Tiempo de apóstoles. El conservacionismo forestal en el Territorio Federal de Quintana Roo durante la etapa Maderista

Resumen

En 1912, una comisión de expertos forestales, liderada por Miguel Ángel de Quevedo, visitó el Territorio Federal de Quintana Roo para verificar el estado de los bosques. En nuestro análisis, nos proponemos examinar las propuestas para la preservación de los bosques que consideraban tanto la colonización de la zona como la justicia social en un período de transición entre el porfiriato y la revolución maderista. La metodología retoma las bases de la historia ambiental y la ecología política en términos de la intervención del Estado y el cambio social influido por la ecología. Las conclusiones resaltan las causas del fracaso de los planes conservacionistas.

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Introducción

A mediados de 1912, los miembros de la Comisión Exploradora Forestal de los Bosques del Territorio de Quintana Roo (CEFBTQR) rindieron sus respectivos informes sobre su visita a dicha entidad federativa. La agrupación la formaba el conservacionista Miguel Ángel de Quevedo, jefe del Departamento de Bosques. Lo acompañaban el subinspector de primera, Agustín Tornel Olvera, y el francés Lucien Gainet, inspector adjunto de Aguas y Bosques.

Tenían el encargo de conocer el estado de los bosques, los procedimientos que las compañías concesionarias empleaban para talar los árboles y verificar el cumplimiento de los contratos. Por este medio se obtuvo información sobre la destrucción del bosque a manos de los empresarios. Al respecto, los expedicionarios llevaban la consigna de remediar estos males y poner atención en la conservación y la regeneración de la naturaleza.

La situación que prevalecía en el Territorio Federal de Quintana Roo (TFQR)¹ llamó la atención, en dicho espacio aún se conservaban vastos bosques propiedad de la nación.² Ahí observaron los procesos para extraer el chicle y el corte de caoba y cedro, mientras que la demanda del palo de tinte había decaído por la competencia de las anilinas artificiales.

La realidad que enfrentaron los comisionados ofrece un marco idóneo para abordar el tema desde la historia ambiental, disciplina que estudia las interacciones entre sociedades humanas y el medio natural, y las consecuencias que de ellas se derivan para ambos, incluyendo las interacciones naturales intervenidas por los humanos, y las interacciones humanas mediadas por la naturaleza (Alimonda, 2011, p. 32).³ Mediante aproximaciones científicas, la CEFBTQR analizó por primera vez la condición de los bosques del TFQR, producto de la manera como la sociedad se los apropió y explotó bajo un esquema extractivista.

Los expedicionarios enfrentaron una situación muy peculiar en la que intervenían varios factores interrelacionados que había que considerar para dar solución integral a la problemática local. Como herencia del porfiriato, los terrenos fueron distribuidos en grandes concesiones forestales, entregadas a empresarios cercanos a Porfirio Díaz. Sin haber logrado buenos resultados, la mayoría las obtuvieron con la promesa de llevar el progreso y la colonización de una región que estuvo fuera del dominio de la nación por estar ocupada por un poco más de cincuenta años por los mayas sublevados.

Además de hacer visible la problemática forestal, lo significativo de las observaciones de la CEFBTQR fue que surgió la necesidad de reorganizar la actividad mediante el ordenamiento forestal. El objetivo era prevenir y reparar los daños ecológicos ocasionados por prácticas indebidas, y para impulsar la conservación del bosque a través de la adopción de métodos científicos de tala y resinación.

Otro factor por considerar fue que los cambios técnicos dirigidos a la protección de los recursos tenían que ser congruentes con la transformación social que impulsó Francisco I. Madero al convocar al derrocamiento de Porfirio Díaz a través del Plan de San Luis, con la promesa de restituir las tierras al campesinado. Se trataba de un programa agrario que no contempló la problemática forestal, motivo por el que los expedicionarios no contaban con una base legal, derivada del movimiento revolucionario, sobre la cual sustentar las acciones de justicia social para los trabajadores forestales.

En este contexto, nuestro objetivo consiste en analizar cómo el resultado del estudio de los comisionados acerca del estado de los bosques en TFQR y las propuestas sobre el ordenamiento de explotación forestal con fines conservacionistas,⁴ se entrelazaron con la problemática local relativa a la colonización y la justicia social. Todo esto en el ambiente de la incipiente transición del régimen porfirista al de la revolución maderista, en donde lo nuevo se abría paso mientras que la antigua estructura aún tenía raigambre en la sociedad local.

Como se podrá apreciar, la solución requería de la intervención del Estado, lo cual nos conduce al campo de la ecología política. A esta disciplina le concierne no solo los conflictos de distribución ecológica, sino explorar las relaciones de poder que se entretejen entre los mundos de vida de las personas y el mundo globalizado (Leff, 2006, p.22). Esta perspectiva permitirá examinar la interacción entre la sociedad y la naturaleza, y sus consecuencias sobre el entorno ecológico en una situación determinada por relaciones complejas entre los hombres, mediatizadas por la intervención de un poder político en ascenso y mediadas por elementos de la naturaleza. También contribuirá a entender las acciones de los expedicionarios, quienes en un sentido práctico e ideal buscaban armonizar la relación de la sociedad con la naturaleza. Para ello, requerían aplicar medidas de reorganización social y de explotación forestal impuestas por el Estado, tratando de apuntar así a una deseable sociedad ecológica.

Para dar respuesta a los planteamientos dividimos en cuatro partes la investigación. Primero, examinaremos los motivos que orillaron al régimen porfirista a otorgar enormes concesiones forestales en el contexto de la lucha por obtener el dominio de los bosques y la soberanía nacional, en una región donde los mayas sublevados impusieron un gobierno autónomo. En seguida, abordaremos el tema de la discusión sobre la dirección que debería tomar la política forestal, hasta 1909, cuando se expidió una legislación en torno a los bosques. Seguidamente, analizaremos los resultados de las observaciones realizadas por los miembros de la CEFBTQR en el TFQR, así como las soluciones propuestas. Para terminar, expondremos una reflexión final.

El bosque: entre la autonomía indígena y la soberanía nacional

Como trasfondo del fenómeno que vamos a examinar tenemos el final del conflicto denominado la Guerra de Castas (1847-1901). La causa del movimiento se atribuye al avance del monocultivo de la caña de azúcar, por el que los pueblos mayas del oriente de Yucatán sufrieron el despojo de sus tierras y la posibilidad de sobrevivir mediante la agricultura tradicional caracterizada por el policultivo, del que obtenían una variedad de alimentos. La reacción de los indígenas se reflejó en 1847 con el estallido de la guerra, motivo por el que se replegaron hacia la costa oriental de Yucatán, comprendida en gran medida dentro de la jurisdicción del actual estado de Quintana Roo.

Sin entrar en los complejos detalles del conflicto, haremos hincapié en el dominio de los bosques y la influencia que tuvieron con el desarrollo de la guerra. Al ocupar la costa oriental y obtener la autonomía con respecto al gobierno yucateco, los mayas reorganizaron su sociedad tradicional y se las arreglaron para atender al llamado de la guerra y la subsistencia mediante la agricultura ancestral basada en la milpa de tumba, rosa y quema.

Aunque reconocemos que entre los mayas existió la propiedad privada de la tierra, era común que los milperos hicieran uso del derecho de posesión temporal del recurso. Seleccionaban una fracción de terreno y en una ceremonia pedían permiso a Yuum Balam, el dueño del monte, para sacrificar árboles y arbustos para hacer la milpa. Después de varias cosechas el suelo perdía la fertilidad, entonces abandonaban ese terreno y buscaban otro para una nueva siembra y continuar con el ciclo de regeneración natural del monte (García, 1986, p. 19). Bajo este sistema los mayas impulsaban la recomposición de la naturaleza y estaban lejos de ocasionar su destrucción irreparable.

Obtenida la autonomía política, a partir de 1855 los mayas concentraron sus fuerzas en Chan Santa Cruz, principal centro ceremonial y cuartel. En el aspecto económico, el territorio ocupado por los mayas colindaba con el de los ingleses de Belice, motivo por el cual sostenían estrechas relaciones comerciales, pues los mercados de Campeche y Yucatán estaban cerrados para los sublevados.

Desde 1870 y tras el aumento de la demanda del palo de tinte en Europa y frente al agotamiento de los bosques en Belice, los ingleses vieron como alternativa la explotación forestal en el terreno de los mayas. El vínculo entre ambas sociedades influyó para que los indígenas interiorizaran el alto valor de los pantanos, lugar propicio para el desarrollo del palo de tinte y que no utilizaban porque no eran aptos para la agricultura, además de ser inhabitables. Al asumir que las ciénegas podrían convertirse en una fuente de ingresos para sostener la guerra, los mayas integraron a su territorialidad grandes extensiones de terrenos anegados, sobre los que mantuvieron un férreo control político (Villalobos, 2006, pp. 12-13).

A partir de entonces celebraron contratos de arrendamiento con los ingleses por el término de un año, debido a que, una vez agotado el palo de tinte en una determinada zona, se tenía que buscar otra donde fuese abundante. En cada renovación, los mayas señalaban la superficie a explotar, lo que era una señal del estricto control que tenían sobre su territorio.

Como se podrá apreciar, la intensa actividad forestal tuvo un alto impacto sobre el bosque, al ocasionar la continua depredación de la naturaleza; sin embargo, para los mayas se trataba de una medida justificada por tratarse de una economía de guerra. Además, no afectó a sus labores agrícolas y tampoco fue objeto de competencia económica, pues los indígenas no se dedicaron al corte del palo de tinte. Asimismo, la renta impidió el despojo del territorio, ya que los contratos solo permitían el usufructo de la madera. Más bien, este vínculo repercutió en la prolongación de la guerra y la autonomía de los mayas.

Como era de esperar, el gobierno mexicano reclamó la soberanía del territorio ocupado por los indígenas, toda vez que lo consideraba parte integral del país. Ante la imposibilidad de ejecutar una incursión militar y en vista de que se trataba de terrenos nacionales, adoptó una estrategia que convirtió a los bosques en el principal teatro de operaciones.

En 1876 y con la derrota del líder maya Bernardino Cen, el gobierno pacificó el norte de la costa oriental de Yucatán. A raíz de este suceso los indígenas se replegaron hacia Chan Santa Cruz y Bacalar. Una vez despejada la franja septentrional, el empresario Ramón Ancona Bolio estableció la compañía El Cuyo, que para 1888 contaba con 38 670 hectáreas (AGN, SHyCP, Sección 1a, Aduanas Marítimas y Fronterizas, Progreso, 1888 (41-856), exp. 471). La actividad principal giró en torno de la explotación del palo de tinte, cedro, caoba, chicle y maderas de construcción, entre otras actividades agrícolas de menor cuantía.

En 1889, Faustino Martínez solicitó el denuncio de terrenos baldíos ubicados en el norte y cuya superficie lindaba hacia el sur con San Antonio Mugil y Tulum, hasta el sitio costero Punta Flor. Esta línea se acercaba peligrosamente a los límites del territorio ocupado por los mayas sublevados. Como consecuencia del contrato, Martínez quedó obligado a procurar la colonización de la región. Entre 1891 y 1904, el denunciante logró obtener un total de 673 850 hectáreas (Macías, 2002, p. 117). De ahí surgió la Compañía Colonizadora de la Costa Oriental de Yucatán, y cuyo giro fue la explotación de palo de tinte y chicle. De esta manera, ambas empresas lograron ocupar el territorio septentrional, motivo por el cual los sublevados no volvieron a intentar invadir aquella región.

Tratando de repetir la misma experiencia y sin haber derrotado a los mayas que domi-naban los bosques del sur, aledaños a Santa Cruz y Bacalar hasta el Río Hondo, Porfirio Díaz implementó la estrategia de dar concesiones forestales a empresarios con el objetivo de establecer la soberanía en aquellos parajes. El simple acto de otorgar una concesión reflejaba el ejercicio del dominio eminente sobre el bosque tropical y sus riquezas. Ante la cercanía con los establecimientos ingleses y una frontera aún indefinida,⁵ el gobierno federal estableció las concesiones forestales como una especie de marcadores de sobe-ranía, esto es, como un sistema de contención frente a la presencia británica (Villalobos, 2003, p. 42) y, por otro lado, para mostrar a los mayas que el dominio sobre estos bosques era de la nación.

A diferencia de los contratos de denuncio de terrenos baldíos otorgados en el norte, lo que implicaba entregar en propiedad privada una tercera parte de los terrenos deslindados; en el sur se daban concesiones solo para extraer el palo de tinte en un cierto período de tiempo y en una determinada superficie. Al vencer el contrato, los bosques regresaban al dominio de la nación, motivo por el cual la federación tenía mayor disponibilidad para administrar los recursos según lo requerían las necesidades nacionales.

Ante la total falta de autoridades e instituciones del Estado en la región meridional, aunado a la ausencia de una población a la cual gobernar, el incipiente ejercicio de la soberanía fue confiado al empresario Felipe Ibarra Ortoll y luego a su sucesor Manuel Sierra Méndez. Con cierta ingenuidad, el gobierno federal suponía que las concesiones arrebatarían el dominio del bosque a los mayas. Mantenía la esperanza de que los trabajos de los concesionarios ocuparían el territorio y desplazarían a los indígenas de la zona. Para tal efecto, en 1887 Ibarra obtuvo una amplia concesión para la explotación forestal de los terrenos nacionales de Yucatán y Campeche. El contrato incluía los baldíos no adjudicados hasta la fecha, con excepción de las municipalidades y los que habían sido enajenados conforme a las leyes (AGN, SHyCP, Sección 1a, Indiferente (409-454), exp. 412).

Aunque el empresario explotó por cuenta propia una parte del bosque, también rentó a los ingleses algunas fracciones sin que se hayan registrado enfrentamientos con los mayas. A pesar de este esfuerzo, el dominio continuaba a favor de los indígenas, motivo por el que las rentas y el contrabando de maderas y armas seguían socorriendo a los sublevados.

A finales de 1892, alegando la falta de recursos para explotar la concesión, Ibarra pidió la cancelación del contrato. Una vez aceptada, Manuel Sierra Méndez solicitó una concesión forestal en los terrenos del anterior concesionario. Este personaje era amigo de Porfirio Díaz y hermano de Justo Sierra, secretario de educación del gobierno federal.

La superficie solicitada abarcaba desde Punta Flor, ubicada al norte de la Bahía del Espíritu Santo hasta el Río Hondo por el sur; es decir, comprendía los bosques bajo el control de los sublevados, que, a su vez, colindaba con el territorio ocupado por los ingleses. En su exposición de motivos, Sierra Méndez hizo planteamientos en los que sus intereses se fusionaban con el objetivo de implantar la soberanía en la región. Para ello, se comprometió a detener el contrabando y a llevar la colonización. De lograr el éxito, el empresario y el gobierno mexicano alcanzarían sus metas.

La concesión fue aprobada a finales de 1892, sin embargo, poco después Sierra Méndez anunció su fracaso para evitar el contrabando. A esto se sumó el incumplimiento de colonizar los terrenos, pues en vez de establecer poblaciones, también se dedicó a rentar el bosque concesionado a los ingleses. Aun así, algunos cortadores lo reconocieron como representante del gobierno mexicano, lo cual era una señal de un incipiente ejercicio de la soberanía mexicana sobre la región.

El siguiente paso lo dio Porfirio Díaz en 1893 con la firma del tratado de límites entre México e Inglaterra, por el que nuestro país cedió un territorio disputado por ambas naciones, ubicado en el norte de Belice, delimitado por el Río Hondo como frontera. A cambio, los ingleses cerraron el tráfico de armas para los mayas. Contando con esta ventaja, en 1895 el gobierno federal anunció una campaña militar que pondría fin a la Guerra de Castas.

La noticia desató una ola de denuncios de terrenos baldíos ocupados por los indígenas, los mismos que aún contenían grandes reservas forestales. La federación temía que la enajenación de estos bosques fuera un obstáculo para la pacificación; motivo por el que el 4 de septiembre de 1895 ordenó reservar la superficie donde radicaban los indígenas. Se decía que, en caso de entregar estas tierras a los particulares, en vez de garantizar la posesión a los mayas, se corría el riesgo de exasperar los ánimos (Diario Oficial, 1895, p. 3).

La reserva no tenía la intención de proteger y conservar la riqueza forestal; más bien obedecía a una estrategia para favorecer la pacificación, pues la guerra había tenido como causa principal el despojo de las tierras. De esta manera, al no entregar aquellos terrenos en propiedad privada, el Estado podía disponer de ellos para impulsar la integración de los indígenas, la colonización y la explotación de los bosques acorde con los intereses nacionales.

Finalmente, en 1901 los mayas fueron derrotados en Chan Santa Cruz y Bacalar, motivo por el que se replegaron hacia el centro del TFQR, en lo que hoy comprenden los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos. Mientras tanto, la zona sur quedó a disposición del gobierno federal, misma que comenzó a ser poblada con la fundación de Payo Obispo en 1898, entre otros pequeños poblados que ya existían tiempo atrás, ubicados en las inmediaciones del Río Hondo, la Bahía de Chetumal y la laguna de Bacalar.

En adelante, la explotación forestal basada en el chicle sería la principal actividad económica en estos parajes. A finales de 1909, el gobierno federal ratificó el decreto de 1895, razón por la cual la enajenación de los terrenos nacionales continuó suspendida. La única manera de acceder al bosque era a través de las concesiones forestales, entregadas por el Estado a quienes demostraran capacidad económica para emprender la costosa pero redituable extracción del chicle. Esta era la situación que prevalecía cuando en 1912 llegaron los miembros de la CEFBTQR.

La política forestal durante el porfiriato

En esta sección abordaremos los planteamientos generales que varios especialistas realizaron sobre la problemática forestal nacional, así como las medidas propuestas y la legislación planteada para el manejo, conservación y regeneración del bosque. Fijaremos nuestra atención en el régimen de Porfirio Díaz, pues en este periodo se establecieron las bases sobre las que Miguel Ángel de Quevedo y su equipo propusieron medidas para reordenar la explotación del bosque en el TFQR. Como funcionario del gobierno en el ramo forestal, el “apóstol del árbol” fue un activo actor en las discusiones y acciones a implementar.

Durante la segunda mitad del siglo XIX, la explotación forestal y la deforestación avanzaban en paralelo a la construcción de ferrocarriles y la minería, principales demandantes de grandes cantidades de madera. A esto se agrega la desorganizada tala para uso doméstico, materiales para la construcción, la quema del monte con fines agrícolas y que por descuido causaban incendios que arrasaban con la riqueza forestal. También contaba la avaricia de los concesionarios de bosques, al exceder el monto del corte más allá de lo permitido, entre otros.

Los efectos sobre el medio ambiente no pasaron desapercibidos por el presidente Manuel González, al advertir que algunas zonas, antes fértiles, ya estaban convertidas en tierras estériles, con un clima ardiente y reseco. Sobre estos asuntos, con algunas variantes, se plantearon diagnósticos y soluciones sobre la problemática forestal.

En 1897, el ingeniero Agustín Aragón argumentó acerca de los beneficios de conservar los bosques, ya que su abundancia impedía la formación de torrentes y los desastres que estos acarreaban. Por abrupta que fuese una montaña, los árboles retenían la tierra vegetal y una parte del agua de lluvia se filtraba y salía a la superficie por los manantiales. Entre más conservado el bosque, el régimen de los veneros reflejaba mayor regularidad y beneficios. En cambio, en los lugares que carecían del recurso forestal, la tierra quedaba desprotegida y era arrasada por la corriente, perjudicando al agricultor. Al final, el resultado desencadenaría la desertificación de las zonas afectadas (Aragón, 2018, p. 146).

A finales del siglo XIX se vio la necesidad de contener la destrucción de los bosques y de procurar la regeneración de los que habían sido arrasados. Esta situación tendría remedio con la ordenación de la explotación forestal, guiada por el método científico, además de legislar sobre el acceso y destino de los bosques. En este punto había que resolver hasta qué grado era legal la intervención del Estado en los asuntos de la problemática forestal dentro de los terrenos nacionales, de comunidad y los privados.

Para solucionar el dilema se recurrió a los dictados de la ciencia social. Influenciado por el positivista Augusto Comte, Aragón (2018, p. 148) confirmó que los bosques eran indispensables no solo para la vida del hombre, sino para la sociedad en general, al grado que toda aquella persona que destruía los bosques sin reemplazarlos cometía un atentado contra la sociedad. Para Aragón (2018, p. 146), el Estado representaba a la colectividad y era indispensable para la existencia del organismo social. En estos casos debía intervenir para procurar la conservación y repoblación de los bosques sin violar la libertad.

La mediación del Estado era congruente con la definición que Aragón adoptó sobre la libertad, y que, según Miguel S. Macedo, era: “la facultad de obrar según se quiera, en tanto sea compatible con la existencia y progreso de la sociedad”. Apoyándose en el mismo autor, Aragón (2018, p. 145) abordó al Estado como la institución social que determina, reglamenta y hace efectivas las restricciones a la libertad individual necesarias para la existencia y progreso de la sociedad. Bajo estos argumentos y con algunas variantes insignificantes, Miguel Ángel de Quevedo justificó la intervención del Estado para promover el cuidado de los bosques.

Según el diagnóstico sobre la problemática forestal y sus efectos sobre el agua y la agricultura, no es casual que la atención se enfocara en el mantenimiento de la cubierta forestal de las cuencas hidrológicas. Para ello, en 1904 se organizó la Junta Central de Bosques dirigida por Quevedo. Al poco tiempo, la mayoría de los estados habían creado las juntas locales con el objetivo de vigilar los recursos forestales en sus jurisdicciones.

En febrero de 1906, la Junta Central presentó una propuesta de ley para la protección de los bosques en las cuencas nacionales, la cual fue aprobada para luego ser turnada a la Cámara de Diputados. La iniciativa proponía que la conservación y la repoblación de los bosques fuesen consideradas de utilidad pública y, conforme al criterio del presidente, los terrenos que no se conservaran, repoblaran o regularan su explotación, podrían ser objeto de expropiación (Urquiza, 2018, pp. XXXIX-XLI).

A poco más de dos años del ingreso de la propuesta de ley forestal al Congreso, en 1908 Quevedo (2018) rindió un informe al secretario de Fomento, Olegario Molina. Expuso que, mientras la destrucción del bosque continuaba, la aprobación de la ley forestal aún llevaría tiempo. Por tal motivo, urgió a Molina que, dentro de sus facultades, dictase medidas para enfrentar la devastación de los recursos forestales, motivo por el que en su informe propuso acciones que sin demora debían implementarse.

Quevedo (2018, p. 170) justificó sus propuestas bajo el entendido de que, para alcanzar el equilibrio biológico y económico de los pueblos, o sea, proteger los bosques para mantener los manantiales que proporcionan agua para la agricultura y la vida misma; era necesario que cada nación conservara un área forestal no menor de la tercera parte, es decir, el 33% de su territorio. Al hacer una revisión sobre el país, confirmó que la conservación era más notoria en las regiones que carecían de vías de comunicación, no así en la zona central de México, donde el bosque es-taba más destruido. Al respecto, aseguraba que esta región no llegaba ni al 10% del área forestal requerida para nuestra nación.

Para completar el porcentaje sugerido, Quevedo (2018, p. 188) urgió que era menester reservar los terrenos nacionales existentes en los estados y los territorios federales. A diferencia de los bosques de propiedad privada y municipales, expuestos a ser aprovechados en su totalidad por sus poseedores, confiaba en que los nacionales ofrecían mayor garantía de que el arbolado se conservara indefinidamente.

Con el objetivo de hacer más convincente su propuesta, ahora desde la perspectiva fiscal en beneficio del Estado, sostuvo que si estos terrenos reservados fuesen sometidos a una explotación racional; el producto obtenido podría compensar con creces los gastos de administración y el valor que por la venta de los terrenos baldíos se obtendría. Al mismo tiempo, debido a lo improductivo que resultaba, llamó a evitar el excesivo fraccionamiento del bosque entre varios propietarios o colonos.

Aseguraba que la naturaleza del bosque obligaba a concederlo en grandes extensiones, pues ello garantizaba su conservación con el máximo rendimiento. Los árboles requerían de varios años para estar aptos para su explotación, y con el objetivo de sostener la actividad de manera ininterrumpida, era necesario disponer de una sucesión constante de ejemplares de diversas edades. Un bosque de gran extensión permitiría que pudiese ser talado por secciones para hacer el corte periódico de árboles en edad de explotación, dejando que otros ejemplares alcanzaran la madurez o se hiciera la regeneración en los lotes ya explotados. En caso dado que hubiese zonas no aptas para la actividad forestal, estas podrían ser destinadas para la agricultura y la colonización (Quevedo, 2018, pp. 206-207).

En el ocaso del porfiriato, a finales de 1909, la ley forestal fue aprobada. Sobre esto, Quevedo (1962, p. 342) admitió que su informe rendido a Olegario Molina influyó para que la legislación ordenara la suspensión de la enajenación de terrenos nacionales y denuncio de baldíos. Lo importante es que también aprobó la facultad para crear reservas de bosques.

Pocos días después y para reforzar el tema de las reservas, la ley de Servicios Agrícolas impidió la entrega de concesiones forestales en los terrenos que fuesen susceptibles de reservar por causa pública. Bajo esta visión sobre la situación forestal en el país y contando con este marco legislativo, la CEFBTQR inspeccionó los bosques del TFQR.

Los bosques de los confines

Siendo funcionario en el ramo forestal durante el porfiriato, Quevedo permaneció como jefe del Departamento de Bosques en el corto período del presidente Francisco I. Madero, en lo que sería la incipiente y difícil transición hacia la etapa revolucionaria. Aunque el “apóstol del árbol” reconoció a Porfirio Díaz la creación de una sección forestal en la Secretaría de Fomento, también el iniciar la educación profesional sobre el manejo de bosques y la promulgación de una ley que los protegía; posteriormente, en 1916 mostró su desacuerdo con él por otorgar grandes concesiones que destruían la riqueza forestal (Quevedo, 1962, pp. 344-345). Por lo pronto y, a sugerencia de Quevedo, el presidente Madero, el “apóstol de la democracia”, canceló una concesión de 800 mil hectáreas, ubicada en Tabasco, entre otras.

Al parecer, la acción de contar con la Estadística Forestal, impulsada por el antiguo régimen, no había rendido los frutos esperados. Se decía que habían contado hasta los popotes de los montes del Distrito Federal, mientras que la mayoría de los terrenos nacionales, ubicados en el resto del país, pasaban casi desapercibidos. Por tal motivo, las autoridades pusieron especial interés en inspeccionar las concesiones del TFQR, Campeche, Coahuila, Tabasco y Veracruz (Informe B, 1913, p. 549).

Llevando a cuestas aún los efectos del régimen porfirista en materia forestal, en 1912 la CEFBTQR arribó al Territorio Federal. Por la falta de tiempo, los comisionados solo verificaron las concesiones ubicadas en el sur, en la frontera con Belice. Faltó recorrer los terrenos de la Compañía Colonizadora de la Costa Oriental y El Cuyo, ubicadas en el norte.

Los bosques nacionales del TFQR estaban distribuidos en nueve concesiones para la explotación de maderas, gomas y resinas, otorgadas por un plazo de 10 años cada una. La más extensa comprendía 700 mil hectáreas y la más corta tenía 172 224. En total, abarcaban 2 905 388 hectáreas (Informe B, 1913, p. 552). Entre los beneficiados había políticos allegados a Porfirio Díaz como Olegario Molina y Rodolfo Reyes, hijo del general Bernardo Reyes, secretario de Guerra y Marina y cuyas tropas combatieron en la Guerra de Castas.

Aunque cada comisionado rindió su informe por separado, en general coincidieron en que en los terrenos concesionados existían grandes extensiones de bosques donde la caoba y el cedro estaban agotados. Las causas eran atribuidas a la tala inmoderada, desmontes e incendios. A esto se agregaban fallas administrativas como la falta de manifestación de la superficie abierta al cultivo y los terrenos destinados al pastoreo, además de talar enormes cantidades de madera para leña y construcción. Estas acciones se hacían sin pagar los derechos respectivos, motivo por el que violaban los términos de los contratos.

También denunciaron métodos de explotación que perjudicaban a los árboles del chicle, al observar que más de un 50% morían por hacer incisiones profundas que excedían el espesor de la corteza. Esta errada práctica impedía que el ejemplar volviera a regenerar la resina por estar condenado a perecer.

En lo que toca al cedro y la caoba, se carecía de un plan de ordenación forestal. No había una dirección técnica profesional en las explotaciones. Eran los contratistas y los apeadores quienes organizaban los cortes conforme a prácticas rutinarias, sin atender la regeneración del arbolado; es decir, no se dejaban árboles porta-granos y renuevos para reponer las especies taladas. Asimismo, Tornel (1913, p. 575) denunció que el interés de los concesionarios era extraer el máximo de madera antes del vencimiento de los contratos.

El método consistía en cortar los árboles bien conformados y de enormes dimensiones. En el terreno quedaban esparcidos los más pequeños, mal formados y putrefactos. Además, la extracción se hacía de tal manera que destrozaba otras esencias, lo que daba lugar a la invasión de plantas de poco o ningún valor comercial, las mismas que impedían la regeneración de las maderas preciosas (Tornel, 1913, p. 576).

Los comisionados coincidieron en que las enormes concesiones debían desaparecer, tanto por motivos de conservación del bosque como para impulsar la colonización del TFQR. Según cálculos de los prefectos, en 1906 la población arrojó un total de apenas 5 418 habitantes (Memoria, 1909, p. LXXXIII). El dato era suficiente para demostrar el fracaso de las grandes concesiones para aumentar la población.

Sobre este asunto, Gainet (1913, p. 564) expuso un plan para impulsar la inmigración. El terreno se dividiría en sectores; en caso de que estos fuesen muy grandes, se fraccionarían en subsectores. Los bosques así entregados estarían provistos de pozos de agua y estarían comunicados entre sí por una red de caminos. A diferencia de Quevedo, quien no señaló la extensión ideal para una explotación forestal redituable, Gainet consideró que cada sector o subsector tendría una superficie aproximada de 10 mil hectáreas para ser trabajadas sin interrupción, mientras que la rotación podría ser fijada en 25 años. Al parecer, este sería el tiempo suficiente para extraer la riqueza forestal contenida en el terreno, para luego disponer de otro, en tanto se regeneraba el recién explotado.

Otro beneficio que traería la explotación del bosque bajo un régimen de ordenación forestal era la posibilidad de obtener ingresos fiscales. Aunque Quevedo también se manifestó contra las grandiosas concesiones, en otra ocasión las justificó como una fuente de entradas para el erario destinadas a la construcción de ferrocarriles. Según él, ya no era necesario mantener aquella práctica, sino que era tiempo de equilibrar el presupuesto. Para ello el país requería de una reserva de bosques de dos millones de hectáreas, con el objetivo de explotarla bajo la dirección del Estado, lo que podría retribuir al fisco unos 50 millones de pesos anuales (Quevedo, 1913, p. 606). Para cumplir esta meta era preciso eliminar las concesiones dedicadas a sacar el máximo provecho en el menor tiempo posible sin dejar reservas para el porvenir.

Con respecto al poblamiento, a diferencia de Gainet, que proponía una colonización forestal, Quevedo planteaba una que combinaba la explotación de los bosques con la agricultura. Según él, las reservas no entorpecerían este proceso, ya que esta medida estaba dirigida a los bosques nacionales con el objetivo de lograr el equilibrio biológico y económico antes enunciado. Por tanto, los terrenos agrícolas no estarían contemplados en las reservas forestales, sino que serían destinados para el poblamiento. No obstante, aseguró que la sola colonización agrícola alcanzaría pocos resultados en las zonas montañosas y tropicales por causa del clima, la pobreza del suelo y la falta de irrigación.

En la medida en que la actividad forestal se realizara de manera ordenada, se consumiría el mínimo esfuerzo con el máximo rendimiento. Al acudir peones de otras regiones -como era el caso del TFQR- para efectuar los cortes a cambio de una remuneración aceptable, Quevedo suponía que sus familias se establecerían en los sitios adecuados para la agricultura. A su vez, en lo que parecía que el Departamento de Bosques asumiría el proceso de colonización, aseguró que la oficina a su cargo fomentaría la entrega de tierra para las familias. Al haber una proporción conveniente de bosques, a la vez contribuiría para crear las condiciones ecológicas necesarias para el desarrollo de la agricultura, lo cual era requisito para garantizar el equilibrio biológico y económico.

Sobre la entrega de tierras, principal asunto de justicia social del maderismo, en Payo Obispo Gainet (1913, p. 564) recibió la queja de sus habitantes por entregar las concesiones a los empresarios. Aceptaban que el corte de caoba requería de enormes capitales; en cambio, para la extracción del chicle solo necesitaban herramientas con las que ya contaban, como machetes y vasijas. Además, exponían que el chicle se pagaba en Payo Obispo entre 16 y 20 centavos la libra, mientras que los capitalistas lo revendían en Belice entre 40 y 60 centavos.

Por estas razones, los ciudadanos solicitaron concesiones de chicle en cierto radio. Esta petición llevaba implícitamente la solución de los problemas que enfrentaba la región, como era la falta de población y la justicia social, así como la preocupación de los miembros de la Comisión Forestal por conservar el bosque, aspectos que se resumen en la sencilla frase de los payobispenses: “Con el bienestar (resultado de la concesión) aumentará la población, el amor al bosque, el placer al trabajo” (Gainet, 1913, p. 564). Sin embargo, el comisionado no asumió ningún compromiso y declaró que tal asunto quedaba fuera de su competencia.

Como se podrá apreciar, las propuestas de los conservacionistas quedaban sujetas a que el Estado tomara las riendas de los bosques quintanarroenses. Para tal efecto, Madero aceptó crear la Reserva para Bosques de la Nación de todos los terrenos nacionales del TFQR. A su vez, el porvenir de la reserva quedó sujeto a los vaivenes de la revolución.

Conclusión

La investigación corrobora la perspectiva de la historia ambiental, de que las crisis sociales explican las crisis ambientales (Rivera y Chávez, 2018, p. 171); en lo que también interviene la manera como se resuelve la situación, aspecto que debe considerar las mutuas determinaciones entre estos factores. Para ello, es menester entrar al campo de la política y de la intervención del Estado, es decir, de recurrir al ámbito de la ecología política. En este sentido, la crisis desatada por la Guerra de Castas desencadenó la explotación devastadora del palo de tinte en el territorio ocupado por los mayas, lo que a vez vino a solucionar la escasez de este producto en el suelo beliceño mediante la renta de los bosques a los ingleses por parte de los mayas sublevados. Al mismo tiempo, los indígenas tuvieron una fuente segura de ingresos para sostener su autonomía, lo que a su vez ocasionó al gobierno federal mexicano un problema de soberanía nacional. Así, el destino de los bosques y los márgenes de su explotación estuvieron en medio de la lucha por la autonomía indígena y la soberanía nacional, así como el sostenimiento de la actividad forestal por los ingleses, lo que a su vez contribuyó a consolidar a Belice como colonia inglesa.

La preocupación del Estado nacional por recuperar estos bosques se vio reflejada en la entrega de enormes concesiones forestales que, además de adquirir la obligación de estimular la colonización, a su vez tendrían la función de marcar la soberanía frente a los mayas y los ingleses. La colonización resultó un fracaso, pero no así la depredación del bosque, ahora por concesionarios nacionales. Tal parece que el Territorio Federal de Quintana Roo no se erigió solo por la incapacidad de Yucatán por controlar a los mayas, sino que mucho tuvo que ver la manera de entregar los bosques a políticos y empresarios, y que, ante todo, buscaron obtener el máximo beneficio de la extracción forestal. Con la creación del territorio federal, cuya juris-dicción en gran medida abarcó los bosques de la costa oriental, la federación se puso como meta obtener un mayor control sobre la región.

Cuando llegaron los miembros de la Comisión Forestal encontraron un desorden en los métodos de explotación de la madera, en gran medida ocasionada por el gobierno porfirista. En esta etapa crítica de cambio de régimen, prevaleció el aspecto conservacionista de los bosques por encima de la justicia social propia de la incipiente revolución. Aún sin contar con una base jurídica para repartir la tierra, y mucho menos el bosque, la creación de una reserva forestal parecía solucionar el problema de la devastación del bosque, mientras que la justicia social y la colonización quedaron planteadas de manera confusa.

Al poco tiempo, una nueva crisis venida de afuera puso en entredicho los resultados de la reserva forestal. Los sucesos nacionales que terminaron con el asesinato de Madero dieron al traste con los planes conservacionistas. Cuando vino el cambio del poder ejecutivo federal a favor de Victoriano Huerta, Quevedo continuó prestando sus servicios en el Departamento de Bosques. Sin embargo, la política forestal dio un giro contrario al ordenamiento forestal basado en las reservas. En adelante, las extensas concesiones volverían a la escena, medida que fue suficiente para que el “apóstol del árbol” renunciara a su empleo. Temiendo por su vida como opositor de Huerta, se refugió en Cuba donde pasó varios años. La conservación y regeneración de los bosques quintanarroenses aún tendrían que esperar hasta que los hechos violentos y los continuos cambios de gobierno dieran paso a la estabilidad política.