Documentar y erradicar la corrupción en México

Resumen

La corrupción y la impunidad en nuestro país vulneran la democracia y los derechos humanos, protegidos tanto por la Constitución como por el derecho internacional. Combatirlas es una responsabilidad compartida entre la ciudadanía, los administradores de justicia y las instituciones estatales, quienes están obligados a garantizar la transparencia. Bajo esta premisa, el libro colectivo El combate a la corrupción en México: Avances y Oportunidades reúne once artículos de especialistas que analizan este fenómeno desde una perspectiva de los derechos humanos. El prólogo corresponde a Roberto Moreno Herrera y la obra se divide grosso modo en dos partes: la primera se enfoca al derecho a la información ambiental, el acceso a la justicia para las mujeres y a la corrupción como obstáculo para el acceso a los derechos humanos; la segunda parte está dedicada a los temas de la participación ciudadana para combatir la corrupción.

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Documentar y erradicar la corrupción en México

La corrupción y la impunidad en nuestro país vulneran la democracia y los derechos humanos, que protegen tanto la Constitución como el derecho internacional. Combatirlas es una responsabilidad compartida por la ciudadanía, los administradores de justicia y las instituciones estatales, quienes están obligados a garantizar la transparencia. Bajo esta premisa, el libro intitulado El combate a la corrupción en México: Avances y Oportunidades, reúne trabajos de once especialistas que analizan el fenómeno desde una perspectiva de los derechos humanos; además, cuenta con una extensión de 244 páginas y está editado por el Sistema Estatal Anticorrupción Michoacán, SEA y Tirant lo Blanch Humanidades, lo que indica que estamos frente a una edición bastante cuidada. La obra se divide grosso modo en dos partes: la primera se enfoca al derecho y la información ambiental, al acceso a la justicia para las mujeres y a la corrupción como obstáculo para la obtención de los derechos humanos; la segunda parte está dedicada a los temas de la participación activa ciudadana para combatir la corrupción.

El tema de la corrupción en esta obra se suma a los debates y contribuciones realizadas por Salvador Cárdenas Gutiérrez y Christoph Rosenmüller, quienes sitúan los orígenes de esta problemática en la época colonial. Argumentan que el crecimiento de la burocracia en la Nueva España fomentó una "cultura cortesana", la cual dio paso a prácticas de cohecho y fraude contra las arcas públicas. Pese a que las autoridades virreinales intentaron combatir estos abusos mediante leyes penales y "juicios de residencia", la práctica persistió.

Desde entonces, juristas y moralistas han denunciado un fenómeno que permanece intrínsecamente ligado a la administración de los bienes públicos; es descrita como una patología que hoy permea todos los ámbitos de la vida social. Existen numerosas obras de reciente aparición que abonan al tema, como la de Óscar Diego Bautista (2021), quien coordinó el libro colectivo Quinientos años de corrupción en México: ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo salimos de aquí?, el cual ofrece una visión integral de la corrupción desde la época colonial a nuestros días. Juan Antonio Cepeda autor del libro Gatopardismo mexicano: la infame historia de nuestra corrupción (2022), reconstruye el problema desde la Conquista a nuestros días.

Diversos académicos han documentado la historia de la corrupción en México exponiendo casos escandalosos, y todos coinciden en ubicar el fenómeno desde la época colonial con el sistema de botín y la venta de cargos públicos, con la posrevolución y el surgimiento de instituciones baja el régimen del partido hegemónico, hasta el periodo actual de redes de impunidad y grandes escándalos financieros. En el 2025 apareció el libro coordinado por Elisa Speckman y Pablo Yanquelevich La corrupción en México. Tramas y temas en el siglo XX, editado por la UNAM y el Colegio de México, en donde se cataloga a este problema como un flagelo que nos ha acompañado a lo largo de la historia y ha obstaculizado el desarrollo de nuestro país.

La mejor forma de avanzar hacia la erradicación del fenómeno de la corrupción es conocerlo, documentarlo, rastrear sus raíces y entender a qué se debe su presencia a fin de encontrar soluciones para erradicarlo. En el mismo año, el libro de Juan José Sanabria Corrupción en México: aportes para su estudio, prevención y combate, contribuye al debate nacional al proponer mecanismos de prevención y combate, comenzando por profesionalizar el servicio público para evitar la debilidad de las instituciones y la perdida de la confianza ciudadana.

El libro colectivo coordinado por Ana María Vargas Vélez, César Arturo Sereno Marín y Elizabeth Vázquez Bernal, que hoy merece nuestra atención, tiene como mérito diseccionar la anatomía de la crisis en México mediante casos emblemáticos como Odebrecht y la "Estafa Maestra". Asimismo, denuncia deficiencias estructurales locales como la opacidad en la información ambiental y la simulación en la asignación de plazas laborales en espacios del servicio público. El libro enfatiza cómo el concepto "simular" se ha arraigado en la cultura institucional para evadir la rendición de cuentas.

Dado que los autores provienen mayoritariamente del ámbito jurídico y de las ciencias sociales, el fenómeno se analiza bajo la óptica de los derechos humanos constitucionales y convencionales. El texto trasciende el diagnóstico y propone soluciones de fondo: más allá de la persecución penal, se plantean cambios estructurales y la implementación de una rendición vertical de cuentas (de las instituciones del Estado hacia la sociedad). En esta fórmula, el combate a la impunidad y el fomento a la cultura de la legalidad se presentan como elementos sine qua non para lograr una transformación real.

Ante la crisis climática, la escasez de agua y la deforestación, el acceso a estos datos se vuelve crítico. La información no es solo un dato estadístico, sino un insumo fundamental para generar conciencia, fomentar la participación ciudadana y adoptar medidas de protección inteligentes. Bajo la premisa “piensa global, actúa local”, los autores subrayan que este flujo informativo debe ser veraz, oportuno y completo. En el contexto mexicano, esto exige una responsabilidad compartida entre los tres órdenes de gobierno, con un énfasis urgente en los ámbitos estatal y municipal, donde los resultados actuales aún son insuficientes.

Si la información ambiental difundida por los sujetos obligados fuese actualizada, pertinente y completa; si se presentara de forma clara y accesible, el Estado obtendría la legitimación necesaria para respaldar una toma de decisiones responsable. Cumplir con estos principios transformaría la relación entre gobierno y sociedad, otorgándole a la agenda pública la credibilidad que hoy le falta. Sin embargo, desde una perspectiva crítica, los autores denuncian que la realidad en México es opuesta: la información es escasa, fragmentada y obsoleta.

Una revisión al Sistema Nacional de Información Ambiental y Recursos Naturales (SNIARN) revela datos con una antigüedad alarmante, ignorando por completo la premisa de actualización. Esta deficiencia, tanto a nivel federal como estatal, violenta los principios de transparencia contenidos en el artículo 6º constitucional. En este sentido, la “verdad ambiental” es indispensable para ejercer plenamente el derecho humano a un medio ambiente sano. Al no contar con datos confiables y vigentes, no solo se vulnera el derecho a la verdad —según los parámetros de la SCJN—, sino que se fomenta la corrupción. Esta última se manifiesta como el abuso del poder para anteponer intereses personales al bienestar colectivo. En última instancia, el incumplimiento de los deberes públicos y el mal uso de los recursos dañan profundamente a las instituciones, a la democracia y a la sociedad en su conjunto.

Como sustento adicional, y aunque hasta ahora el combate a la corrupción se ha centrado en medidas punitivas, los autores subrayan que este fenómeno ocurre tanto por acción como por omisión. Su impacto, sin embargo, es diferenciado: la corrupción castiga con mayor dureza a los sectores más pobres. Un ejemplo claro es la vulneración de los derechos civiles y de familia; cuando los funcionarios exigen cobros indebidos no contemplados en la ley, excluyen automáticamente a quienes no tienen recursos para pagarlos, convirtiendo un derecho universal en un privilegio condicionado por la capacidad económica.

Bárbara Mancera Amezcua revela que el acceso de las mujeres a la justicia en la región occidente de México (Colima, Jalisco y Michoacán) enfrenta barreras estructurales profundas. No se trata solo de la falta de juezas —donde Michoacán, por ejemplo, presenta una disparidad notable con solo tres mujeres por cada diez juzgados—, sino de la normalización de la violencia dentro de los propios tribunales. La autora advierte sobre un fenómeno sociológico crítico: la masculinización de las mujeres en espacios de poder. Al emular prácticas misóginas para "encajar" o demostrar valía, se perpetúa la violencia de género desde el interior. Por ello, la rendición de cuentas no debe limitarse al contenido de las sentencias, sino a la creación de espacios judiciales seguros y al uso de datos desagregados (interseccionalidad) que visibilicen las estructuras patriarcales de la justicia local.

Por su parte, Rosmi Berenice Bonilla Ureña introduce el concepto "captura de puestos y decisiones" como una forma de corrupción que trasciende el simple soborno. Citando a Mauricio Merino, la autora señala que la opacidad no solo afecta al dinero, sino a la gestión de los recursos públicos, incluyendo la información y las plazas laborales. Un hallazgo preocupante es la simulación en los procesos de selección. La autora denuncia que, a menudo, se convoca al Comité de Participación Ciudadana (CPC) solo para legitimar designaciones que ya tienen "nombre y apellido". A esto se suma la influencia de los sindicatos como grupos de poder que se apropian de empleos públicos para fines ajenos al servicio civil, transformando el puesto público en una moneda de cambio para lealtades personales.

Resultados y análisis

Resulta novedoso el planteamiento de que el combate a la corrupción se sostiene sobre la aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). Para Ricardo Alberto Ríos Zenteno el acceso a la información es un derecho humano "llave": sin él, no se pueden ejercer los demás. El Gobierno Abierto no solo implica publicar datos, sino garantizar que la ciudadanía pueda vigilar al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Como bien señala el autor, "lo que no se mide, no se mejora". Por ello, las métricas del CIDE y el INAI son vitales para transformar la participación ciudadana de una figura decorativa en un mecanismo real de control interno y rendición de cuentas.

María de los Ángeles Corte Ríos eleva la discusión hacia un enfoque internacional. Citando la Convención de la ONU y la Resolución 1/18 de la CIDH, define la corrupción como una "plaga insidiosa" que ataca directamente a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). Sostiene que la corrupción tiene una doble dimensión: A) Como violación directa: cuando el acto de corrupción impide el acceso a un derecho (pedir un soborno para dar atención médica); B) Como afectación al goce: cuando el desvío de recursos públicos debilita el presupuesto estatal para educación, agua o salud.

Este fenómeno es especialmente cruel con los grupos históricamente discriminados: personas en pobreza, pueblos indígenas, mujeres y la comunidad LGBTI. En estos casos, la corrupción escala de actos cotidianos a una "macro-corrupción" o captura del Estado, en donde las instituciones se desvían de sus fines públicos para servir a intereses delictivos o privados.

En toda esta primera parte de la obra colectiva el enfoque es el de los derechos humanos vulnerados como consecuencia de las malas prácticas. La segunda parte de la obra sostiene que el combate efectivo a la corrupción no reside únicamente en la institucionalización, sino en la fuerza de la acción ciudadana. El eje central de este esfuerzo es el Comité de Participación Ciudadana (CPC), un órgano constitucional de cinco ciudadanos encargado de coordinar al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y vincularlo con la academia, el sector empresarial y a la sociedad civil. Por esta razón, Emiliano Montes de Oca Téllez Rojo analiza el diseño del CPC y detecta tres debilidades estructurales que impiden su eficacia en el combate contra la corrupción. Estas debilidades son: