Regímenes de propiedad y formación del Estado y la nación en México y Centroamérica

Resumen

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¿Cuál es la relación entre propiedad de la tierra y soberanía nacional? ¿Qué inclusiones y exclusiones sociales conllevan las diferentes formas de tenencia y cómo éstas impactan en la conformación de comunidades políticas locales y nacionales? ¿Cómo se imbrica la creación y reformulación de los regímenes de propiedad con la formación y refundación de los Estados nacionales? ¿Cómo se moldean mutuamente las modalidades de acceso y propiedad de la tierra con diferentes tipos de ciudadanía? ¿Qué tensiones y desfases existen entre políticas agrarias y políticas de conservación?¹

Las autoras y autores convocados para armar el dossier temático de este número de la revista LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos responden estas preguntas a partir de rigurosas investigaciones etnográficas e históricas llevadas a cabo en regiones específicas de México, Belice y Guatemala. Un tema transversal a los artículos de este dossier es el de la dimensión política presente en las diversas figuras jurídicas de tenencia y propiedad de la tierra. Como señalan Sikor y Lund: “Las dinámicas políticas de la propiedad son los procesos por los cuales los derechos sobre la tierra y otros recursos naturales son establecidos y contestados” (2009:3).

En este sentido, planteamos como punto de partida para la reflexión colectiva el considerar la propiedad como un haz de “poderes” cristalizados en prácticas de exclusión e inclusión, los cuales son convertidos en normas rutinarias que dan entrada a, o limitan, el acceso a determinados actores sociales (Ghani, 1996, citado por Verderly, 1999). Esto ocurre a partir de la estructuración de categorías político-identitarias -ejidatarios, avecindados, derechosos, comuneros, colonos, arrendatarios- creadas justamente para generar derechos de acceso a la tierra y a los recursos asociados a ella.

A diferencia del énfasis que desde el enfoque neoinstitucional se otorga a la definición clara de los derechos de propiedad, asunto indispensable para el surgimiento y desarrollo de los mercados de tierra, las autoras y autores de este dossier de LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos se interesan por la dimensión del poder y la estructuración social asociadas con las formas de tenencia y, más ampliamente, de regímenes de propiedad de la tierra.

Una hipótesis a demostrar con los trabajos que se presentan en este número es que, al hacer propiedad, se hace también Estado y Nación, al definirse un territorio, una autoridad y gobierno, y una comunidad política con un conjunto de derechos, obligaciones y poderes. En este orden de ideas, un eje de la discusión contenida en los textos aquí reunidos es la línea, siempre porosa, que distingue entre lo que entendemos como “propiedad” y “soberanía”. El límite entre estas nociones tiene que ver no sólo con una definición formalista de quién es la autoridad última que otorga poderes -la soberanía como un atributo principalmente del Estado-, sino con los límites de ciertas atribuciones o facultades (derechos/poderes) para establecer accesos, formas de transmisión y, más ampliamente, el control de ciertos recursos, así como la definición de quiénes pueden gozar de tales derechos/ poderes. En varios de los trabajos de este número los autores describen cómo el proceso de formación del Estado-nación ha ido acompañado de un proceso de redefinición territorial, apoyándose en el otorgamiento de derechos de adjudicación y “propiedad” de la tierra, que derivan a su vez en la conformación de comunidades políticas.

Este proceso es muy claro en el texto de Laura Hurtado, quien analiza la política agraria del “Patrimonio Agrario Colectivo”, una forma de adjudicación y transferencia de “tierras nacionales” utilizada por el Estado guatemalteco entre 1962-1978 para afianzar su control político y territorial sobre la Franja Transversal del Norte y el Petén, zona fronteriza poco controlada por el Estado. Asimismo, Emilia Velázquez, a partir de su estudio en una región indígena localizada en el sur del estado de Veracruz, reflexiona sobre el papel que desempeñó el reparto agrario (1915-1992) y la certificación de los derechos de propiedad (1993-2006) en la consolidación del Estado-nación mexicano, a costa del desplazamiento de formas locales de gobernanza agraria centradas en un relativamente libre acceso a tierras y recursos. Ambos trabajos revelan que hacer propiedad supone hacer Estado y, en el contexto del Estado capitalista, hacer Estado significa también hacer propiedad (privada). Esto, incluso cuando nos referimos a formas sui generis de propiedad, como es el caso de la propiedad social en México, que incluye el ejido y la comunidad agraria, dos formas de tenencia de la tierra creadas y reconocidas por el Estado posrevolucionario.

El Estado busca constantemente redefinir territorios al establecer derechos de propiedad. Como señala Laura Hurtado en su texto, las figuras jurídicas bajo las cuales ocurre la apropiación de la tierra -formas de tenencia de la tierra- y los bienes naturales son el sustrato a partir del cual se desarrollan dinámicas territoriales diferenciadas. Sin embargo, la voluntad estatal de crear derechos de propiedad y definir territorios no siempre es exitosa. Odile Hoffmann muestra la dificultad que tuvo la Corona inglesa para instituir derechos de propiedad claros en Belice. Tomando como estudio de caso lo ocurrido en el norte de este país, y recurriendo al concepto de “pacto de dominación agraria”, Hoffmann reflexiona sobre la coexistencia de una extrema concentración de propiedad privada, con un acceso relativamente abierto a la tierra por parte de campesinos sin tierra. En estos pactos de dominación participaron grandes terratenientes cuyo interés central era el control y la explotación de recursos forestales, más que el de la tierra, y, por otra parte, los campesinos que accedían a ésta mediante préstamos o arrendamientos. Una forma tal de gestión de la tierra perduró en el norte de Belice desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX.

Otra cara de lo que podría caracterizarse como una dificultad del Estado para regular los derechos de propiedad es la que presentan Carmen Ventura, por un lado, y María Teresita Camacho y Tim Trench, por otro. En el primer caso, Ventura revela la regulación autónoma, o por usos y costumbres (el costumbre), que las comunidades p’urhépechas de La Cañada de los Once Pueblos han aplicado en relación con sus tierras comunales. Dicha autorregulación, que se desarrolla en disonancia con la Ley Agraria, sucede no sólo en las comunidades agrarias de hecho, esto es, aquellas que no han logrado el reconocimiento formal o legal de sus tierras, sino también en las formalizadas y reconocidas o restituidas por decreto presidencial. En su texto, Ventura explica que las “comunidades agrarias” en la región de estudio han estado históricamente reguladas por sistemas normativos autóctonos que se han desarrollado de manera paralela a la legislación agraria, gozando de amplia legitimidad social en la región de Michoacán estudiada por esta autora. Asimismo, describe a las autoridades tradicionales -consejos comunales, cabildos indígenas, jueces de tenencia, entre otros- que establecen sus propios criterios para dar reconocimiento a sujetos de derechos -los comuneros- distintos, aunque no ajenos, a los establecidos por ley, así como para dar validez a las transacciones agrarias que dichos sujetos llevan a cabo.

El pluralismo legal que describe Ventura, el cual permite márgenes de acción autonómica para los pueblos indígenas en Michoacán, contrasta fuertemente con aquel pluralismo legal e institucional descrito por Camacho y Trench para el caso de Chiapas. En su texto, ambos autores describen la profundización de la precarización en sus formas de vida de campesinos imposibilitados de regular la posesión de la tierra en la que por décadas han trabajado, al quedar sus poblados insertos en dos áreas naturales protegidas: la Reserva de la Biosfera Montes Azules y la Reserva de la Biosfera El Triunfo. El desfase entre las políticas de conservación y la política agraria ha convertido a campesinos asentados en sus poblados desde antes de la creación de las áreas naturales protegidas, en ocupantes irregulares de las tierras en las que han vivido y trabajado. Para reflexionar sobre la vulneración de derechos asociada a la superposición de una jurisdicción de conservación ambiental sobre una agraria, los autores recurren al concepto de justicia ambiental. La situación de estos campesinos contrasta con la de los comuneros descritos por Ventura, también irregulares, pero con pleno dominio y control sobre sus tierras.

La divergencia entre ambos casos nos conduce a las siguientes preguntas: ¿en qué condiciones la irregularidad en la tenencia facilita cierta autonomía?, ¿en qué circunstancias se convierte en un elemento que profundiza la precariedad y la desigualdad?, y ¿qué ventajas o desventajas puede tener la indefinición formal de los derechos de propiedad en ciertos contextos? La irregularidad en la tenencia de la tierra se define en función de los dictados del Estado, que promulga leyes que establecen las modalidades legales de propiedad, lo que deriva en muchos casos en un desfase abierto entre la legalidad y la práctica. Esto remite a la reflexión teórica que Sikor y Lund (2009) hacen sobre la diferencia entre acceso y propiedad de la tierra, a la cual de una u otra manera hacen referencia los cinco artículos de este dossier. Acceso y propiedad de la tierra están, además, vinculados a formas particulares de ciudadanía (Lund, 2011), un aspecto que es desarrollado en el artículo de Emilia Velázquez, quien en su estudio de caso muestra cómo el acceso a la tierra basado en una normatividad local estuvo articulado con una ciudadanía creada en torno a la autoctonía, la cual fue siendo desplazada por una ciudadanía agraria en la medida en que la propiedad de la tierra, validada por la legislación estatal, ganaba terreno sobre el acceso a la tierra.

Finalmente, el conjunto de artículos de este dossier enseña que la adopción del modelo neoliberal por parte de los Estados nacionales ha supuesto una transformación en las formas de propiedad, en la que lo privado ha avanzado de forma preocupante sobre lo público y lo común, lo que ha generado numerosas exclusiones y desigualdades. Otros cambios importantes han tenido lugar en la organización territorial al sobreponerse diversas clasificaciones y delimitaciones espaciales - ejidos, áreas de colonización, áreas naturales protegidas, zonas económicas especiales, etcétera-. Con ello ha ocurrido también una redefinición de los diferentes derechos asociados con las formas de propiedad y de acceso a recursos. Estas transformaciones suponen además un cambio en términos de soberanía estatal.

Este número de LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos se completa con un conjunto de artículos en los que se presentan interesantes resultados de investigación. Es el caso del texto de Manuel Morales y Alondra Domínguez, quienes a partir de diferentes fuentes analizan los rituales guerreros de sacrificio humano en la sociedad maya del Posclásico. Los autores concluyen que, pese a su origen guerrero, tales sacrificios tenían como una de sus finalidades garantizar la fecundidad, un elemento central en el patrón religioso centroamericano. Pero el sacrificio humano, señalan los autores, era también un ejercicio de autoridad política, de expresión del poder de dominación de los vencedores -de una guerra, de un juego de pelota, etcétera-.

El artículo de Alice Balsanelli refiere a otro aspecto y tiempo de la cosmovisión maya. Esta autora centra su investigación en el grupo lacandón actual para mostrar cómo sus integrantes conciben sus esencias vitales. A partir de un minucioso trabajo etnográfico y de una atenta revisión de bibliografía, Balsanelli nos enseña la sofisticación del pensamiento lacandón mediante el cual se representan como seres humanos complejos, cuyo “estar en este mundo” sólo puede entenderse en función del actuar de las diversas esencias vitales que forman parte del ser humano.

Silvia López y Alma Isunza, por su parte, presentan los resultados de otra investigación etnográfica entre grupos de origen maya, pero ahora referida a la concepción que mujeres tsotsiles de San Juan Chamula, Chiapas, tienen sobre su oficio de expertas tejedoras de prendas de lana para uso ceremonial. Un punto en común existe entre lo narrado por López e Isunza con las reflexiones de Balsanelli: en ninguno de ambos casos analizados tienen sentido las oposiciones binarias que prevalecen en lo que algunos conciben como “pensamiento occidental”. Si entre los lacandones es impensable separar el cuerpo del alma, lo inorgánico de lo orgánico, entre las tejedoras tsotsiles la voluntad no se puede disociar del cuerpo en el aprendizaje y dominio del arte de tejer, como tampoco hay separación entre este arte y la vida cotidiana, en la cual tiene un papel central la interacción familiar.

Samuel Torres, Laura Caso y Mario Aliphat eligieron, por su lado, averiguar sobre el conocimiento que niños tseltales de Tenejapa, Chiapas, tienen de su entorno ecológico en relación con los sistemas productivos con los que están en contacto. ¿Qué plantas y animales silvestres se encuentran en su entorno productivo y cómo son clasificados en función de la oposición frío/ caliente? Con base en trabajo de campo y la realización de un taller, los autores encontraron que los niños tseltales con los que trabajaron tienen un profundo conocimiento de su entorno natural, de los sistemas productivos de los que participan y de la relación de estos dos aspectos con sus patrones alimentarios. Al igual que en los dos artículos previamente aludidos, los autores muestran la complejidad de una forma de pensar y representar el mundo, en la que actividades cotidianas, cosmovisión y filosofía se entretejen.

Un texto más incluido en este número se refiere a un tema que de una u otra forma preocupa a la sociedad mexicana en su conjunto: el incremento de la inseguridad ligada a las acciones del crimen organizado y a la notable incapacidad del Estado para detener el crecimiento de una economía subterránea que sirve de soporte para la expansión de actividades criminales. Rubén Darío Ramírez reflexiona sobre estos complejos procesos de descomposición social y conformación de lo que él llama territorios ilegales a partir de un estudio de caso en la región Centro-Chontalpa, en el estado de Tabasco, en una temporalidad por demás significativa: los años posteriores al auge petrolero de las décadas de 1990 y 2000. Este artículo, a su vez, permite entender lo que pasa en otras regiones y estados del sureste mexicano -Coatzacoalcos, Campeche- ligados a la explotación petrolera.

Finalmente dos textos más sobre temas variados componen el presente número. El trabajo de Thania Vanessa Ramos y Rosa María Chávez está dedicado a analizar la producción académica relacionada con el turismo en la costa norte de Honduras utilizando el estudio bibliométrico de documentos a través de una revisión sistemática en bases dedatos multidisciplinarias -Scopus- entre 1988 y 2018, mientras que, en su trabajo, Eugenio Quesada analiza el proceso técnico y social de la producción de la revista El Heraldo Seráfico, publicación católica que desde 1915 se editó en el taller de los capuchinos en la ciudad de Cartago, Costa Rica. Ambos trabajos amplían el conocimiento sobre opinión pública, producción académica y prensa en Centroamérica.

En la sección Documentos, Miguel Lisbona ofrece un interesante análisis de la visión local de las relaciones entre México y Cuba a través de tres publicaciones en la prensa chiapaneca, centrándose en concreto en la figura del dictador Fulgencio Batista. Concluye el número con las reseñas de Miriam Solís y Juan Fernando Álvarez Gaytán, quienes realizan revisiones críticas de los libros: Juventud rural y migración mayahablante. Acechar, observar e indagar sobre una temática emergente, coordinado por Inés Cornejo Portugal, y Vida humana, muerte y sobrevivencia. La ética material en la obra de Enrique Dussel, escrito por Gabriel Herrera Salazar.

La propuesta visual, que siempre distingue a los volúmenes impresos de LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, se integra por una galería de fotografías tomadas en el marco del proyecto de investigación Carnaval Zoque: la naturaleza presente en la tradición y modernidad en Chiapas, desarrollado desde septiembre de 2014 por Gillian Elisabeth Newell.