de organización y de alta profesionalidad de la delincuencia, con un modus operandi globalizador que la dota de capacidad para penetrar en los cuerpos policiales. Paradójicamente, a un acto de ley, como las medidas de contención y deportación de migrantes irregulares, le corresponde la conformación de sólidas bandas delictivas que se dedican a la movilización de personas y la configuración de una práctica y un imaginario en la población local que alimentados por el discurso de la inseguridad no sólo cancela toda posibilidad de solidaridad con el “extraño”, sino también termina legitimando los atropellos a los migrantes e incluso, a través de la indiferencia y la complicidad, termina haciéndose partícipes de una realidad social que nos cuestiona como personas.

En tanto que el destino final de los migrantes son los Estados Unidos, México y los países centroamericanos resultan territorios vitales en las estrategias de seguridad nacional de la Casa Blanca. El endurecimiento del control migratorio que entraña la agenda de seguridad, ahora hemisférica, tiene como una de sus consecuencias inevitables la violación sistemática de los derechos humanos de los migrantes irregulares de tránsito. Desde el marco de los principios de soberanía y de comunidad política nacional, el centro del problema es un acto de ley²² que discrepa con las normas internacionales que protegen a los migrantes, cualquiera que sea su condición.

Frente a este espectro negativo de la migración internacional, se ha estructurado un discurso que centrado en la “magia” de las remesas proyecta, en un futuro no lejano, la prosperidad tanto de los migrantes como de sus países de origen. Aunque es un hecho documentado que los dólares de la migración contribuyen a la balanza de pagos, a la estabilidad cambiaria y a disminuir la pobreza marginal, el desarrollo no puede estar vinculado a las remesas. La idea de vincular remesas con desarrollo es un tema introducido por los organismos financieros internacionales y aceptado por los sectores empresa-riales, quizá bajo la premisa neoliberal de que lo que es bueno para la empresa o para el banco es bueno para el migrante. A este respecto, resulta muy esclarecedora la opinión de un banquero: “...va a pasar mucho tiempo para que las remesas se empiecen a utilizar como inversión productiva, porque para eso el dinero tiene que empezar a sobrar como familia. Tienes que tener lo que son ingresos disponibles y para eso falta mucho tiempo” (González, 2007).

La concepción de desarrollo acuñado por los organismos internacionales y asociado a las remesas es bastante cuestionable. La globalización, en el campo de la migración internacional, ha generado una concepción que la dota de una capacidad intrínseca para generar un círculo virtuoso de prosperidad del que serán partícipes tanto los migrantes como los países de origen de éstos. El modelo económico neoliberal construye un juego perverso que articula tanto a países de recepción como a países de origen: los primeros demandan una fuerza laboral barata y dispuesta a los trabajos más despreciables; los países de origen, frente a la incapacidad estructural para garantizar los derechos básicos de su población, hoy venden juventud. Es un juego perverso porque en esta relación media la violación sistemática de los derechos humanos de quienes hacen posible la viabilidad de la sociedad global como tal.

Reconocer la naturaleza de estos hechos permite identificar también la naturaleza de sus desafíos. El primero es evitar que siga profundizándose esa peligrosa asociación entre problemas de inseguridad y crimen organizado y el crecimiento sostenido de los flujos migra-torios irregulares de tránsito cuya lógica no es otra que la sobrevivencia y la esperanza de un futuro menos adverso al que hoy viven en sus lugares de origen. El segundo, señalado por Bustamante (2001), y en íntima relación con el primero, es romper con el estado de inhabilitación jurídica al que está condenado el migrante irregular en el momento en que transita y reside en un país que no es el suyo, pues aún cuando el derecho internacional interviene en la defensa de los derechos humanos de un extranjero,²³ señala, éste ha resultado insuficiente. Un tercer desafío es el replanteamiento de la ruta seguida para acceder a un desarrollo que hoy resulta cada vez más inalcanzable, pues miles y miles de migrantes, dueños de brazos y manos, ven en la migración una vía dolorosa y razonable para alcanzar una vida mejor, aunque ello implique el sometimiento a condiciones de explotación, esclavitud y trato discriminatorio.

Sin dejar de reconocer los efectos positivos de la migración y las remesas en la distensión social y la disminución de la pobreza extrema, concluimos con una reflexión: es necesario tener claro que las remesas generan nuevas relaciones de dependencia de los países expulsores y conducen peligrosamente al manejo político de los migrantes. El ejemplo más reciente es El Salvador; basta recordar que en las elecciones presidenciales pasadas los partidarios del candidato de la derecha, Tony Saca, realizaron una campaña de miedo asegurando que si el candidato de izquierda ganaba, las buenas relaciones entre El Salvador y Washington llega-rían a su fin. En un escenario extremo podría pensarse que el deterioro de estas relaciones podría conducir a la deportación de los millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos de forma irregular. La sola idea de pensar que esto podría convertirse en una posibilidad generó un efecto electoral en la población que vive de las remesas hacia el candidato de la preferencia del gobierno de Washington.

Hemerográficas

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