Documentar y erradicar la corrupción en México

Resumen

La corrupción y la impunidad en nuestro país vulneran la democracia y los derechos humanos, protegidos tanto por la Constitución como por el derecho internacional. Combatirlas es una responsabilidad compartida entre la ciudadanía, los administradores de justicia y las instituciones estatales, quienes están obligados a garantizar la transparencia. Bajo esta premisa, el libro colectivo El combate a la corrupción en México: Avances y Oportunidades reúne once artículos de especialistas que analizan este fenómeno desde una perspectiva de los derechos humanos. El prólogo corresponde a Roberto Moreno Herrera y la obra se divide grosso modo en dos partes: la primera se enfoca al derecho a la información ambiental, el acceso a la justicia para las mujeres y a la corrupción como obstáculo para el acceso a los derechos humanos; la segunda parte está dedicada a los temas de la participación ciudadana para combatir la corrupción.

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La corrupción y la impunidad en nuestro país vulneran la democracia y los derechos humanos, que protegen tanto la Constitución como el derecho internacional. Combatirlas es una responsabilidad compartida por la ciudadanía, los administradores de justicia y las instituciones estatales,quiene sestán obligados a garantizarla transparencia. Bajo esta premisa, el libro intitulado El combate a la corrupción en México: Avances y Oportunidades, reúne trabajos de once especialistas que analizan el fenómeno desde una perspectiva de los derechos humanos; además, cuenta con una extensiónde 244 páginas y está editado por el Sistema Estatal Anticorrupción Michoacán, SEA y Tirant lo Blanch Humanidades, lo que indica que estamos frente a una edición bastante cuidada. La obra se divide grosso modo en dos partes: la primerase enfoca al derecho y la información ambiental, al acceso a la justicia para las mujeres y a la corrupción como obstáculo para la obtención de los derechos humanos; la segunda parte está dedicada a los temas de la participación activa ciudadana para combatirla corrupción.

El tema de la corrupción en esta obra se suma a los debates y contribuciones realizadas por Salvador Cárdenas Gutiérrez y Christoph Rosenmüller, quienes sitúan los orígenes de esta problemática en la época colonial. Argumentan que el crecimiento de la burocracia en la Nueva España fomentóuna "cultura cortesana", la cual dio paso a prácticas de cohecho y fraude contra las arcas públicas. Pese a que las autoridades virreinales intentaron combatir estos abusos mediante leyes penales y "juicios de residencia", la práctica persistió. Desde entonces, juristas y moralistas han denunciadoun fenómeno que permanece intrínsecamente ligado a la administración de los bienes públicos; es descrita como una patología que hoy permea todos los ámbitos de la vida social. Existen numerosas obras de reciente aparición que abonan al tema, como la de Óscar Diego Bautista (2021), quien coordinóel libro colectivo Quinientos años de corrupción en México: ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo salimos de aquí?, el cual ofrece una visión integral de la corrupcióndes de la época colonial a nuestros días. Juan Antonio Cepeda autor del libro Gatopardismo mexicano: la infame historia de nuestra corrupción (2022), reconstruye el problema desde la Conquista a nuestros días.

Diversos académicos han documentado la historia de la corrupciónen México exponiendo casos escandalosos, y todos coinciden en ubicar el fenómeno desde la época colonial con el sistema de botín y la venta de cargos públicos, con la posrevolución y el surgimiento de instituciones baja el régimen del partido hegemónico, hasta el periodo actual de redes de impunidad y grandes escándalos financieros. En el 2025 apareció el libro coordinado por Elisa Speckman y Pablo Yanquelevich La corrupción en México. Tramas y temas en el siglo XX, editado por la UNAM y el Colegio de México, en donde se cataloga a este problema como un flagelo que nos ha acompañadoa lo largo de la historia y ha obstaculizado el desarrollo de nuestro país. Es cierto que la mejor forma de avanzar hacia la erradicación del fenómeno de la corrupción es conocerlo, documentarlo, rastrear sus raíces y entender a qué se debe su presencia a fin de encontrar soluciones para erradicarlo. En el mismo año, el libro de Juan José Sanabria Corrupción en México: aportes para su estudio, prevención y combate, contribuye al debate nacional al proponermecanismos de prevención y combate, comenzando por profesionalizar el servicio público para evitar la debilidad de las instituciones y la perdida de la confianza ciudadana.

El libro colectivo coordinado por Ana María Vargas Vélez, César Arturo Sereno Marín y Elizabeth Vázquez Bernal, que hoy merece nuestra atención, tiene como mérito diseccionar la anatomía de la crisis en México mediante casos emblemáticos como Odebrecht y la "Estafa Maestra". Asimismo, denuncia deficiencias estructurales locales como la opacidad en la información ambiental y la simulación en la asignación de plazas laborales en espacios del servicio público. El libro enfatiza cómo el concepto "simular" se ha arraigado en la cultura institucional para evadir la rendición de cuentas.

Dado que los autores provienen mayoritariamentedel ámbito jurídico y de las ciencias sociales, el fenómeno se analiza bajo la óptica de los derechos humanosconstitucionales y convencionales. El texto trasciende el diagnóstico y propone soluciones de fondo: más allá de la persecución penal, se plantean cambios estructurales y la implementaciónde una rendición vertical de cuentas (de las instituciones del Estado hacia la sociedad). En esta fórmula, el combate a la impunidady el fomento a la cultura de la legalidad se presentan como elementos sine qua non para lograr una transformación real.

En el artículo “Información ambiental, derecho a la verdad y corrupción”, Benjamín Revuelta Va- quero y Emilia GuillerminaBucio Piñón sostienen que la rendición de cuentas es el antídoto natural contra la corrupción. Para fortalecer la democracia, proponenun modelo basado en tres pilares: el derecho a la verdad, la transparencia ambiental y el diálogo social. Los autores destacan que México, como Estado parte del Acuerdo de Escazú, asume la definición establecida en su artículo primero: la información ambientalcomprendetodo registro -escrito, visual, sonoro o electrónico relativo al entorno, los recursos naturales y los riesgos que puedanafectar la salud pública.

Ante la crisis climática, la escasez de agua y la deforestación, el acceso a estos datos se vuelve crítico. La información no es solo un dato estadístico, sino un insumo fundamental para generar conciencia, fomentar la participación ciudadanay adoptar medidas de protección inteligentes. Bajo la premisa “piensa global, actúa local”, los autores subrayan que este flujo informativo debe ser veraz, oportuno y completo. En el contexto mexicano, esto exige una responsabilidad compartida entre los tres órdenes de gobierno, con un énfasis urgente en los ámbitos estatal y municipal, donde los resultados actuales aún son insuficientes.

Si la información ambiental difundida por los sujetos obligados fuese actualizada, pertinente y completa; si se presentara de forma clara y accesible, el Estado obtendría la legitimación necesaria para respaldar una toma de decisiones responsable. Cumplir con estos principios transformaría la relación entre gobierno y sociedad, otorgándole a la agenda pública la credibilidad que hoy le falta. Sin embargo, desde una perspectiva crítica, los autores denuncian que la realidad en México es opuesta: la información es escasa, fragmentada y obsoleta.

Una revisión al Sistema Nacional de InformaciónAmbiental y Recursos Naturales (SNIARN) revela datos con una antigüedadalarmante,ignorandopor completo la premisa de actualización. Esta deficiencia, tanto a nivel federal como estatal, violenta los principios de transparencia contenidos en el artículo 6º constitucional.En este sentido, la “verdad ambiental”es indispensable para ejercer plenamenteel derecho humanoa un medio ambientesano. Al no contar con datos confiables y vigentes, no solo se vulnera el derecho a la verdad -según los parámetros de la SCJN-, sino que se fomenta la corrupción. Esta última se manifiesta como el abuso del poder para anteponer intereses personalesal bienestarcolectivo. En última instancia, el incumplimientode los deberes públicos y el mal uso de los recursos dañanprofundamente a las instituciones, a la democracia y a la sociedad en su conjunto.

Como sustento adicional, es preciso referir que la Quinta Sesión de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Panamá, 2013) reconoció formalmente el impacto devastador de la corrupción en el entorno natural. Según la ONU, el manejo irregular de fondos para programas ambientales, la venta ilícita de permisos de explotación y el tráfico de especies son delitos de corrupción ambiental que exigen una respuesta colectiva urgente.

Es cierto que un ciudadano informado es la mejor defensa contra estos abusos: a mayor conocimiento público, menores son las oportunidades para la opacidad. Por ello, la clave para frenar este fenómeno radica en fortalecer el tejido social e institucional, donde el acceso a la información ambiental y el derecho a la verdad actúan como piezas fundamentales. En definitiva, la omisión o falsedad por parte de los titulares de las áreas ambientales no es un error administrativo menor; es un uso indebido de los recursos públicos. Como se enfatiza en la obra, la corrupción política es profundamentenociva porque representa una deslealtad inequívoca hacia el sistema democrático y, sobre todo, hacia el bienestar del pueblo.

En el capítulo “Corrupción: un obstáculo para el acceso a los derechos humanosde los grupos vulnerables”, Marcela Leticia López Serna y Rubén Díaz López advierten que el abuso del poder socava el cumplimientode los derechos civiles y políticos, tal como lo han evidenciado históricamente los regímenes totalitarios en Latinoamérica. Un aspecto disruptivo que señalan los autores es la corresponsabilidad ciudadana.La corrupciónse perpetúacuandola sociedad participa activamente de ella para obtener beneficios particulares o cuando, debido a la apatía, se asume que el fenómeno es imbatible. Aunque la agenda anticorrupciónes relativamente joven y se ha centrado en medidas punitivas, los autores subrayan que este fenómeno ocurre tanto por acción como por omisión. Su impacto, sin embargo, es diferenciado: la corrupción castiga con mayor dureza a los sectores más pobres. Un ejemplo claro es la vulneración de los derechos civiles y de familia; cuando los funcionarios exigen cobros indebidos no contemplados en la ley, excluyen automáticamentea quienes no tienen recursos para pagarlos, convirtiendo un derecho universal en un privilegio condicionado por la capacidad económica.

Bárbara Mancera Amezcua revela que el acceso de las mujeres a la justicia en la región occidente de México (Colima, Jalisco y Michoacán) enfrenta barreras estructurales profundas. No se trata solo de la falta de juezas -donde Michoacán, por ejemplo, presenta una disparidadnotable con solo tres mujeres por cada diez juzgados-, sino de la normalización de la violencia dentro de los propios tribunales. La autora advierte sobre un fenómenosociológico crítico: la masculinización de las mujeres en espacios de poder. Al emular prácticas misóginas para "encajar" o demostrarvalía, se perpetúala violencia de género desde el interior. Por ello, la rendición de cuentas no debe limitarse al contenido de las sentencias, sino a la creación de espacios judiciales seguros y al uso de datos desagregados (interseccionalidad) que visibilicen las estructuras patriarcales de la justicia local.

Por su parte, Rosmi Berenice Bonilla Ureña introduce el concepto "captura de puestos y decisiones" como una forma de corrupción que trasciende el simple soborno. Citando a Mauricio Merino, la autora señala que la opacidad no solo afecta al dinero, sino a la gestión de los recursos públicos, incluyendo la información y las plazas laborales. Un hallazgo preocupante es la simulación en los procesos de selección. La autora denunciaque, a menudo, se convoca al Comité de Participación Ciudadana(CPC) solo para legitimar designaciones que ya tienen "nombre y apellido". A esto se suma la influencia de los sindicatos como grupos de poder que se apropiande empleos públicos para fines ajenos al servicio civil, transformandoel puesto público en una moneda de cambio para lealtades personales.

Resulta novedoso el planteamientode que el combate a la corrupción se sostiene sobre la aplicación a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). Para Ricardo Alberto Ríos Zenteno el acceso a la información es un derecho humano"llave": sin él, no se pueden ejercer los demás. El Gobierno Abierto no solo implica publicar datos, sino garantizar que la ciudadanía pueda vigilar al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Como bien señala el autor, "lo que no se mide, no se mejora". Por ello, las métricas del CIDE y el INAI son vitales para transformarla participación ciudadanade una figura decorativa en un mecanismo real de control interno y rendición de cuentas.

María de los Ángeles Corte Ríos eleva la discusión hacia un enfoque internacional. Citando la Convención de la ONU y la Resolución 1/18 de la CIDH, define la corrupción como una "plaga insidiosa" que ataca directamente a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). Sostiene que la corrupcióntiene una doble dimensión: A) Como violación directa: cuando el acto de corrupciónimpide el acceso a un derecho (pedir un soborno para dar atención médica); B) Como afectación al goce: cuando el desvío de recursos públicos debilita el presupuestoestatal para educación, agua o salud.

Este fenómenoes especialmentecruel con los grupos históricamentediscriminados: personas en pobreza, pueblos indígenas, mujeres y la comunidad LGBTI. En estos casos, la corrupción escala de actos cotidianos a una "macro-corrupción" o captura del Estado, en dondelas instituciones se desvían de sus fines públicos para servir a intereses delictivos o privados.

En toda esta primeraparte de la obra colectiva el enfoque es el de los derechos humanos vulnerados como consecuencia de las malas prácticas. La segunda parte de la obra sostiene que el combate efectivo a la corrupciónno reside únicamenteen la institucionalización,sino en la fuerza de la acción ciudadana. El eje central de este esfuerzo es el Comité de Participación Ciudadana (CPC), un órgano constitucionalde cinco ciudadanosencargadode coordinaral Sistema Nacional Anticorrupción(SNA) y vincularlo con la academia, el sector empresarialy a la sociedad civil. Por esta razón, Emiliano Montes de Oca Téllez Rojo analiza el diseño del CPC y detecta tres debilidades que limitan su impacto: la falta de una definición jurídica clara, la ausencia de mecanismos de rendiciónde cuentas propios y la carencia de herramientaslegales para una intervencióndirecta. Ante esto, el autor proponereformas urgentes para dotar al Comité de facultades reales que tras- ciendan la simple consulta.

Nancy García Vázquez examina el modelo top-down (de arriba hacia abajo) del SNA a través de cuatro ejes: origen, estructura, mecanismos y resultados. Su análisis subraya que el éxito del Comité depende de su capacidad para consolidar políticas públicas que logren un control efectivo de la impunidaden conjunto con el gobierno.

Uno de los puntos más provocadores del libro lo aporta Humberto Urquiza Martínez, quien define la corrupcióncomo una patología social y un contrasistema que ha generado sus propios antivalores dentro de las instituciones. El autor lanza una advertencia severa: existe el riesgo de que la corrupción sea tan profundaque termine "absorbiendo" y cooptando al propio Sistema Anticorrupción. Para evitar esta derrota, Urquiza sostiene que la única alternativa es redimensionarla legitimidad ciudadana. No basta con crear oficinas anticorrupción;es necesario desinstalar la cultura de la "mercantilización de los servicios públicos" donde el interés privado ha desterrado al bien común.

En términosgenerales el libro nos hace reflexionar en torno a que la corrupciónes una fuerza desintegradora con consecuencias nefastas para el tejido social. La lucha contra este fenómeno requiere: perfiles éticos: ciudadanoscon probidad y reconocimientopúblico que puedan presionar a las instituciones desde la opinión pública. Vigilancia proactiva: Una sociedad que deje de ser "legitimadora" del contrasistema y se convierta en una barrera ética. Rendición de cuentas: entender que la transparenciaes un asunto público que debe armonizarla teoría administrativa con la expectativa real de la gente.

Katya Morales Prado, Víctor Villegas, Jorge Carbajal y Jocelyn Medina sitúan la participación ciudadana como un derecho fundamentalrespaldado por instrumentoscomo el Pacto de San Joséde Costa Rica y la Convención de Mérida. Su trabajo es una evaluación crítica de los años de imple- mentaciónde los Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción. Es cierto que, aunqueel diseño legal existe, el éxito depende de observar las áreas de oportunidaden el desempeño real de los actores, tanto dentro como fuera del sistema. La propuestaes un cambio de paradigma: la participación debe ser representativa, incluyente y efectiva. Solo así podrá funcionar como un contrapeso real ante la "corrupción estructural".

En términos generales, el libro colectivo El combate a la corrupción en México: Avances y Oportunidades, constituye una obra original para el caso de Michoacán, rigurosamente documentadacon bibliografía actualizada y, en gran medida, con la consulta del corpus legal nacional y del derecho Convencional. Como señala Roberto Moreno en el prólogo, la corrupcióntrasciende las fronteras del sector público, está presente en intercambios cotidianos del sector privado, el social y en los puntos de contacto entre todos estos, pero la conclusión unánimede los autores es contundente: solo la participación ciudadana genuina podrá desmontarlos obstáculos impuestos y combatir la corrupción institucionalizada.