Las políticas sobre patrimonio arqueológico en Bolivia en la actualidad

Resumen

Se presenta un aproximación a las políticas culturales sobre el patrimonio arqueológico en Bolivia, a partir de un análisis de instrumentos normativos, informes estatales y publicaciones. Se compara con el caso de México, para discutir los efectos sobre la protección y valoración del patrimonio Prehispánico. El ensayo inicia con la presentación del contexto normativo e institucional y los tipos de patrimonio que se encuentran en las Lista de Patrimonio Mundial y declaratorias de Bolivia. También se revisan los pilares y estrategias institucionales del nivel central del Estado y la inversión destinada al sector de cultura y patrimonio arqueológico. Se concluye que en las políticas culturales de Bolivia el patrimonio Prehispánico tiene un espacio marginal, por la escasa inversión destinada a la protección, investigación y conservación del patrimonio arqueológico en Bolivia, así como por su reducida presencia institucional en la estructura gubernamental, lo cual se debe a factores internos y externos.

---

1. Introducción

El patrimonio cultural surge de la historia, por lo que sin historia no hay patrimonio. Pero es la sociedad que le adjudica el carácter de patrimonio cultural, por la significación de los bienes con sus valores culturales. Los valores patrimoniales deben ser apoyados con políticas culturales que posibiliten la preservación y conservación de los bienes culturales, materiales e inmateriales, por medio de leyes, declaraciones de bienes, legislaciones, acciones y gestiones culturales en los diferentes niveles de la organización estatal, tomando en cuenta la diversidad de los valores del patrimonio cultural (Díaz 2010, p. 4).

El patrimonio arqueológico es parte del patrimonio cultural y ha sido definido de la siguiente manera en la Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico de Lausana:

En este mismo documento se menciona su frágil naturaleza y los constantes peligros a los que está sujeto, por lo que se propone su incorporación a las políticas de planificación administrativa. A su vez, subraya su carácter como bien colectivo y la necesidad de la implicación de la sociedad en su protección, conservación y difusión (Bravo, 2018, p. 117 y p. 122).

En el Convenio Europeo sobre la Protección del Patrimonio Arqueológico de Malta se explica que el patrimonio arqueológico es fuente de la memoria colectiva e instrumento para el estudio histórico y científico. En su artículo tercero se hace referencia al contexto, aspecto trascendental; ya no se trata únicamente de un conjunto de bienes sin importar su procedencia, sino que además de la necesidad de su estudio por metodología arqueológica, se destaca la importancia de su contexto estratigráfico y territorial (Bravo, 2018, p. 119).

La problemática del patrimonio arqueológico hoy está ligada a las consecuencias que la globalización y la postmodernidad han provocado; una de estas es el desinterés de la sociedad por la memoria y la historia. En la sociedad actual se privilegian las identidades individuales, frente a las comunitarias, la cultura se folkloriza y se reduce a las expresiones festivas, dejando de lado la tradición y la construcción histórica, como base fundamental de las identidades culturales. Está también el uso instrumental que hacen los Estados populistas de “emblemas, gestos y supuestas concepciones filosóficas indígenas para formar nuevos léxicos de dominación” (Rivera, 2018, p. 38). A esto se suma una visión exclusivamente economicista del patrimonio, que tiene como único fin su explotación como recurso turístico, negando sus otros valores (educativos, históricos, identitarios, etc.). Se entiende por todo lo dicho, que como dice Zygmunt Bauman (2005), existe una necesidad de que el ser humano busque sus raíces y deje de instrumentalizarse como un bien de consumo en estos tiempos líquidos.

Escribir de las políticas sobre el patrimonio arqueológico deriva de la preocupación de su situación actual en Bolivia, la destrucción sistemática que está sufriendo y el desinterés que se percibe en la política estatal, manifiesta en la disminución de contratación de recursos humanos especializados y la mínima dotación de recursos financieros para este tipo de patrimonio cultural.

El objetivo de este ensayo es realizar una aproximación a las políticas culturales sobre el patrimonio arqueológico en Bolivia y compararlas con el caso de México, para discutir los efectos sobre su protección y valoración. Los aspectos comparados fueron elegidos por la disponibilidad de información en ambos países y su relevancia respecto al tema investigado. Se inicia por una introducción al marco normativo e institucional vigente en Bolivia; para posteriormente analizar las políticas culturales desde los procesos de declaratorias que se han realizado, tanto en el nivel de Patrimonio de la Humanidad, como Patrimonio Boliviano; asimismo, conocer los planteamientos sobre el tema en el Plan Estratégico Institucional (PEI) del Ministerio de Culturas, Despatriarcalización y Descolonización (MCDyD) y la inversión económica que realiza el Estado en el ámbito de la cultura y patrimonio. Para finalizar, se hará una comparación con México para discutir los efectos sobre la protección y valoración del patrimonio arqueológico por la sociedad.

2. El marco normativo1 e institucional sobre el Patrimonio arqueológico en Bolivia

Bolivia cuenta con una extensión territorial de 1,098,581 km2 y 12,006,031 habitantes, sus idiomas oficiales son el castellano y otros 36 idiomas de pueblos indígenas que viven en el país. Con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), el 7 de febrero de 2009 se cambia su designación a Estado Plurinacional de Bolivia. Además de la diversidad cultural y natural que caracteriza a Bolivia, se encuentra la impresionante presencia de evidencias de su pasado prehispánico. Se cuenta con 3,200 sitios arqueológicos registrados (Avilés, 2014), aunque las bases de datos de los niveles estatales faltan actualizarse. Una estimación proyectada a partir de catastros arqueológicos y prospecciones intensivas da un número aproximado de 200,000 sitios arqueológicos en territorio boliviano, desde sitios monumentales hasta dispersión de materiales arqueológicos en menos de media hectárea.

En el plano institucional, el Museo Nacional de Arqueología (MUNARQ) fue la primera instancia encargada del resguardo e investigación del patrimonio arqueológico boliviano. Tiene sus orígenes en el Museo Público inaugurado el 13 de junio de 1846, que contenía colecciones de etnografía, mineralogía, paleontología, arqueología, entre otras, las cuales fueron distribuidas a museos especializados con el tiempo. Ocupó su actual ubicación (Palacio Tiwanaku) desde 1919 y el 31 de enero de 1960 cambia su nombre a Museo Nacional de Arqueología.

Por otra parte, el Centro de Investigaciones Arqueológicas de Tiwanaku (CIAT) se crea mediante Resolución Ministerial No. 853 del 2 de octubre de 1958, posterior a este Centro enfocado en el sitio Tiwanaku se crea el Instituto de Investigaciones Arqueológicas de Bolivia (INAR), mediante Decreto Supremo 12,302 del 14 de marzo de 1975 y será encargado de la investigación estatal del pasado Prehispánico y de resguardar el patrimonio cultural de Bolivia de antes de la conquista europea.

El 22 de septiembre de 1994 se crea la DINAAR o Dirección Nacional de Antropología y Arqueología, que remplazaría a la INAR. Este cambio se produce por la creación del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, que tiene entre sus funciones: promover la conservación y restauración del patrimonio arqueológico y supervisar a las instituciones extranjeras trabajos relacionados con el patrimonio cultural.

Desde entonces esta instancia estatal, que nació como Instituto de Investigación, ya no está más a cargo de la investigación, de la que empezó a hacerse cargo la Carrera de Arqueología de la Universidad Mayor de San Andrés. La única carrera de Arqueología en Bolivia se crea el 20 de agosto de 1984, en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, actualmente cuenta con un centenar de titulados.

El año 2002 con un cambió el organigrama del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, la DINAAR baja de nivel a Unidad, denominándose desde entonces hasta el 2022 como Unidad Nacional de Arqueología y Museos (UDAM).

En el contexto histórico, los cambios institucionales relacionados al patrimonio arqueológico presentan hitos. Después de la Revolución Nacional de 1952 se promueve la excavación y conservación de Tiwanaku, como un símbolo de identidad Nacional, lo que da lugar a la creación del CIAT en 1958, base para la posterior creación de la INAR. La carrera de Arqueología se crea en el periodo de retorno a la democracia, durante el gobierno de Hernán Siles. El año 2002, durante un gobierno neoliberalista, la UDAM ve limitada sus acciones a supervisar a instituciones extranjeras y profesionales trabajando en el ámbito privado, es el inicio de la liberalización del trabajo arqueológico y la arqueología de contrato. Un punto de quiebre de la institucionalidad arqueológica fue la intervención de la UDAM y MUNARQ en febrero de 2010 y el cierre de centros regionales y departamentales, a partir de una nueva reestructuración dentro el Ministerio de Culturas y Turismo el 2009 durante el gobierno de Evo Morales. Posteriormente, el 4 de junio de 2020 el gobierno de Jeanine Añez suprimió el Ministerio de Culturas y Turismo, fusionándolo con el Ministerio de Educación, la justificación era “ahorrar recursos públicos no necesarios” en el contexto de la pandemia de COVID-19.

La instancia ministerial que se ocupa del patrimonio cultural en la actualidad es el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización (MCDyD), creado mediante Decreto Supremo No. 4,393 el 13 de noviembre de 2020. En el organigrama del Ministerio se puede advertir la preeminencia que tienen las dos temáticas de su actual designación: despatriarcalización y racismo comparando con el ámbito de la cultura y patrimonio (Figura 1). Existen cuatro unidades dependientes de dos Direcciones en el Viceministerio de Descolonización y Despatriarcalización que se ocupan de estos temas, además de una quinta Unidad para generar materiales referidos a estas temáticas, dentro del Viceministerio de Interculturalidad. Por lo tanto, cinco unidades de diez en la estructura ministerial están dirigidas a las temáticas de despatriarcalización y descolonización (Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, 2021-2025).

Figura 1 Organigrama del MCDyD Fuente: MCDyD, 2021, p. 56

En el ámbito de la cultura, también tiene un mayor espacio dentro de la estructura institucional el patrimonio inmaterial, artístico y de industrias culturales, en relación con el patrimonio material. En la Figura 1 se puede advertir que cuatro de las seis unidades dentro del Viceministerio de Interculturalidad están referidas a estos temas. Habiendo quedado una sola unidad para encargarse del Patrimonio Cultural material denominada Unidad de Herencias Culturales Materiales, que se ocupa de todo el patrimonio material mueble e inmueble de los periodos Prehispánico, Colonial y Republicano, así como los bienes culturales en museos. Esta distribución que define las Direcciones y Unidades dentro del MCDyD también se expresa en la cantidad de personal técnico y profesional que dispone, con referencia al personal profesional en arqueología se puede contar con los dedos de una mano. Situación desproporcionada a las responsabilidades que le otorga la CPE y la Ley 530 y la cantidad de entidades arqueológicas en territorio boliviano que requieren protección y conservación.

La Ley del Patrimonio Cultural Boliviano (Ley 530) artículo 13, parte I establece que el patrimonio arqueológico es de propiedad del Estado. Asimismo, el artículo 35, parte II dice que: “Los vestigios y contextos arqueológicos, paleontológicos y subacuáticos no requieren declaratoria expresa para ser reconocidos como Patrimonio Cultural Boliviano”. Además de una protección general que establece la CPE a todo el patrimonio arqueológico que es propiedad del Estado, existen declaratorias en los diferentes niveles del Estado: a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel nacional; sin olvidar el nivel internacional, a través de la inscripción como Patrimonio Mundial.

Respecto a las competencias sobre el patrimonio, el artículo 99 de la CPE indica que el Estado es el encargado del “registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión del patrimonio cultural” y el artículo 298 establece como competencias exclusivas del nivel central del Estado la “Promoción de la cultura y conservación del patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible de interés del nivel central del Estado”.

Hasta el 2009, los recursos provenientes de ingresos por turismo de sitios y museos arqueológicos se depositaban para el Estado. El reclamo de no reinvertir estos recursos en necesidades de las comunidades hizo que en algunos casos, por presión de estas se establezcan convenios de uso de los ingresos con un porcentaje de los ingresos que retorne a proyectos comunales. Con la Ley No. 530, desde el 2014 se establece la gestión descentralizada del patrimonio cultural (Art. 24), sin embargo, muy pocas gobernaciones y municipios cuentan con personal profesional del área de arqueología para hacerse cargo de este tipo de patrimonio de manera descentralizada, menos aún con recursos financieros suficientes.

Dos casos diferentes son los sitios de Tiwanaku y Samaipata, que generan ingresos importantes con el turismo. En el caso de Tiwanaku (Figura 2), para la administración de los recursos generados por la visita de turistas, el Decreto Supremo No. 1,004, del 11 de octubre de 2011, crea el Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y de Administración de Tiwanaku (CIAAAT), cuyo directorio está compuesto por autoridades principales de los tres niveles del Estado (Ministerio de Culturas, Gobernación y Municipio); una autoridad originaria y otra de la población civil del pueblo de Tiwanaku, es la instancia que aprueba los proyectos del manejo administrativo y financiero. La gestión del sitio y museo de Tiwanaku está a cargo del Director del CIAAT, que en la actualidad no tiene formación antropológica, ni arqueológica.

Figura 2 Sitio arqueológico Tiwanaku Fuente: Foto de Jimena Portugal

El caso de Samaipata (Figura 3) es distinto, el CIAS (Centro de Investigaciones Arqueológicas de Samaipata), instancia dependiente del Municipio se encarga de la ejecución de los proyectos en el sitio y Museo, esto ya funcionó de esta manera desde antes de la Ley 530, se cuenta con cierta coordinación técnica con la Gobernación de Santa Cruz. Últimamente el CIAS ha dejado de ser una instancia descentralizada del municipio y si bien estuvo hasta hace poco bajo la responsabilidad de un profesional de arqueología, no se sabe si esta política tendrá continuidad. En ambos casos, los recursos mayormente van destinados al sitio arqueológico, como lo establece la Constitución Política del Estado. La gestión de recursos de instancias internacionales para la conservación y otras necesidades técnicas para la gestión son realizadas con apoyo del nivel central del Estado.

Figura 3 Sitio arqueológico Samaipata Fuente: Foto de Jimena Portugal

Otro aspecto sobre el patrimonio arqueológico es la investigación. La Ley 530, en el Artículo 4, numeral 30, indica que la investigación está a cargo de las universidades, centros, institutos y sociedades de investigación. En Bolivia existe una sola carrera de Arqueología, a nivel profesional de licenciatura. Los recursos para investigación están limitados a un apoyo mínimo para el viaje por 10 a 15 días de un docente con un grupo de menos de 10 estudiantes en dos materias curriculares semestrales. Los recursos concursables provenientes del Impuesto a los Hidrocarburos, a los que se podía postular para tener recursos para la investigación, dejaron de ser utilizados para investigación durante la Pandemia de COVID-19, posteriormente tuvo una drástica disminución y se enfocó a temas relacionados con la Pandemia y recientemente el cambio climático. Este año el gobierno ha abierto un fondo concursable denominado Fondecyt (Fondo de Fomento al Desarrollo de Ciencia y Tecnología), lamentablemente las temáticas para la postulación no se encuentran, ni de forma indirecta, relacionadas a patrimonio cultural/ natural, tampoco a turismo o economía naranja. Las líneas de demanda de investigación están concentradas en la minería, hidrocarburos y agroindustria, principalmente. En consecuencia, los recursos para la investigación arqueológica son insuficientes.

3. Las políticas culturales y el patrimonio arqueológico en Bolivia

Las Políticas Culturales son las acciones y prácticas sociales estructuradas por organismos públicos y otros sectores sociales y culturales, que promueven como valor estratégico a la cultura, que se constituye en la base para la construcción de identidades colectivas y medio de difusión de contenidos simbólicos y comunicativos; responden a la necesidad de preservar el patrimonio colectivo cultural, histórico y natural, ampliando su comprensión más allá de criterios estéticos.

Chavolla (2014) propone la siguiente definición para las políticas culturales:

3.1. Las Listas internacionales de Patrimonio

La aplicación de las políticas públicas en Bolivia sobre el tema patrimonio se evalúa a través del establecimiento de medidas de protección, como la inclusión de patrimonio cultural y natural de Bolivia en la Lista de Patrimonio Mundial, en la Lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en la Lista Ramsar de Humedales de Importancia Internacional y la promulgación de declaratorias como patrimonio boliviano por el nivel central del Estado.

El periodo temporal en que Bolivia realizó la inclusión de siete bienes en la Lista del Patrimonio Mundial es entre 1987 a 2014 (Ver Tabla 1). Seis inscripciones se realizan en el periodo posterior a la recuperación de la democracia en Bolivia, la que se logra en 1982. Un bien transfronterizo, el Qhapac Ñan, es incluido en la Lista el año 2014. El comienzo de la iniciativa para incluir el Qhapac Ñan en la Lista de Patrimonio Mundial se empezó en marzo del 2002, cuando Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú firman en Montevideo un Acta de compromiso de los Caminos Andinos Prehispánicos y las rutas del Tawantinsuyu (Ministerio de Culturas y Turismo et al, 2018). Se entiende que al tratarse de un bien transfronterizo fue un proceso que demandó más tiempo.

Tabla 1 Bienes en la Lista de Patrimonio Mundial-Bolivia. Nombre Año Descripción Ciudad de Potosí 1987 Ciudad Colonial Misiones jesuíticas de Chiquitos 1990 6 reducciones misionales fundadas por los Jesuitas(período Colonial) Ciudad histórica de Sucre 1991 Ciudad Colonial Fuerte de Samaipata 1988 Sitio arqueológico Prehispánico Tiwanaku: centro spiritual y político de la cultura Tiwanaku 2000 Sitio arqueológico Prehispánico Parque Nacional Noel Kempff Mercado 2000 Parque Nacional con distintos hábitats Qhapac Ñan - Sistema vial andino 2014 Red viaria Prehispánica. Bien transfronterizo Fuente: Elaboración propia con base en la Lista del Patrimonio Mundial (UNESCO, 1992-2024a).

De los siete bienes de Bolivia que integran la Lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad, seis de ellos son parte del patrimonio cultural e histórico y uno corresponde al patrimonio natural. De los seis primeros: tres corresponden al periodo Prehispánico y tres al periodo Colonial (Ver Tabla 1).

El mismo año en que se aprueba la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003) inicia la inscripción del primer elemento de patrimonio intangible en la Lista de Patrimonio Cultural Inmaterial en Bolivia. Ocho elementos son incluidos en la Lista en el periodo de 2003 al 2023. Siete de las ocho inscripciones, corresponden a festividades y ferias, seis de las siete se realizan posteriormente al cambio en la designación de Bolivia como Estado Plurinacional el 2009 (Imagen 1).

Imagen 2 Elementos en la Lista de Patrimonio Cultural Inmaterial-Bolivia. Fuente: Elaboración propia con base en la Lista de Patrimonio Cultural Inmaterial Mundial (UNESCO, s/f.)

Respecto a los sitios Ramsar, Bolivia ha realizado 11 inscripciones (Imagen 2)ocho de las cuales se realiza en el periodo de 1990-2002, durante gobiernos democráticos. Tres se dieron el 2013, después del cambio de la denominación de Bolivia como Estado Plurinacional.

Imagen 2 Sitios Ramsar Bolivia. Fuente: Elaboración propia con base en información de Ramsar la Convención sobre los Humedales 2024

Comparando los tres tipos de declaratorias a nivel Mundial, se observa que desde el año 2009 no se ha dado ninguna nueva iniciativa del gobierno boliviano de incorporar en la Lista de Patrimonio Mundial sitios del patrimonio cultural material. De las nueve iniciativas generadas entre el 2012 y 2023, seis son de Patrimonio Cultural Inmaterial y tres de Patrimonio Natural (Sitios Ramsar). Esto denota el enfoque de la política cultural de los últimos 14 años, dirigida a apoyar las expresiones culturales y patrimonio intangible.

3.2. Declaratorias de patrimonio boliviano entre 1894-2024

En Bolivia, las declaratorias como patrimonio boliviano las realiza el nivel central del Estado, existen declaratorias a nivel departamental y municipal, pero por el espacio solo nos concentramos en las primeras. Se han realizado 514 declaratorias como patrimonio cultural boliviano entre 1894 y 2024 (Salcedo, 2022), el mayor número corresponde a patrimonio cultural inmaterial (Imagen 3> y Figura 4), con 161 documentos de declaratoria (30.6%); 148 declaratorias están referidas a ciudades o localidades, edificios o construcciones históricas de los periodos Colonial y Republicano (29.1%); 104 corresponde a patrimonio natural (20.4%); existen solo 37 declaratorias de sitios, itinerarios o paisajes culturales prehispánicos (7.3%), que incluyen alrededor de 25 sitios, 1 itinerario cultural y 24 áreas arqueológicas; se han realizado 60 declaratorias referidas a monumentos de héroes o sitios de batallas (11.8%); de forma minoritaria existen dos declaratorias de patrimonio bibliográfico o documental y dos explícitamente refiriéndose como patrimonio turístico (cada una 0.4%). Dentro del patrimonio cultural material se advierte una notable diferencia de declaratorias de protección del patrimonio Colonial y Republicano, respecto del Prehispánico, que apenas es el 7% del total. La periodificación para el análisis de las declaratorias retoma la estructura propuesta por Salcedo (2022), con algunos cambios menores (Imagen 3 y Figura 4).

Imagen 3 Declaratorias de Patrimonio boliviano (1894-2024). Fuente: Elaboración propia con base en la información de Salcedo 2022 y Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.

Figura 4 Declaratorias como Patrimonio boliviano (1894-2024). Fuente: Elaboración propia con base en la información de la Imagen 3

En el primer periodo (1894-1899) solo se tiene una declaratoria de Patrimonio boliviano, la tipología corresponde a monumentos de héroes o personajes destacados (Imagen 3 y Figura 4). Un periodo en que se observa un notable incremento de declaratorias en distintos tipos de patrimonio, es la que corresponde al retorno a la democracia (1982-2008), donde se guarda cierto equilibrio en el número de declaratorias de patrimonio natural, patrimonio inmaterial y patrimonio material del periodo Colonial y Republicano, es también el periodo en que se da el mayor número de declaratorias de patrimonio Prehispánico, 20 de 37 declaratorias (54%).

Es notable el cambio que se da en relación al último periodo (2009-2024), ya que de 159 declaratorias, 91 corresponden a Patrimonio inmaterial (57.2%). En relación al anterior periodo (1982-2008), se reduce casi a la mitad (62 a 36) el número de declaratorias de Patrimonio Material del periodo Colonial y Republicano; el patrimonio natural se reduce 5 veces (65 a 13 declaratorias), al igual que el Patrimonio Prehispánico (de 20 a 4 declaratorias), las declaratorias a héroes o personajes destacados se mantienen estables entre los dos últimos periodos, es importante destacar que se incrementan los monumentos de personajes indígenas (Imagen 3 y Figura 4).

Con respecto a las declaratorias de Patrimonio Prehispánico, que como se dijo son apenas el 7% del total, es importante hacer algunas puntualizaciones. Algunas de las declaratorias incluyen Zonas arqueológicas, como el Parque Nacional Arqueológico de Copacabana, Isla del Sol e Isla de La Luna o la Zona Arqueológica de Pasto Grande; otras se refieren a paisajes culturales, como los yacimientos arqueológicos de la Cultura Hidráulica de Moxos y tecnología hidroagrícola de camellones. Hay que tomar en cuenta que en algunos casos existe repetición de la misma entidad en diferentes documentos de declaratoria y en otros se encuentran integradas más de una entidad arqueológica, por ello no existe correspondencia entre la cantidad de declaratorias y entidades arqueológicas. En las declaratorias como patrimonio boliviano se encuentran 20 sitios arqueológicos, 10 zonas arqueológicas y un camino Prehispánico, que estaría en la categoría de Itinerario cultural (Figura 5).

Figura 5 Entidades arqueológicas Prehispánicas con declaratoria de Patrimonio boliviano Fuente: Mapa elaborado por Mirtha Gómez Saavedra para el Observatorio de Patrimonio Cultural Arqueológico (OPCA).

Haciendo un análisis de las declaratorias de patrimonio boliviano o a nivel mundial, se puede verificar que en los últimos 15 años la política cultural estatal se ha dirigido a la promoción de la cultura viva o patrimonio inmaterial. A pesar que muchos de los sitios, itinerarios y paisajes prehispánicos son parte de la cultura viva y que constituyen la base material de la diversidad étnica originaria y la evidencia fáctica de sus conocimientos, cosmovisiones, tecnologías y de las organizaciones político-sociales de la pluralidad de naciones del Estado Boliviano, no ha existido un incremento de declaratorias, por el contrario una drástica disminución. Para el caso de las declaratorias en la Lista de Patrimonio Mundial no se ha tenido ninguna nueva iniciativa para inscribir algún sitio, paisaje o itinerario del Patrimonio Prehispánico.

3.3. El Plan Estratégico Institucional del MCDyD y la asignación de recursos del Estado

Otro ámbito para analizar las políticas públicas son los objetivos y programas propuestos en el Plan Estratégico Institucional del MCyDD (2021-2025) y los recursos asignados por el Estado para cultura y turismo. El Plan Estratégico Institucional del MCDyD 2021-2025 tiene como base la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 y el Plan Sectorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien, Sector Cultural 2021-2025. El enfoque político y tarea fundamental que se plantea es la descolonización y despatriarcalización, así como la eliminación de las prácticas racistas y discriminatorias, además pretende lograr el reconocimiento de la diversidad de los pueblos y resignificar el pasado desde un compromiso con el presente (MCDyD, 2021, p. 20).

Las atribuciones del MCDyD son: formular y ejecutar políticas de protección y difusión de las culturas existentes en el país; establecer y ejecutar políticas de protección, conservación, restauración y custodia de monumentos, inmuebles y de todo el patrimonio material que es considerado de interés histórico, religioso y cultural; así también, articular políticas de cultura y turismo (MCDyC, 2021, p. 30).

La vinculación del PEI del MCDyD con la Agenda Patriótica se da desde dos pilares: “Pilar 1. Erradicación de la extrema pobreza y 12. Disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, de nuestra música, nuestros ríos, nuestra selva, nuestras montanas, nuestros nevados, de nuestro aire limpio, de nuestros sueños” (Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2012).

Conforme a la estructura estatal actual, la asignación de recursos a la protección y conservación del patrimonio arqueológico Prehispánico es muy limitado y está dirigido casi únicamente a la otorgación de autorizaciones para evaluaciones de impacto al patrimonio material en la apertura de caminos y otros proyectos que implican movimiento de tierras y su seguimiento. No existen inversiones desde el nivel central del Estado a la conservación o restauración de sitios arqueológicos, para su puesta en valor o para promover el turismo cultural. En el informe de la ejecución del presupuesto 2023 se mencionan los siguiente logros relacionados al patrimonio arqueológico: la recuperación de tres cuerpos momificados del Museo Etnográfico de Ginebra, la señalización con emblema azul² de ocho inmuebles y museos, sólo uno de ellos es un sitio Prehispánico y la donación de piezas arqueológicas de un coleccionista en el departamento de Cochabamba (MCDyD, 2024).

Otra fuente de financiamiento estatal de Museos y centros culturales es la Fundación del Banco Central de Bolivia (FBCB), lamentablemente ninguno de los repositorios que administra es un Mu-seo arqueológico, estos son: Casa Nacional de la Moneda, Casa de la Libertad, Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, Museo de Etnografía y Folklore (MUSEF), Museo Nacional del Arte, Centro de la Cultura Plurinacional, Centro de la Revolución Nacional y Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado. Solo dos de los repositorios tienen en sus fondos colecciones arqueológicas, las cuales se benefician de los recursos destinados al repositorio (FCBCB, 2022). El Museo Nacional de Arqueología se encuentra bajo la dependencia del MCDyD y tiene serios requerimientos de recursos financieros y de personal técnico.

El presupuesto del Estado Boliviano la gestión 2023 asciende a 5,050,324,984 dólares americanos (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2023,pp. 9-10). Con base en el presupuesto general del Estado ejecutado el año 2023 (Figura 6), los sectores priorizados con la inversión pública fueron: transportes (caminos y otros) 22.22%, salud 9.7%, hidrocarburos 9.2%, industria 9%, agropecuaria 8.7%, minería 7%. La inversión al sector cultura es de 0.1% y de turismo 0.1% (Fundación Jubileo, 2023, pp. 2-8). Bolivia depende principalmente de los ingresos obtenidos por la venta de recursos naturales, como el gas y minerales. Los ingresos al Estado el 2023 por la venta de hidrocarburos fue-ron de 2,058,000,000 dólares americanos (Villafani, 2024). Sin embargo, los ingresos obtenidos por el turismo de visitantes extranjeros en Bolivia son importantes, el año 2023 fueron de 687,000,000 dólares americanos (INE, 2023).

Figura 6 Distribución de la inversión pública por sectores 2023. Fuente. Fundación Jubileo 2023 (p. 8)

El presupuesto asignado por el Estado al MCDyD fue de 6,653,577.4 dólares americanos el 2023. De estos limitados recursos la Dirección General de Patrimonio Cultural, de la que depende la Unidad encargada del Patrimonio Cultural Material, recibió 208,326.3 dólares americanos (MCDyD, 2023, p. 26 y p. 30).

Como se ha podido conocer, la inversión estatal es marginal en el sector de cultura y también en el de turismo. El enfoque político del gobierno actual y del anterior no ha incluido al patrimonio cultural material, particularmente el Prehispánico, dentro de las prioridades para la inversión pública, a pesar de que la Constitución Política del Estado plantea el reconocimiento y valoración de los pueblos indígenas de Bolivia. Otro aspecto que tiene que ver con la asignación de recursos al patrimonio Prehispánico, ya al interior del MCDyD, es que son principalmente utilizados en las temáticas de despatriarcalización y descolonización, no así en la protección y conservación del patrimonio arqueológico, sin considerarse que son la base material para procesos de descolonización.

4. La trayectoria institucional del INAH y políticas públicas sobre el patrimonio arqueológico en México

Para la comparación de las políticas sobre el patrimonio arqueológico entre México y Bolivia se han utilizado aspectos para los que se cuenta con información publicada en ambos países.

Existen particularidades que explican la importancia que hoy tiene para México su patrimonio arqueológico en las políticas estatales. Desde los inicios como Estado independiente, el patrimonio Prehispánico tuvo un rol central en la construcción de la identidad, una expresión de ello es el Escudo mexicano, que hace referencia a la profecía de Huitzilopochtli (deidad Prehispánica azteca) sobre la meta del éxodo de este pueblo: el lugar donde un águila este devorando una serpiente, parada sobre un nopal en un lago (Ramírez, 2023, pp. 55).

Tan temprano como 1910 se inaugura Teotihuacán como Zona Arqueológica y en 1939 se funda el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en 1942 se crea la Escuela Nacional de An-tropología e Historia (ENAH) dependiente de la primera. Los diferentes gobiernos, desde sus inicios hasta la fecha, han mostrado su interés en el pasado Prehispánico, lo que se ha visto en la inversión de recursos estatales a su protección, conservación e investigación. En el plano de las normas legales, en 1934 se emite la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural y en 1972 la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que norman y protegen el patrimonio arqueológico. La segunda Ley está vigente hasta la fecha (García, 2023, p. 40 y p. 44).

En México se estima la existencia de 400,000 a 450,000 sitios arqueológicos, de los cuales se ha realizado un registro de alrededor de 40,000 sitios de diferentes tipos de manifestaciones culturales y características cronológicas y 111,165 monumentos históricos. Actualmente 194 Zonas arqueológicas están abiertas al público, son gestionadas y operadas por el INAH, junto a 162 museos (nacionales, regionales, locales, de sitio y comunales). Los sitios arqueológicos están controlados por el Gobierno federal, no por los estados, ni las comunidades. La investigación, protección y difusión del patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico corresponde por ley al INAH, esta instancia cuenta con 31 centros, uno por cada estado (Gallaga et. al, 2022, p. 573). Los encargados del registro y protección de este patrimonio son alrededor de 300 arqueólogos/as, que son parte del INAH y otros 200 adscritos a centros de investigación de las universidades (López, 2009, p. 788).

De 35 bienes inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial, 13 corresponden a zonas o sitios Prehispánicos (UNESCO, 1992-2024b), la última inscripción se realizó el año 2018. Existen 10 nominaciones como Patrimonio intangible de la Humanidad. Hasta el 2010 se cuenta con 47 declaratorias como Zona de Monumentos arqueológicos (CONACULTA, 2010, p. 49).

El turismo y, en particular el turismo patrimonial, representa el segundo ingreso de divisas a México, el INAH ha registrado 26 millones de turistas que visitaron Zonas Arqueológicas y museos operados por ellos el año 2019 (pre pandemia), con un ingreso logrado de 24 millones de dólares americanos. Es importante indicar que los costos de entrada no son muy altos, por ejemplo, la entrada al sitio de Teotihuacán es de 4 dólares americanos, existe entrada libre o sin costo para estudiantes y profesores de México y personas mayores de 65 años, asimismo, para todos los mexicanos en fines de semana. La difusión del patrimonio es más importante que el retorno económico de la inversión para la política cultural del INAH, un dato que lo confirma es que el 80% de los turistas que ingresaron a estos sitios son locales. Sólo el 10-15% de las zonas arqueológicas generan un retorno económico que recupera el Gobierno Federal. Los costos administrativos de operación de los sitios, como salarios, servicios, mantenimiento, conservación, investigación son otorgados directamente por el Gobierno Federal y no provienen de los ingresos de entradas a los sitios o museos (Gallaga et al., 2022, p. 567 y pp. 574-575).

El presupuesto general de México para el año 2024 fue de 515,002,560,000 dólares americanos. Para el mismo año el sector cultura recibió 898,834,874.91 dólares americanos y el INAH 429,520,739.07 dólares americanos (Quiroga, 2023). La recaudación obtenida por ingresos a zonas arqueológicas y museos por el INAH el año 2022 fue de 8,296,460.39 dólares americanos y el año 2018 37,677,199.26 dólares americanos³, siendo Teotihuacán, Chichén Itzá y Tulum los lugares más visitados (Valerio y Galván 2022:7, tabla 4).

La experiencia en México ha demostrado que la investigación y restauración de un sitio arqueo-lógico tienden a reducir su saqueo, por el respeto que imponen y porque una vez explorados la operación de saqueo no rinde ganancias (Nalda, 2006, p. 459). Sin embargo, se han realizado críticas respecto a la subordinación de los objetivos de la investigación a los de promoción (generación de atractivos que atraigan divisas) y uso ideológico (nacionalismo y rentabilidad política) del patrimonio arqueológico; mientras que se da atención a los sitios monumentales que interesan más a la opinión pública, un número indeterminado de sitios de menor envergadura, pero no menos importancia histórica y científica, son destruidos de forma cotidiana. Se ha observado también un usufructo del patrimonio que favorece a consorcios turísticos transnacionales, que establecen hoteles y paraderos o módulos de servicios en los sitios mediante contratos de concesión, destruyendo el entorno visual arquitectónico y ecológico de los sitios, mientras que hay muy poco apoyo a los museos comunitarios (Gándara, 1992, p. 10, p. 12 y p. 212).

Por otra parte, se ha criticado el monopolio estatal del INAH sobre el pasado en México, que impide la participación de las comunidades indígenas en su administración, aunque son legítimos herederos de ese pasado (Vásquez, 2018, p. 417). Para contrarrestar estas críticas, el INAH ha incentivado el crecimiento numérico de institutos culturales regionales, en su apuesta por la descentralización, pero su eficacia se ha puesto en duda por no tener suficientes recursos humanos y financieros para atender incluso denuncias de saqueos y operaciones de rescate, entre otras obligaciones. El reclamo de las poblaciones locales para asumir mayor responsabilidad en la custodia y uso de su patrimonio y la negociación del INAH con los gobiernos de los estados, por la dirección de centros regionales, ha conducido a que en muchos casos el personal de estos centros regionales no esté capacitado, ni se haya formado en alguna disciplina antropológica, más bien sí hay un círculo de clientelismo político local. Se visualiza grandes riesgos para la protección y conservación del patrimonio arqueológico en este contexto: la pérdida de un manejo técnico apropiado por personal especializado, la inexistente lealtad a objetivos institucionales o profesionales de conservación, sumado al conflicto de intereses y clientelismo político priorizan aspectos que no necesariamente impliquen mejoras sociales, más bien una calidad de trabajo cuestionable (Gándara, 1992, pp. 222-225).

5. Discusión

El propósito de comparar los casos de México y Bolivia es discutir respecto a los efectos sobre la protección y valoración del patrimonio Prehispánico. Ambos países comparten algunas características como un territorio amplio y con diversidad geográfica y ecológica, presencia importante de pueblos indígenas en la actualidad, la colonización española, haber logrado la independencia casi al mismo tiempo (1821 en México y 1825 en Bolivia), el desarrollo de importantes entidades políticas de características estatales durante el periodo Prehispánico y la diversidad de su patrimonio arqueológico con una larga historia de ocupación humana.

Respecto a las políticas públicas sobre el patrimonio arqueológico en Bolivia, la Constitución Política tiene un importante avance por el reconocimiento de los pueblos y naciones indígenas del país y el establecimiento de las competencias del Estado respecto a la conservación y protección de las entidades arqueológicas y del patrimonio cultural; asimismo, la Ley 530 define las directrices para su cumplimiento, aunque aún falta la reglamentación de esta Ley. En el plano institucional, la Unidad de Herencias Culturales Materiales, que está a cargo del Patrimonio mueble e inmueble Prehispánico y de los periodos posteriores, es apenas una de las diez unidades del MCDyD, las otras nueve están dirigidas a los temas de despatriarcalización, lucha contra el racismo y patrimonio inmaterial.

Las prioridades de inversión pública no son cultura y turismo, ya que cada uno de estos rubros recibió 0.1% del presupuesto general del Estado el 2023. Por otra parte, el Plan Estratégico Institucional del MCDyD dirige su atención principalmente a dos pilares de la Agenda Patriótica: la eliminación de prácticas racistas y de discriminación y al disfrute de fiestas, música y naturaleza, por lo que los pocos recursos asignados están delineados por esas prioridades.

Las declaratorias a nivel mundial y como patrimonio boliviano muestran que en los últimos años se ha priorizado el patrimonio inmaterial, no existiendo ninguna declaratoria para entidades arqueológicas desde hace diez años atrás. En síntesis, la pobre asignación de recursos, así como el empequeñecimiento de la instancia que se encarga del Patrimonio Prehispánico en la estructura estatal no posibilitan el cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política del Estado, ni en la Ley 530 respecto a las obligaciones respecto al patrimonio arqueológico en Bolivia.

Por otra parte, no existen las posibilidades reales para descentralizar el manejo del patrimonio arqueológico en Bolivia. Con un par de excepciones, las gobernaciones y municipios no cuentan con personal permanente formado profesionalmente en arqueología, no por falta de titulados sino por la falta de una reglamentación que defina la obligatoriedad de contar con personal profesional de esta área, para hacerse cargo de las competencias asignadas en relación al patrimonio cultural. Otro problema es la carencia de recursos económicos para encarar las competencias asignadas, sobre todo en el caso de los municipios rurales. Dos casos particulares son los municipios de Tiwanaku y Samaipata, donde los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad generan los recursos que los sostienen, a través del ingreso obtenido por la visita de turistas, una parte de los ingresos va destina-da a gastos definidos por sus municipios. Los centros de investigación y administración de ambos sitios han estado bajo la dirección de profesionales arqueólogos, aspecto que no se está ya dando en Tiwanaku, lo que dificulta aún más superar las deficiencias en su conservación y la presentación museística, criticados por visitantes bolivianos y extranjeros.

En Bolivia el poco interés por el pasado Prehispánico, expresado en la mínima inversión dirigida a su protección, investigación y conservación desde el nivel central del Estado, se explica por diferentes aspectos que han impactado en la ideología y política de los gobiernos en el presente siglo. Por un lado, la preeminencia que ha tomado el patrimonio cultural (inmaterial) sobre el patrimonio histórico en los últimos tiempos (Rodríguez, 2010, p. 76). Esto va a verse reflejado en los instrumentos normativos que la UNESCO emite en la primera década del siglo XXI, los cuales se concentran en el patrimonio cultural intangible (UNESCO, 2002; UNESCO, 2003; UNESCO, 2010). Por otra parte están las ideas sobre las identidades promovidas por el postmodernismo en las que pierden su estatus privilegiado las identidades únicas y excluyentes, propio de las socie-dades modernas, promoviendo múltiples identidades y el énfasis en la identidad individual. La influencia del culturalismo postmodernista y la plurinacionalidad con estas características llegaron a Bolivia de la mano de ONGs y asesores catalanes que formaron a líderes del partido del gobierno de los últimos 18 años y tuvieron participación en la aprobación de Nueva Constitución Política (Portugal, 2024). Ha sido otro factor para la marginalidad del patrimonio Prehispánico respecto al inmaterial en las políticas promovidas por los dos últimos gobiernos.

El postmodernismo evita la fijación de las identidades, fortalece la individualidad y mantiene abiertas las opciones a múltiples identidades individuales (Bauman, 2002). Rodríguez (2010, p. 107) explica que se ha producido una política de desmovilización sobre cuestiones reivindicativas, donde han confluido intereses político-económicos, pero también los cambios en la sociedad, como el desplome de los valores como la trascendencia, dando lugar al camino de la contingencia, lo efímero, el consumo inmediato, la identidad se ha convertido en algo privado, íntimo e individual. Bauman (1996) se refiere a este fenómeno como la “sociedad líquida”, donde la incertidumbre por la rapidez de los cambios ha debilitado los vínculos humanos y no se fija en el espacio, ni se ata en el tiempo.

Todos estos cambios han repercutido en un desinterés por la tradición, por el patrimonio histórico y arqueológico. Los valores economicistas prevalecen frente a los de autenticidad, se banaliza el uso de los sitios arqueológicos, sin preocuparse de su integridad incluso, porque se da más importancia al recurso que se puede obtener en cortos momentos de consumo o a réditos políticos populistas, únicos momentos en que se vuelca la mirada hacia ellos. Las tendencias actuales en la transformación de la noción de patrimonio cultural, desligando su vinculación con el patrimonio histórico, pueden tener sentido en otros contextos distintos de países como Bolivia o México. La adopción acrítica de esta perspectiva en Latinoamérica tiene efectos nocivos, cuando va combinada con una pérdida de valores que promueve la sociedad consumista.

Estos factores mencionados explican tanto las políticas de Bolivia respecto al patrimonio material, como la marginalidad que tiene en el imaginario social la identificación con el pasado Prehispánico, sobre todo en las generaciones jóvenes. A esto también han contribuido la expansión de los grupos religiosos protestantes que promueven un rompimiento con lazos identitarios de cualquier índole, si estos son distintos de la fe religiosa que promueven. También ha aportado a ésta situación la educación escolar colonizada y “modernizadora”, que niega los valores o conocimientos propios de estas sociedades frente a los del Norte global, asimismo la difusión de una ideología de desarrollo, consumismo y progreso que se difunde por los medios de comunicación y se generaliza a través de las políticas del Estado, en la educación superior una disciplina arqueológica centrada en la academia.

En este contexto la situación del patrimonio arqueológico en Bolivia es de riesgo y precariedad. Más aún por el debilitamiento institucional al interior de la estructura estatal y la poca valoración de la arqueología en la gestión pública. El modelo económico que prevalece es el “extractivismo progresista” (Postero, 2020, p. 266) y está ocasionado graves daños al patrimonio natural boliviano, con repercusiones negativas directas a los pueblos indígenas originarios de la Amazonía y Chaco, así como al patrimonio arqueológico que es afectado directa e indirectamente. Este modelo niega la posibilidad de diversificar los ingresos desde otros sectores, ni la economía naranja o el turismo sostenible, donde el patrimonio cultural y natural son pilares.

El panorama es complejo al momento de buscar soluciones porque implica cambios profundos y estructurales, que se han consolidado por décadas. Además del modelo económico extractivista y la presencia de sectores criminales con poder económico, se suman el colonialismo interno, la corrupción y las necesidades sociales y económicas insatisfechas. Un pensamiento crítico, que posibilite el planteamiento de alternativas, para lograr una sociedad más justa, que se encamine a superar los grandes desafíos de la pobreza y desigualdad, debe partir de un mayor compromiso social de las instancias académicas como son las universidades. Esta es una transformación que también implica una apertura en la disciplina arqueológica hacia el trabajo colaborativo con las comunidades donde trabaja y posicionarse como ciencia social. Solo de esta manera se podrán promover cambios en el pensamiento general de la sociedad y de quienes toman decisiones, respecto al patrimonio arqueo-lógico, a través de la educación formal y medios de comunicación. De esta manera la sociedad podrá enterarse de los múltiples valores que tiene el pasado y que se pierden para siempre sin ser conocidos, cuando un sitio arqueológico es destruido. Además de poder ser una fuente para ingresos sostenible, si es manejado responsablemente, incluye el patrimonio arqueológico, valores para la educación, para la ciencia, para la solución de problemas del presente y la posibilidad de dar un marco temporal mucho más largo en el tiempo, a la diversidad cultural del país.

Con respecto a la política cultural en México, esta tiene dos aspectos positivos para el Patrimonio Prehispánico. La consolidación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en la estructura estatal como encargada del Patrimonio cultural, ha permitido que se cuente con una cantidad de personal profesional en arqueología, mucho más adecuado respecto a la cantidad de sitios arqueológicos de los que están a cargo, aunque para algunos aún es insuficiente. Este personal está distribuido en los 31 estados del país, si bien se critica que no todo el personal tiene capacitación arqueológica, esto debido a privilegiar personal local por acuerdos políticos.

El segundo aspecto es la asignación de recursos del Estado, mucho más alto de lo que generan los sitios y museos por la venta de entradas, es una muestra palpable de la importancia que tiene el patrimonio Prehispánico para sus diferentes gobiernos y para la sociedad mexicana. Ambos aspectos han logrado la protección, conservación y una alta valoración del patrimonio Prehispánico como un referente de identidad, su uso en el ámbito educativo, además de ser lugares que generan el turismo interno y externo. El turismo en México ocupa el segundo lugar en los ingresos que obtiene el Estado, estando en tercer lugar la venta de hidrocarburos. Aspectos que no han logrado superar, sin embargo, son la tendencia al monumentalismo y su alta valoración para consolidar una ideología nacionalista, en desmedro de otras historias regionales y locales, esto deja en situación vulnerable a otro tipo de sitios y la investigación arqueológica de temas tan importantes como las primeras poblaciones americanas, quedan relegadas. El INAH enfrenta el desafío de encontrar un equilibrio entre lo técnico y lo social en la gestión del patrimonio arqueológico en México, cierta-mente labor difícil por las presiones ejercidas desde distintos frentes y con intereses contrapuestos.

Los desafíos para las instancias a cargo el patrimonio arqueológico en México y Bolivia son grandes y van por lograr un equilibrio entre la necesidad de una mayor participación de las comunidades herederas del pasado Prehispánico en la protección del patrimonio arqueológico, el respeto de una normativa que regule el uso sostenible y respetuoso del mismo y el uso de los recursos que genera que beneficien a la sociedad y permitan también su conservación y estudio. Otro aspecto es que la sociedad vez vea necesaria la presencia de profesionales del campo de la arqueología en la gestión de éste patrimonio por su fragilidad y excepcionalidad.

6. Conclusiones

Comparando las políticas culturales de ambos países se ven diferencias, particularmente respecto a la importancia que tiene el patrimonio Prehispánico y, a partir de ello, una mejor protección al menos para parte del patrimonio arqueológico en México. Existe una destacada inversión pública en este país, dirigida a la protección, conservación e investigación de sitios arqueológicos y museos, los costos accesibles y otros mecanismos promueven su uso para la educación, siendo la población mexicana la que más visita estos lugares. Se ha logrado la valoración interna y externa del pasado Prehispánico, que es reconocido como un soporte de la identidad. Por otra parte, el turismo cultural obtiene ingresos importantes para el país, así como la posibilidad de proteger e invertir en la conservación de sitios arqueológicos. Sin embargo, es crítica la situación que enfrenta la descentralización del INAH, la presión que se ejerce desde intereses políticos y empresariales en desmedro de una atención adecuada del patrimonio arqueológico y que la investigación este supeditada a otros intereses como los ideológicos o turísticos.

Distintos factores han determinado que el patrimonio Prehispánico tenga un papel marginal en las políticas estatales en Bolivia, por un lado la importancia que ha adquirido en el siglo XXI el patrimonio inmaterial respecto del patrimonio histórico, lo cual se ve reflejado en las convenciones aprobadas por la UNESCO durante este siglo. También está la influencia del postmodernismo y la sociedad de consumo en las valoraciones de identidad, patrimonio e historia en el pensamiento académico y político en las últimas dos décadas. Por otro lado, están factores internos del funcionamiento del aparato estatal que han distanciado lo planteado en el marco normativo y su cumplimiento en el orden institucional, la economía dirigida a la explotación y venta de recursos naturales y la falta de un cambio de la inversión pública hacia otros ámbitos como la economía naranja o el turismo sostenible. Otros factores son: la desvalorización de la preparación profesional para el cargo público, la reducción del ámbito de la cultura a expresiones festivas y musicales y la reducción de la descolonización a los ámbitos de despatriarcalización y lucha contra el racismo.

Lamentablemente, no se percibe dentro de las políticas de descolonización la valoración estatal hacia el patrimonio Prehispánico, posibilitando que se pierda la evidencia material de la diversidad cultural de los pueblos que habitaron y habitan en Bolivia. Los sitios del periodo Prehispánico son el testimonio de la memoria y de una historia antes de la Colonia española, en ellos están contenidos conocimientos, tecnologías, otras visiones del mundo y al ser un legado de los ancestros de los pueblos actuales debe ser cuidado y protegido. En Bolivia, donde la población indígena y originaria tiene una prevalencia numérica y el patrimonio Prehispánico está ligado a los orígenes de la población actual, los valores culturales e identitarios y la descolonización deben fortalecerse de sus raíces históricas.

Se requieren profundos cambios en la política cultural en Bolivia, en los que se cambie la visión hacia el patrimonio Prehispánico como una fuente de conocimientos, soporte de la diversidad de las identidades culturales en el país y contenedor de la historia antes de la llegada europea. Seguramente entonces cambiará la perspectiva de que invertir en cultura y patrimonio es una pérdida de recursos. Es importante mirar hacia otras experiencias en políticas culturales en Latinoamérica y medir los impactos positivos y negativos, particularmente sobre la valoración integral por la sociedad hacia este legado único, al interior de los países. La comparación entre Bolivia y México muestra distintas trayectorias, respecto a la valoración social y protección del patrimonio Prehispánico, pero la problemática es similar respecto al reto de encontrar un equilibrio entre lo técnico y lo social, en procesos de descentralización y nuevas formas mixtas de gestión patrimonial.