La emergencia del conflicto religioso en el municipio de Las Margaritas, Chiapas: el caso del ejido Justo Sierra

Resumen

Desde principios de los años noventa, del pasado siglo, la prensa local y nacional reflejó la incipiente conflictividad que, por supuestos motivos religiosos, se producía en el municipio de Las Margaritas (Chiapas). En las siguientes líneas exploraremos el desarrollo de uno de estos conflictos considerados, de manera inicial, como religioso, para mostrar que la explicación ceñida a esta única vía de análisis conduce a una interpretación parcial, ajena a los elementos sociológicos que inciden en el surgimiento y desarrollo de los conflictos regionales.

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I

Desde principios de los años noventa, del pasado siglo, la prensa local y nacional reflejó la incipiente conflictividad que, por supuestos motivos religiosos, se producía en el municipio de Las Margaritas (Chiapas). Por una parte se encontraban los problemas motivados por la fricción e incluso expulsión de evangélicos de distintas localidades (Saltillo);² por otra, estaban los relacionados con el papel jugado por sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, algunos incluso tildados de guerrilleros antes de1994.³ A pesar de estas dos vertientes de conflictividad y de los tiempos previos al alzamiento neozapatista en que se producen, no será hasta después de 1994 cuando el municipio, que concentra la problemática religiosa regional,⁴ observará un notable incremento en el número de controversias, de carácter violento algunas, asumidas como religiosas.

En las siguientes líneas exploraremos el desarrollo de uno de estos conflictos considerados, de manera inicial, como religioso, para mostrar que la explicación ceñida a esta única vía de análisis conduce a una interpretación parcial, ajena a los elementos sociológicos que inciden en el surgimiento y desarrollo de los conflictos regionales.

La localidad de Justo Sierra se encuentra ubicada en la microrregión, desde la perspectiva de la Presidencia Municipal, conocida como “Tojolabal”,⁵ territorio que ha concentrado buena parte de los conflictos denominados religiosos de Las Margaritas. Desde Comitán, si seguimos la carretera que conduce hacia el municipio de Altamirano, se encuentra el desvío que nos lleva, después de un breve recorrido de terracería, al ejido en cuestión.

Su calidad de ejido, como ocurre con buena parte de las localidades vecinas, tiene su origen en la denuncia y posterior adjudicación de tierras que pertenecían a fin-cas hasta la aplicación de las leyes de reforma agraria en Chiapas, como ocurrió con buena parte de los territorios habitados por tojolabales a finales de los años treinta y cuarenta del siglo XX.

En la primera mitad del año 1936, 37 personas del poblado Los Ateos, que no sabían firmar, solicitan al gobernador del estado la dotación de ejidos por carecer de tierra propia. La obligación de vender su trabajo a bajo precio y el descuidar la educación de sus hijos, reiterada expresión en las solicitudes del agro chiapaneco de aquellos y posteriores años, les conduce a demandar las tierras de la finca San Francisco,⁶ propiedad de Agenor Culebro.⁷ De esta manera iniciaba un proceso largo y poco nítido, en muchas ocasiones, para hacerse de las tierras que hoy conforman el ejido en cuestión.⁸

II

Para el pastor Antonio Alfaro, Coordinador de Asuntos Religiosos en la administración municipal de Las Margaritas (2002-2004), los conflictos relacionados con la intolerancia religiosa en la región habitada por tojolabales se han debido, en su mayoría, a los acuerdos surgidos de las asambleas comunitarias, especialmente en los lugares donde la Central Independiente de Obre-ros Agrícolas y Campesinos (CIOAC-Histórica) ha tenido un peso relevante.⁹ Sin embargo, en los últimos meses la mediación de las autoridades estatales, del ayuntamiento y, especialmente, la marcha atrás en la confrontación con los evangélicos llevada a cabo por Luis Hernández, diputado y líder cioaquista, han evitado la proliferación delos llamados problemas religiosos. En buena medida se puede afirmar que se cambiaron votos por supuesta defensa de la tradición; hecho este último relacionado con la percepción que las organizaciones campesinas ligadas al Partido de la Revolución Democrática (PRD), y el mismo partido, gobernante en el último mandato municipal, han tenido del crecimiento evangélico como una posibilidad de asegurar votos hasta ahora inexistentes por los ataques que sufrieron en los últimos años los no católicos.

No es casual que con anterioridad a este periodo de cierta estabilidad o cese de conflictos apareciera una organización, la OPET, Organización de Pueblos Evangélicos Tojolabales, que agrupa a más de 20 Iglesias Renovadas Presbiterianas, una escisión en el presbiterianismo regional que se ha decantado por una pentecostalización de suscritos y, al mismo tiempo, ha centralizado la toma de decisiones hacia cada iglesia (pastor y consejo de ancianos);aunque el pastor Antonio Alfaro indica que su salida del Presbiterio Nacional respondió a la poca atención que recibían de los “mestizos”.¹⁰ Esta organización, en relación con otras de carácter estatal y nacional, se dio a la tarea de defender a los evangélicos de las agresiones que sufrieron, especialmente, en la década pasada.

El caso de Justo Sierra se enmarca, por lo tanto, en un proceso regional más amplio. A pesar de sus singularidades responde a una problemática extendida en ciertas localidades tojolabales y, a la vez, cuenta con diferencias respecto a los conflictos religiosos más conocidos en Chiapas, concretamente los vividos en los Altos de Chiapas, en el municipio de Chamula.

Después de las elecciones para gobernador del estado, celebradas en julio del año 2000, aparecen los primeros indicios de que la situación religiosa en Justo Sierra puede derivar en algún tipo de conflicto, aunque tanto los católicos como las familias adventistas y pentecostales del lugar lo nieguen. Sin embargo, estos últimos ya apuntaban el malestar existente entre los primeros por ser ellos votantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido que perdió las elecciones arriba mencionadas.¹¹ Estos atisbos de conflicto se incrementaron cuando las familias no católicas del lugar afirmaron que en una reunión celebrada el día 8 de octubre del año 2000 en su localidad, con la participación de los cargos públicos locales, militantes de la CIOAC-Histórica todos ellos, se intentó presionar a los priistas para que no brindaran apoyo a sus correligionarios de distinta religión a la tradicional, así como insinuaban posibles acciones contra los mismos después de la festividad de Todos los Santos.¹² Lo anterior se consideró, por los funcionarios dela Subsecretaría de Asuntos Religiosos, una señal de posible conflicto, por lo que se pidió al Procurador de Justicia las garantías correspondientes para las familias implicadas.¹³ La alta incidencia de conflictos religiosos desatada en la década de los noventa en el municipio de Las Margaritas motivó una reunión con las partes implicadas en la cabecera municipal. Con la asistencia de funcionarios públicos, representantes ejidales y de los no católicos, el 26 de octubre se confrontaron opiniones y denuncias, estas últimas negadas por los católicos en voz de las autoridades ejidales. Lo anterior motivó que la minuta de trabajo efectuada al finalizar la misma expresara que

Curiosamente, el mismo día en que se llevó a cabo la reunión anterior, el periódico Novedades de la Ciudad de México había publicado una nota en la que se mencionaba el posible conflicto en el ejido Justo Sierra, hecho que causó que el visitador adjunto de la Comisión Esta-tal de Derechos Humanos enviara un oficio al Secreta-rio de Gobierno y otro del Director de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado al Subsecretario de Asuntos Religiosos, ambos en la misma fecha, el 26 de octubre, y con la preocupación de que lo denunciado por los no católicos del lugar pudiera concretarse.¹⁵ El cambio de autoridades estatales, tras la toma de posesión del nuevo gobernador, Pablo Salazar Mendiguchía, así como las festividades navideñas, significaron un receso en la participación de las dependencias oficiales en el incipiente conflicto, sin embargo, a principios del año 2001 éste tomó nuevos bríos, especialmente porque un acta de acuerdo ejidal, donde los represen-tantes evangélicos estamparon su firma, señalaba que

La anuencia de los representantes evangélicos no era congruente con su actitud posterior, ya que un día después visitaron al delegado del gobierno en la región Fronteriza para indicarle que firmaron bajo amenaza. A partir de este momento, y durante el tiempo que durará el conflicto, los no católicos apelarán a sus derechos como ciudadanos mexicanos reconocidos en el artículo 24 constitucional y solicitarán al gobierno que cumpla sus obligaciones en la defensa de las libertades individuales,¹⁷ aspecto que ya era atendido a partir de entonces cuando el nuevo Subsecretario de Asun-tos Religiosos solicitaba la presencia de la Seguridad Pública estatal para desplegar las medidas precautorias y cautelares correspondientes;¹⁸ medidas que eran solicitadas también, unos días más tarde, por el delegado de gobierno regional.¹⁹

La situación de la región fronteriza requería una atención minuciosa por parte de los funcionarios públicos encargados del rubro religioso; por tal motivo a principios del mes de febrero el Subsecretario de Asuntos Religiosos se desplazó a la región para sostener reuniones con los involucrados y para atender los conflictos suscitados en Plan de Ayala, Justo Sierra, 20 de Noviembre, Nuevo México y San Carlos del Río.²⁰ Como declaración previa a las reuniones que sostendría en el municipio de Las Margaritas, un oficio dirigido a las autoridades de Justo Sierra sentaba la posición de la Subsecretaría:

Ante la inminente conclusión del plazo de un mes, establecido en el acuerdo de asamblea firmado el día 11 de enero, para que los evangélicos abandonaran la localidad, se produjo una reunión el día 8 de febrero en la Delegación de Gobierno Fronteriza, en la que participaron las autoridades ejidales y locales, miembros de la CIOAC que respaldaban a éstas, concreta-mente Luis Hernández Cruz y José Antonio Vázquez, así como representantes de los amenazados de expulsión, líderes de la Organización de Pueblos Evangélicos Tojolabales (OPET), Antonio Alfaro Aguilar, José Roque Hernández y José Guadalupe Méndez Pérez. En la misma los amenazados aceptaban ser reubicados en un anexo territorial del mismo ejido, aunque no aceptaron el lugar propuesto por las autoridades comunitarias, hecho que rompió la negociación y desplazó la fecha de expulsión al día 28 de febrero.²²

La negociación, como en buena parte de las que han acontecido en la región, no sólo ponía de relieve la imbricación de intereses políticos y religiosos, sino que es-taba marcada por las solicitudes de los negociadores en aspectos que trascendían el hecho que los sentaba a la mesa de debate. Es decir, tanto los católicos como los evangélicos ponían condiciones al gobierno para aceptar los acuerdos, los primeros al solicitar la creación de una preparatoria, la conversión de la telesecundaria en secundaria técnica, la construcción de viviendas y el sistema de agua potable; mientras que los segundos consideraban todas las necesidades de infraestructura en la nueva localidad,²³ así como el apoyo en proyectos productivos.²⁴ De tal manera que buena parte de los conflictos desatados en el municipio de Las Margaritas, pero no como singularidad local, posibilitan que la futura solución esté condicionada a negociaciones paralelas de infraestructura o servicios que no tienen nada que ver con el origen del conflicto. Forma velada de presentar las carencias estatales a la par que las dificultades de financiación locales.

Igualmente, la creación de un anexo ponía sobre el tapete de la discusión la incapacidad del Estado mexicano y de las autoridades chiapanecas para cumplir con su deber de ser garante de los derechos individuales de sus ciudadanos y recordaba, sin lugar a dudas, la política segregacionista que se llevó a cabo en Chiapas desde las primeras expulsiones de evangélicos en la región Altos en los años setenta del siglo pasado. La supuesta gobernabilidad y la ocultación del conflicto se anteponían al cumplimiento estricto de la ley, a la salvaguarda de la libertad de creencias en este caso.²⁵

Aunque esta vía de solución fue en un principio aceptada por los no católicos, fueron ellos quienes pusieron en entredicho la misma, puesto que en una carta fechada el 20 de febrero le indicaban al Subsecretario de Asuntos Religiosos que las familias involucradas acordaron

Los evangélicos se asumían, desde entonces, como los defensores de la legalidad vigente y cuestionaban la política llevada a cabo durante más de 30 años por las instituciones estatales para solventar la conflictividad religiosa, hecho que repercutiría finalmente en la solución del conflicto y en la actitud tomada a partir de entonces por el gobierno estatal.

Como se observó en párrafos anteriores, la inclusión del conflicto de Justo Sierra en la prensa nacional provocó la inmediata preocupación y respuesta por parte de los funcionarios públicos estatales. Una nota del caso aparecida en febrero también en el periódico Novedades, y remitida por el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos al Secretario de Gobierno movilizó de nuevo a las instancias públicas,²⁷ pero no sólo a ellas, como veremos más adelante. Un día después era informado el Subsecretario de Asuntos Religiosos y se le solicitaba la intensificación de su labor,²⁸ la cual iniciaba con la solicitud de medidas cautelares ante la posible expulsión de los evangélicos.²⁹ Las medidas llegaron tarde, al menos para evitar que el 23 de febrero varios amenazados de expulsión fueran agredidos físicamente, después de ser sacados violentamente de la casa en la que reunidos discutían su permanencia en la localidad.

Al siguiente día los agredidos, que habían abandonado la localidad por temor a que se incrementara la violencia, presentaron una denuncia ante el ministerio público correspondiente,³⁰ acusando a las autoridades del ejido, “pertenecientes al PRD y al grupo de Luis Hernández de la CIOAC”.³¹ Ese mismo día, el 24 de febrero, remitieron también un escrito dirigido al Delegado de Gobierno en la región y firmado por “Los Expulsados”; en el mismo pedían

...rescatar a nuestras familias que se quedaron en nuestra Comunidad. Detenidas por las Autoridades rurales del lugar y que no los dejan salir para venir a buscarnos pues ellas no saben en donde nos encontramos, tememos por su integridad física por lo que le solicitamos muy urgentemente buscar los medios posibles con el apoyo de la Seguridad Pública para rescatar a nuestras Familias toda vez que nos encontramos en la agencia del Ministerio Público de esta Ciudad de Comitán...³²

La tensión en la localidad no era nueva, como se ha podido comprobar en la narración de los hechos, pero el desencadenante de la misma, según sus autores, fue la publicación de la nota periodística en la que los evangélicos se negaban a abandonar su localidad para trasladarse a un anexo.³³ El delegado gubernamental en la región mantuvo ese mismo día reuniones con los implicados de ambas partes, concertando con los expulsa-dos que sus familias no saldrían de Justo Sierra, así como se intensificaría la seguridad pública y se les apoyaría con alimentación y vivienda mientras permanecieran desplazados,³⁴ en un principio en el barrio “El Cedro” de Comitán.³⁵

Por otra parte, los partidarios de las expulsiones, encabezados por los líderes de la CIOAC-Histórica, reunidos con un operador político del gobierno estatal se negaron a dialogar con algún funcionario que no fuera el Gobernador del Estado o el Secretario de Gobierno, al igual que condicionaban la solución del caso Justo Sierra a la problemática suscitada en la localidad 20 de Noviembre, también del municipio de Las Margaritas.³⁶ Antes de establecer cualquier tipo de negociación, las familias de los inicialmente golpeados pudieron salir del ejido Justo Sierra y sostuvieron una reunión con el gobernador el día 4 de marzo. Fecha anterior a su reubicación en las instalaciones del gimnasio municipal (Auditorio Municipal) de Las Margaritas. En total 26 familias, 25 evangélicas y una católica. Esta última temerosa de las posibles represalias por haber intentado mediar en el conflicto suscitado. Igualmente, una vez insta-lados en la cabecera municipal se les unieron 2 familias que ya habían abandonado la localidad desde hacía más de un año por los mismos motivos.³⁷

Uno de los aspectos a destacar, tras la reunión con el gobernador, es que sólo reconocieron al CEDECH (Comité Evangélico de Defensa Evangélica de Chiapas) como el único representante jurídico ante las instancias pertinentes,³⁸ aunque la OPET siguió siendo el cauce paralas negociaciones, como lo demuestra sus acercamientos con el Delegado de Gobierno en la región; funcionario que también mantuvo contactos con los miembros de la CIOAC [histórica] tras la reubicación de los desplazados. El resultado de dichos encuentros fue las solicitudes disímiles de las organizaciones. Mientras que para la evangélica la prioridad era preservar el estado de derecho y, por lo tanto, el retorno de las familias a su localidad de origen, los militantes de la CIOAC propusieron la creación de un anexo para acomodar a los no católicos o el posible regreso de 20 familias, sin importar su credo, aspecto que dejaba fuera a 5 familias consideradas como las “causantes [...] de la división política y religiosa de la comunidad”. Junto a ello se solicitaba al gobernador la introducción del agua entubada y su anuencia paraque funcionara una preparatoria en Justo Sierra.³⁹

Los desplazados no cejaron en su empeño de regresar a su localidad. El 13 de marzo enviaron cartas a diversas instancias estatales y federales. Al Subsecretario de Asuntos Religiosos le pidieron conformar una “Comisión Negociadora” para solventar el problema;⁴⁰ al Gobernador del Estado le solicitaban “Justicia, regreso y garantía contra cualquier amenaza”, además de negar una posible huelga de hambre, tal como había aparecido en la prensa local.⁴¹ Sin embargo, un comunicado que circulaba en las mismas fechas, a “los gobiernos federal y estatal. A la Procuraduría General de Justicia y la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos. A las organizaciones sociales no gubernamentales” señalaba lo contrario, puesto que se pedía

Lo anterior no sorprende puesto que tanto las amenazas de expulsión, como las expulsiones mismas, han sido en la región objeto de disputa en pos de espacios políticos y de representación. Por lo tanto ha sido muy común que los involucrados tuvieran que negar sus nexos con ciertas organizaciones o líderes que se asumían como sus asesores. Este es el caso de Luis Jiménez Aguilar, quien se atribuyó la representación de los expulsados dela localidad Plan de Ayala, del mismo municipio de Las Margaritas, y que hizo lo propio en el caso de Justo Sierra, puesto que el mismo 13 de marzo declaró, como asesor de los evangélicos expulsados, que se llevarían a cabo diversas movilizaciones el día 16 en Comitán y Las Margaritas para reclamar el encarcelamiento de los líderes de la CIOAC, Luis Hernández Cruz y Antonio Hernández Vázquez, la destitución del Delegado de Gobierno en la región, así como efectuar un público reconocimiento al que fuera gobernador, Roberto Albores Guillén, por aplicar el estado de derecho.⁴³

Este vaivén de siglas y nombres que aparecen en los casos de expulsión se confirmó cuando el día 21 de marzo miembros del CEDECH de Las Margaritas, Comitán e Independencia llevaron a cabo una marcha que recorrió las calles de la cabecera municipal de Las Margaritas, en la que con pancartas reclamaban el cumplimiento de los principios constitucionales y justicia contra los agresores causantes de la expulsión de las familias evangélicas.⁴⁴

Las autoridades estatales han sido conscientes de que el trasfondo, de buena parte de los conflictos religiosos desatados en la región, es de naturaleza política y las posibles soluciones se establecen a partir de esa certeza. En el caso que nos atañe el Delegado de Gobierno en la región, lo dejaba muy claro cuando el 26 de marzo se dirigió al Secretario de Gobierno para señalarle que lo adecuado era sentar a las partes en conflicto, donde se incluía a la OPET y la CIOAC [Histórica], para llegar a acuerdos. De la misma manera que aseguraba que

Es decir, el estado de derecho sólo era aplicable en caso de que los acuerdos paralegales fracasaran, al mismo tiempo que se temía una mayor participación política, puesto que desde un principio ésta fue clara por parte de los miembros de la CIOAC oficial o histórica, como así lo sabían los funcionarios públicos que conocían los acuerdos de dicha organización para evitar el retorno de ciertas familias evangélicas a Justo Sierra.⁴⁶

Mientras lo anterior ocurría, los evangélicos desplazados solicitaban apoyos diversos para continuar con sus actividades cotidianas. Uno de ellos se refería a la vigilancia del lugar donde se albergaban, por temor a ataques de los católicos de Justo Sierra,⁴⁷ mientras que otro se concretaba en el pago del transporte para los hijos que asistían a la escuela.⁴⁸

La primera reunión con miembros de la CIOAC His-tórica, tras el cúmulo de desencuentros surgidos a raíz del desplazamiento de las familias evangélicas, tuvo lu-gar el 6 de abril en las oficinas del Comisionado para la Reconciliación de Comunidades en Conflicto, ubicada en San Cristóbal de Las Casas. Las propuestas de la CIOAC admitían el retorno de los evangélicos, con posterior mesa negociadora que discutiera, en primer lugar, la creación de un anexo.⁴⁹ Uno de los compromisos que se acordaron fue continuar las reuniones, hecho que llevó a cabo el Subsecretario de Asuntos Religiosos el 27 de marzo, concretamente en la cabecera municipal de Las Margaritas y con miembros de la CIOAC Histórica. De la cual resultó un acuerdo para dialogar con autori-dades y ejidatarios de Justo Sierra.⁵⁰

La negociación, por lo tanto, privilegiaba la interlocución de los agresores por encima de las solicitudes de los agredidos. Hecho evidente si se toma en cuenta la carta que con papel membretado del CEDECH dirigen los representantes de los expulsados al Subsecretario de Asuntos Religiosos, con copia al Gobernador del Estado. En ella se podía leer lo siguiente:

Esta extensa cita pone de manifiesto hasta qué punto los evangélicos carecían de la interlocución que consideraban les correspondía como agraviados, así como una posible connivencia con los expulsadores por parte de autoridades estatales.⁵² Síntoma similar se produjo cuando acudieron en el mes de junio al visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para plantearle su situación.⁵³

La retahíla de acciones institucionales, solicitudes de los evangélicos o condiciones de los agresores tuvo un punto de inflexión con la detención, el 27 de junio de 2001, de tres personas de la localidad de Justo Sierra, las acusadas de ser los causantes de las agresiones. Se trataba de Guillermo Méndez Sántiz, Presidente de Comisariado Ejidal, Melquiades Hernández Méndez, Agente Municipal y Aureliano Sántiz Pérez, del Consejo de Vigilancia.⁵⁴ El encarcelamiento de los inculpa-dos provocó la movilización de funcionarios estatales en previsión de posibles represalias contra los evangélicos o alteraciones del orden público.⁵⁵

Las congratulaciones por el cumplimiento de la ley, manifestadas por el CEIECH (Consejo Estatal de Iglesias Evangélicas de Chiapas),⁵⁶ contrastaban con la urgencia de las reuniones planteadas por la CIOAC,⁵⁷ o con la carta que autoridades encargadas de Justo Sierra dirigieron al gobernador, en la que le reclamaban el apoyo que le brindaron en su campaña electoral y afirmaban que no dialogarían hasta que salieran los presos, así como, en un tono amenazador, decían que

Los evangélicos, por su parte, solicitaron su retorno también al gobernador. Con un tono más moderado, pero con similares condicionantes a los expuestos por los católicos de la localidad. Su primer reclamo fue el incumplimiento de una rápida solución a la que se había comprometido el gobernador cuando los visitó en Comitán tras ser expulsados. Su retorno debía incluir a todas las familias, ser indemnizadas con 20,000.00 pesos y contar con la certeza jurídica de sus tierras. Todo ello en un plazo menor a los 15 días. De no cumplirse lo expuesto amenazaron con

Un mes más tarde, a pesar de las amenazas vertidas, volvían a dirigirse al gobernador con un tono totalmente distinto, ahora más de súplica y de conformidad que de reto: “Vamos a dialogar en pocos minutos nuestro regreso y el apoyo para estar en el lugar más conveniente, que usted nos diga de su propia voz”.⁶⁰

El encarcelamiento de los implicados en las agresiones contra los evangélicos había acelerado el desenlace del conflicto, aunque no estaba claro el rumbo que tomaría, especialmente porque a finales de agosto los desplazados fueron visitados por funcionarios estatales que repitieron las posibilidades que ya sabían, y que había sido condición de los católicos desde un principio: el retorno de las familias, a excepción de cuatro, o la creación de un anexo. Ante la posibilidad del anexo, que ahora no deseaban, pero que veían como solución, propusieron la construcción de viviendas e infraestructura necesaria; indemnización de 30,000.00 pesos por abandono de enseres domésticos y la legalidad jurídica del nuevo centro de población.⁶¹ Mismas condiciones que en forma manuscrita manifestaron al Delegado de Gobierno en la región dos meses más tarde.⁶²

La situación, tal como estaba planteada, no parecía tener atisbos de solución, a no ser que el gobierno chiapaneco agilizara la construcción del anexo y lo dotara de los servicios necesarios para recibir a las familias que lo poblarían, sin embargo, a media-dos del mes de noviembre se lograba firmar el Convenio de Reconciliación.⁶³ Concretamente el día 16 en el municipio de Las Margaritas y con la presencia de representantes de diversas instancias gubernamentales, además de un representante de la CIOAC, se acordaba:

PRIMERO.- Las partes que firman el presente convenio, acuerdan de manera voluntaria y pacífica el retorno de las 25 familias que profesan la religión evangélica, siendo un total de 136 personas. SEGUNDO.- Las partes que firman el presente convenio resuelven convivir de manera armoniosa en la comunidad Justo Sierra sin agredirse, respetando la integridad física, moral y patrimonial; proponiendo las partes la recomposición de nuevas reglas de convivencia pacífica en el interior de la comunidad. TERCERO.- Las partes se comprometen ha (sic) respetar y reconocer lo dispuesto en los artículos 24 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantizan la libertad de creencias religiosas. CUARTO.- Las partes se comprometen a reconstruir sus relaciones internas con respecto a las diferencias que existieron, reintegrándose las 25 familias a la comunidad con los mismos derechos y obligaciones en que venían realizando hasta antes del 23 de febrero del dos mil uno. QUINTO.- Las partes acuerdan que todos los integrantes de la comunidad de Justo Sierra se comprometen recíprocamente a no provocarse moral y físicamente. SEXTO.- En el marco de la legalidad las partes se comprometen a respetar los usos y costumbres de la comunidad; comprometiéndose ha (sic) otorgar los apoyos necesarios para el desarrollo de estos. SÉPTIMO.- Las partes acuerdan que se debe crear una comisión de dependencias de gobierno y organizaciones que dará seguimiento al cumplimiento de los acuerdos aquí adoptados. OCTAVO.- Las partes manifiestan que en caso de incumplimiento de los presentes acuerdos, se someten a plantearlos en primera instancia a la comisión antes mencionada.⁶⁴

Transcurrido casi un año desde que acontecieron los hechos causantes del abandono del ejido Justo Sierra por parte de las familias no católicas, el acuerdo zanjaba, al menos momentáneamente la expulsión sufrida. Sólo restaba que las instituciones estatales asumieran la responsabilidad de apoyar con enseres y víveres a las familias desplazadas,⁶⁵ y, por supuesto, faltaba su retorno.

El día 24 de noviembre fueron liberadas las perso-nas inculpadas por las agresiones sufridas por los evangélicos a principios de año.⁶⁶ Ese mismo día retornaron los expulsados en dos microbuses que fueron acompañados por comisionados de diversas instituciones estatales, así como por el obispo Felipe Arizmendi y pasto-res evangélicos. Incluso en el acto estuvo presente el Gobernador del estado, Pablo Salazar, quien se encargó de llevar a las tres personas liberadas a su comunidad de origen. El retorno a la supuesta normalidad comunal se convirtió en un acto político con discursos de las partes involucradas y del gobernador,⁶⁷ prueba de ello es que los dirigentes de la CIOAC-Histórica fueron los que ofrecieron la comida en la casa ejidal.⁶⁸

El retorno se había producido, sin embargo, una tarjeta informativa fechada el 22 de noviembre, dos días antes de su arribo a Justo Sierra, sembraba la duda sobre la solución final al conflicto, y la manera en que se iba a resolver. En ella se anunció que las familias desplazadas permanecerían sólo 90 días en la localidad, puesto que aceptaron ser reubicadas en el anexo Quishte, “colindante con la comunidad González de León y en este lapso el INVI, se comprometió a construir 25 viviendas para igual número de familias y la SEPI, donará 64 hojas de lámina, una tonelada de maíz y una tonelada de frijol”.⁶⁹

El anexo no se construyó y en la actualidad no existen indicios, al menos en fechas recientes, de que el problema pueda avivarse.

Qué conclusión podemos obtener de esta descripción en los dos aspectos que arriba mencionamos como destacables del territorio descrito. En primer lugar la similitud con otros casos producidos en la misma región política Fronteriza, atravesados todos por una variedad de siglas políticas u organizaciones sociales o campesinas. Es decir, todos los llamados conflictos religiosos desatados en el municipio de Las Margaritas han mostrado que los involucrados, ya sean evangélicos expulsados o católicos expulsadores están ligados a algún tipo de organización política, social o de producción y que, en buena medida, estas filiaciones influyen, por no afirmar que determinan, la dirección que el conflicto adquiere. En muchos casos, aunque en el de Justo Sierra sólo aparece una familia, los expulsados no son sólo evangélicos, sino también católicos, lo cual remite a una aporía en el razonamiento mismo del carácter religioso del conflicto.

En este sentido, la realidad que ofrece el caso de Justo Sierra, ejemplo del municipio de Las Margaritas, contrasta, como segundo elemento a destacar, con lo acontecido en la región Altos de Chiapas. Ahí el modelo del tradicionalismo religioso, a pesar de sus nexos con los controles políticos y económicos municipales, se confronta a una disidencia que a través de la asunción del evangelismo cuestiona formas de ejercer el poder y gastos suntuarios realizados de manera obligatoria. El control político y económico, en buena medida soterrado bajo el tradicionalismo religioso, tiene en el evangelismo una contraparte única, cualquiera que sea la adscripción religiosa elegida.

En este sentido, la situación del municipio de Las Margaritas, y el caso de Justo Sierra ha querido ejemplificarlo, muestra cómo el problema no enfrenta a un modelo de sociedad definido, con críticas agrupadas solamente en el evangelismo, como sería el caso de Chamula en los Altos de Chiapas, sino que ofrece un abanico de actores y propuestas, variables dependiendo de la localidad. De tal suerte que, y con ello terminamos, las confrontaciones denominadas religiosas han parecido más enfrentamientos entre modelos disímiles de sociedad, concretamente de comunidad. Modelos que desde los credos religiosos, pasando por las corrientes internas del catolicismo, los partidos políticos, las organizaciones sociales y productivas o el EZLN, visible este último también en la región, han querido o siguen pretendiendo establecer su pauta de organización interna comunitaria como el único modelo existente, tomando

como soportes para ello elementos de la tradición, de las recientes propuestas políticas o religiosas. El conflicto religioso, en este sentido, no es el conflicto en sí, sino la cara más visible de los enfrentamientos que atraviesan esta región y, en particular, el municipio de Las Margaritas.

Abreviaturas

RAN Registro Agrario Nacional

SAR Subsecretaría de Asuntos Religiosos (Gobierno del Estado de Chiapas)