El movimiento social embera-katío como resistencia frente a proyectos hidroenergéticos en Colombia

Aspectos teóricos y conceptuales de los movimientos sociales

Los movimientos sociales se han conceptualizado y teorizado de diversas maneras: movilización de recursos, conformación de organizaciones, repertorios de contención y lucha colectiva entre actores (Tilly, 1986 y 2002; Tilly y Lesley, 2010; Touraine, 1981 y 1999). En la actualidad en Occidente se plantea que para analizar los movimientos sociales se requiere conocer el contexto de la movilización, la dinámica a nivel micro, que se asocia con lo local, y la dinámica psicológica (Grasso y Giugni, 2022).

Es de destacar que la idea de movimientos sociales no es excluyente de otras categorías de análisis como la acción colectiva o la protesta (Carrasco, Losino y Velaz, 2022; Svampa, 2009), de manera que el análisis está atravesado por un conjunto de vicisitudes teóricas y metodológicas (Santamarina Campos, 2008) que buscan ahora conocer a los actores sociales, las reivindicaciones, la capacidad organizativa y los alcances de la movilización social (Modonesi e Iglesias, 2016). Que tienen cierta complejidad y fluidez, con su propia lógica (Munck, 2021; Useem y Goldstone, 2022), además de que como procesos colectivos sus participantes se plantean imaginarios (Antje y Platzky, 2022).

Asumiendo que las teorías dominantes para el análisis de los movimientos sociales siguen vigentes (Modonesi e Iglesias, 2016), es claro que, cuando menos, en el ámbito latinoamericano en la actualidad se plantea una perspectiva crítica de las teorías clásicas (Bonifacio, Wahren y Villagrán, 2017), lo que posiblemente derivó en una perspectiva ecléctica, que en el fondo permite el análisis de los movimientos sociales considerando sus orígenes, su etapa de apogeo y crisis (Svampa, 2009), incluso en su etapa de derrotas y conflictos internos. Así, no necesariamente son espontáneos, ni se diluyen cuando fracasan en la obtención de sus demandas o cuando tienen éxito en ellas, es decir, presentan y representan historias acumuladas en la memoria colectiva (Tamayo y Olivier, 2022).

Por otro lado, los movimientos sociales se comienzan a revisar en su materialización territorial, es decir, el territorio como un terreno de resistencia civil no armada (Estrada, 2022; Hérnandez-Delgado y Mouly, 2019; Lilja, 2022) y de relaciones sociales, de disputas territoriales y formas organizativas (Bonifacio, Wahren y Villagrán, 2017; Modonesi e Iglesias, 2016; Santos, 2001; Svampa, 2009), no como un territorio vacío o sacrificable (Svampa, 2009), territorios con notables experiencias de vida comunitaria y con considerables exigencias de autonomía (Escobar, 2014; Modonesi e Iglesias, 2016), territorios en donde se materializa el conflicto social (Delamaza, 2019).

En América Latina puede verse que, en un primer momento (años 1960 a 1980), el análisis de los movimientos sociales se concentró en las luchas obreras, fundamentalmente en las zonas urbanas, con demandas de acceso a mejores condiciones de vida y laborales (Carrasco, Losino Demarchi y Velaz, 2022; Munck, 2021; Svampa, 2009). Es con el modelo neoliberal implantado en el hemisferio latinoamericano a fines de los años ochenta y con su apogeo en los primeros años de la década de los noventa que resurge la idea de movimientos sociales como categoría de análisis (Bonifacio, Wahren y Villagrán, 2017; Modonesi e Iglesias, 2016; Munck, 2021; Van den Berg, 2020), para dar cuenta de las formas de protesta y movilización ya no solo en el ámbito urbano, sino con más ímpetu en el ámbito rural en el que la propiedad de la tierra y de los bienes naturales se contraponen con las políticas neoliberales de explotación y despojo. Las que han derivado en mayor pobreza y desigualdad, más que en el cumplimiento de las ofertas de desarrollo (Iuorno y Jara, 2022).

De manera que la movilización indígena en la búsqueda de autonomía y del respeto a sus derechos (Kikken, 2021; Munck, 2021) es una respuesta a los procesos de despojo y explotación producto de los procesos de privatización y explotación de bienes naturales. En América Latina, como una copia de la política de los Estados Unidos, se construyeron y se construyen hidroeléctricas en la búsqueda del desarrollo y el crecimiento económico (Barabas y Bartolomé, 1992). Desde el enfoque de movimientos sociales, se han analizado las movilizaciones en contra de las represas para la generación de electricidad en Brasil, país en el que el movimiento antirrepresas ha generado cambios en las políticas hidroenergéticas nacionales e internacionales (Munck, 2021).

En México se ha encontrado que el ocultamiento de información y la falta de diálogo conducen a la oposición a los proyectos de represas o hidroeléctricos (Mézquita, Ruelas y Hernández, 2020; Poma, 2019). Por ejemplo, la pérdida de identidad y su cultura por causa de las represas es una preocupación de los yaquis (Hernández-Delgado, 2019). En Chile, la movilización en contra de los proyectos extractivos cobró fuerza después de 2010, hasta lograr movimientos intergeneracionales (Ponce, 2019); sin embargo, no se ha logrado modificar la política hidroenergética chilena, por lo que todavía se insiste en la realización de proyectos como Hydroaysén (Delamaza, 2019).

En Ecuador se han analizado las movilizaciones colectivas en oposición a proyectos hidroeléctricos en las provincias de Cotopaxi y Bolívar (Lorca, 2016). En Honduras se ha revisado el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, impulsado por una empresa china y el Banco Mundial, que provocó movilizaciones en contra y, consecuentemeente, violencia estatal contra la comunidad y asesinatos de los lideres opositores, de manera que se detuvo la construcción en 2017 (Varela, 2019). En 0'Panamá se ha reprimido a las poblaciones indígenas que se oponen a los proyectos hidroeléctricos, y en Costa Rica se ha observado que los territorios indígenas están amenazados por la posible construcción de represas hidroeléctricas (Kikken, 2021).

Las comunidades indígenas en Brasil han logrado incidir, con sus protestas, en que sean tomadas en cuenta en la discusión de la construcción de represas en general y de las hidroeléctricas en particular (Munck, 2021). Puede verse que los movimientos indígenas plantean su movilización tanto en el terreno de la identidad, como con la demanda de notables reivindicaciones económicas, de manera que el análisis no puede reducirse a una u otra dimensión (Modonesi e Iglesias, 2016). Las demandas, por lo general, se responden, por el Estado o la empresa privada, con acciones represivas, criminalización y hoy, más como medidas discursivas, buscan acciones de democracia participativa (Bonifacio, Wahren y Villagrán, 2017).

En Colombia, se han presentado más movilizaciones en contra de las represas a pesar de que el Convenio 169 de la OIT fue ratificado por ese país (Delamaza, 2019); sin embargo, debido a las denuncias de asesinatos, el gobierno colombiano se comprometió a detener el proyecto hidroeléctrico Urra II (Alba, 2018). Lo que no ocurrió con el proyecto Nare y la hidroeléctrica El Quimbo, en la que se hicieron manifestaciones de defensa del territorio y el agua y por el respeto a las identidades y modos de vida, buscando además detener la política energética colombiana (Botello, 2016; Espinosa y Naranjo, 2017; Tovar, 2020); pero también se puso en marcha el proyecto Hidrosogamoso, lo que provocó la creación del Movimiento Social en Defensa de los ríos Sogamoso y Chucurí en la vereda La Playa (Arenales, 2020).

En este artículo se pone énfasis en el surgimiento de un movimiento social con sus diversas formas de protesta (Tilly, 2002), así como con acciones en la dimensión cultural e ideológica en el marco de políticas hidroenergéticas enraizadas en el modelo neoliberal del gobierno colombiano (Mézquita, Ruelas y Hernández, 2020). El análisis no deja de lado que existe una continuidad organizativa de actores que no tienen poder frente a quienes lo detentan (Svampa, 2009), actores que se oponen a políticas de extracción o de explotación de bienes naturales en territorios indígenas y mestizos. Sin embargo, como aquí se documenta, el poder y dominación del Estado colombiano logró avasallar al movimiento de resistencia de los indígenas embera, pasando por alto los derechos territoriales.

Surgimiento del movimiento embera-katío

Los grupos étnicos embera son considerados dentro de la bibliografía antropológica como uno de los grupos americanos que mayor resistencia opuso ante la conquista española, gracias a su proceso cultural de no tener gobiernos centralizados y de confederarse solamente en alianzas tácticas de guerra. Los embera, a la llegada de los españoles, se encontraban en expansión, para lo cual tenían como estrategia la guerra, con el fin de exterminar a sus enemigos y ocupar sus territorios (Pardo, 1980). Para el desarrollo de las estrategias era necesaria la existencia de jefes guerreros, quienes tenían un alto reconocimiento dentro de la sociedad y solo hacían una confederación de la población cuando era necesario.

Las familias ancestrales emberas vivieron la desaparición de la guerra abierta entre etnias, que fue consecuencia del establecimiento de la organización colonial, y esto a su vez fue ocasionando la desvaloración de los jefes guerreros y el desplazamiento de la autoridad hacia el apoyo de los estamentos coloniales (Salazar, 1990); como consecuencia de ello, para el siglo XIX los jefes guerreros se transformaron en jefes civiles aunque sin territorio reconocido por La Colonia. En el Alto Sinú la conformación territorial la proporciona la existencia de comunidades, las cuales están integradas por asentamientos familiares, es decir, familias extensas que comparten un mismo asentamiento ribereño; cada comunidad tiene su propia autoridad.

Previo al proceso organizativo de los cabildos entre las décadas de los setenta y ochenta del siglo XX, cada comunidad embera-katío tenía la representación y el liderazgo de un jefe tradicional, que debía ser elegido por los jefes de cada familia nuclear, quienes eran los abuelos. Estos jefes tenían como función representar al conjunto de familias (la comunidad) frente a las demás comunidades. A su vez, los jefes zonales, por río, escogían un jefe mayor para que ejerciera control sobre cada río (Sinú, Esmeralda y Verde), y dentro de las funciones de los jefes mayores se encontraba la representación ante el Gobierno Nacional en términos oficiales (Centro de Investigaciones de la Universidad de Córdoba [CIUC], 1985).

En la década de los setenta, la lucha embera-katío radicaba en la exigencia de la titulación de las tierras pertenecientes a ellos bajo la figura de resguardo. En 1973 el pueblo indígena solicitó al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) la titulación de las tierras que habitan, con el objetivo de contrarrestar las amenazas de despojo por parte de colonos y aserradores. Esta solicitud fue negada y cuatro años más tarde es creado el Parque Nacional Natural Paramillo, por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (INDERENA) sobre la casi totalidad del territorio embera-katío, situación que es denunciada públicamente por medio del periódico Unidad Indígena:

A pesar de haber solicitado repetidas veces que el gobierno delimite claramente nuestras tierras y entregue a la comunidad la respectiva escritura de la misma a fin de evitar la penetración de colonos, no hemos recibido otra cosa diferente a promesas que nunca se cumplen. En los últimos años, afrontando cuantiosos gastos de pasaje nuestra comunidad ha enviado dos comisiones a Bogotá para exigir la delimitación de nuestra reserva y lo único que han traído es un simple reconocimiento del cacicazgo por parte de la división de asuntos indígenas (Unidad Indígena, 1976, p. 4).

En esa misma década de los setenta empieza a ser evidente la posición contraria y de denuncia frente a la construcción del proyecto hidroenergético y a ser planteadas estrategias de movilización social, como la única forma de hacer hechos los derechos de propiedad y control del territorio, así como de ejercicio de la autonomía. En la década de los ochenta, inician las relaciones directas entre el pueblo indígena y la empresa encargada de construir la hidroeléctrica. En este inicio aún no existía la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), por lo que la primera entidad que los representó fue la Fundación Comunidades de Colombia (FUNCOL), una entidad privada conformada por abogados y antropólogos que se enfocó en representar a pueblos indígenas en enfrentamientos con proyectos de desarrollo. FUNCOL, de origen misionero católico jesuita, funcionaba como intermediaria y cobraba a las empresas representantes de los proyectos por la mediación que hacían; esta fundación se caracterizó por desarrollar programas de atención primaria a comunidades indígenas y campesinas. En este contexto, es importante mencionar que existen actas de reunión firmadas de los años ochenta, que evidencian que la intermediación tuvo como objetivo establecer compromisos de parte de la empresa, encargada de las obras, con las comunidades indígenas embera-katío. Es decir que durante la década de los ochenta no se dio una resistencia en contra del proyecto, sino más bien una situación de negociación frente a lo que el pueblo indígena recibiría a cambio.

En los noventa, el apoyo se recibió de parte de la ONIC y de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), a partir de lo cual se crea una de las organizaciones actuales. La ONIC aparece en escena para colaborarle a los líderes embera que comenzaron la oposición al proyecto hidroeléctrico, y ayudó en la organización política en forma de cabildo indígena; con ello comienza a darse un giro organizacional e identitario de las familias embera para enfrentar la construcción de la hidroeléctrica Urrá I, por lo que la figura de cabildo se dio como forma de representación política centralizada y unificada.

La ONIC fue fundada en 1982 como resultado del segundo Congreso nacional indígena con cuatro principios fundamentales: unidad como forma de fortalecimiento, tierra como esencial para vivir, cultura para la persistencia de la identidad y autonomía como ejercicio de autoridad (Andrade, 2010). Estos principios se ven reflejados en las organizaciones indígenas regionales que han tenido el acompañamiento de la ONIC y claramente son parte esencial de la organización política embera.

A partir de esto, es comprensible que bajo la influencia de la ONIC en 1995 los lideres Embera-Katío hayan considerado como necesaria y mejor opción, para enfrentar la construcción de la hidroeléctrica Urrá I y para exigir la titulación del resguardo, la adopción del cabildo como forma de representación política centralizada y unificada, lo que ha inducido cambios en las formas tradicionales del poder, regularmente conformadas por parentelas que viven en trechos del río y sin autoridades centralizadas. El asesoramiento de la ONIC y de otras organizaciones indígenas en Colombia fue buscado por los líderes embera preocupados como Kimy Pernía, quien previamente, junto a su primo Cipriano Restrepo Domicó, habían buscado apoyo en la OIA.

Con este apoyo, en 1995 se constituye el Cabildo Mayor Embera, con Simón Domicó Majoré como su único representante. La inmersión en el ámbito político del pueblo Embera-Katío en contacto con la sociedad nacional, por medio del establecimiento de un único cabildo constituido legalmente, recomendación hecha por la ONIC, se sustentó en el sentido de que una organización indígena soportada en la unión era la manera más conveniente para luchar por los derechos sobre el territorio, el cual es catalogado y concebido por los embera-katío como necesario para la reproducción social, económica, cultural y física, al mismo tiempo que es importante porque en el territorio hay ríos, hay montañas, hay animales, hay plantas medicinales, es decir, beneficios para el futuro. A partir de esto, se entiende que el territorio es la garantía de la integridad del pueblo indígena, debido a que es en ese espacio donde se minimiza el conflicto social (Gómez Zárate, 2011).

Un año más tarde, en 1996, a consecuencia de las amenazas de parte de grupos paramilitares, del conflicto interno por la explotación maderera y de la falta de experiencia en un gobierno centralizado, el Cabildo Mayor no logró llegar a acuerdos en cuanto a la toma de decisiones en torno a la posición por adoptar políticamente frente a la construcción de la hidroeléctrica, y, por ende, se da la segmentación inicialmente en dos representaciones organizativas: Cabildos Mayores del Río Sinú y Río Verde y Alianza de Cabildos Menores de Río Esmeralda y Fracción del Sinú. Las dos organizaciones representan a comunidades; la segunda, en particular, se conformó con las comunidades que estaban a favor de la continuación de la explotación de la madera, y a su vez se ha subdividido. La división inicial favoreció la negociación entre la Empresa Urrá y los Embera-Katío, debido a que se presentaron condiciones favorables para realizar dos mesas de concertación, con lo que se obtuvo la aprobación por parte de los Cabildos Menores a cambio de proporcionar rápidamente el dinero de la indemnización. En lo que sigue, la discusión se centra en los Cabildos Mayores del Río Sinú y Río Verde porque esta organización llevó a cabo diferentes formas de movilización social que tuvieron un reconocimiento considerable.

La autoridad planteada por la organización Cabildos Mayores de Río Sinú y Río Verde consiste en una comisión que opera desde las alianzas familiares en cada comunidad hacia la autoridad del Cabildo Mayor, en el cual hacen presencia los miembros de las familias. Son las alianzas familiares las que transfieren al Cabildo Mayor la autoridad, la cual se aumenta a medida que este último tiene mayor validez en las relaciones con el Gobierno Nacional para lograr que se proporcione la prestación de servicios como salud, educación, programas de producción y proyectos de inversión.

La constitución interna de los Cabildos Mayores de los Ríos Sinú y Verde está compuesta por Cabildos locales, Consejo Territorial Indígena de los Ríos Sinú y Verde y Organización de Alguaciles (Jenenés). Los primeros representan a cada una de las comunidades embera-katío y son elegidos anualmente en una reunión general de la comunidad en un consenso entre familias; y aunque tienen autonomía para desempeñar el gobierno interno, deben cumplir con las políticas de los Cabildos Mayores de los Ríos Sinú y Verde. El Consejo Territorial Indígena de los Ríos Sinú y Verde está compuesto por un representante de cada una de las comunidades, cuida del bienestar de las comunidades, así como también dirige el ordenamiento territorial del Resguardo. Por último, la Organización de Alguaciles (Jenenés) se trata de jóvenes encargados del control territorial del resguardo y también del control interno en las comunidades.

El pueblo Embera Katío del Alto Sinú ha sido uno de los pueblos indígenas que en Colombia ha empleado todos los recursos legales que ofrece el sistema jurídico nacional, y que ante su inoperancia y el asesinato de sus líderes ha recurrido a la movilización, la denuncia y las acciones no violentas, siendo sus armas los bastones, como símbolo de dignidad. Dentro de este marco de no violencia y de exigencia de aislamiento del pueblo indígena del conflicto armado, el discurso de la autonomía y gobernabilidad indígena se hace más fuerte, pues las familias embera-katío no quieren que su resguardo sea escenario de guerra y exigen respeto a su neutralidad frente al conflicto armado.

Acciones como movimiento social indígena

El movimiento social embera-katío se destaca por tres momentos distintivos, en los que se enmarcan diferentes acciones típicas de la movilización social en Colombia y en América Latina, y que, además, caracterizan las estrategias y el proceso organizativo en contra del proyecto hidroenergético. El primero es el acto simbólico de despedida al río Sinú en 1994, año que marca el inicio del uso de la protesta en contra de la hidroeléctrica Urrá I. El segundo momento es la presentación del Plan Embera Jenené en 1995 por el Cabildo Mayor Embera, como medida de mitigación de los impactos ocasionados, y, por último, el uso de herramientas jurídicas como acciones de tutela y demandas.

Do Wambura: hito histórico embera

El apoyo y asesoría de la ONIC planteó como primera acción hacer visible la problemática de la construcción de la hidroeléctrica, con la intención de mostrar regional, nacional e internacionalmente el gran número de familias emberas habitantes de la parte alta del río Sinú, que fueron afectadas negativamente por el planteamiento y el inicio de la construcción de la hidroeléctrica Urrá. Los indígenas, con el apoyo de asesores jurídicos de la ONIC, comenzaron a organizar un recorrido por el río Sinú, que fue denominado Do Wambura: 'adiós río'.

Inicialmente los líderes embera-katío informaron a sus familias, con el fin de organizarlas, para que fueran consiguiendo balso para realizar los planchones tradicionales de transporte fluvial, y acopiaran la comida necesaria como maíz, plátano y arroz. Como medida informativa, los representantes embera-katío avisaron a la empresa Multipropósito Urrá S.A. que se quería hacer un acto simbólico con la intención de despedir al río en vista de su próxima desviación, la que se haría con el fin de construir el embalse. De esta manera, el 4 de noviembre de 1994, con el acompañamiento de la ONIC representada por Abadio Green y teniendo a Kimy Pernía Domicó y a Simón Domicó como representantes embera-katío, se dio inicio a la marcha fluvial indígena de 142 planchones con 665 niños, ancianos, jaibanás, mujeres y hombres embera-katío con el lema Do Wambura, Daibia Oyirada: 'adiós río', 'el que nos trae el bien' (ver foto 1), lema con el que se pretendía hacer referencia a la gran abundancia de peces disponible para la alimentación durante la época de verano. Esta marcha pasó por Frasquillo, Tierralta y Montería, lugares en los que hubo voces de apoyo y demostraciones de interés hacia la causa del movimiento social indígena, quienes a su vez consideraron esto como una muestra de solidaridad. La memoria colectiva recuerda este rito de despedida en 2018, cuando en conmemoración se reprodujo la marcha en balsas por el río Sinú hasta el embalse Urrá (ver foto 2).

Foto 1. Do Wambura, 1994

Fuente: CAMAEMKA

Foto 2. Conmemoración del Do Wambura, 2018

Fuente: Investigación

El destino final fue el municipio de Santa Cruz de Lorica, donde llegaron ocho días más tarde, el 12 de noviembre, lugar en el que los embera-katío permanecieron durante diez días y pronunciaron que, además de despedir al río, tenían el propósito de reclamar sus derechos como habitantes del Alto Sinú y por ende denunciar las afecciones sufridas y por venir, a causa del megaproyecto hidroeléctrico. Es así como exigían una reunión con el Gobierno Nacional y la Empresa Multipropósito Urrá S.A., para lo cual fueron elegidos algunos embera-katío que participarían en una comisión negociadora que se trasladó a Bogotá el 18 de noviembre, para asistir a una reunión con el Ministerio del Interior, la Presidencia de la República, la Empresa Multipropósito Urrá S.A., la Defensoría y la ONIC.

El resultado de esta reunión fue que el 22 de noviembre se logró firmar un acta de compromiso entre el pueblo Embera-Katío y la Empresa Multipropósito Urrá S.A., donde se establecieron las bases para el proceso de consulta previa para la licencia de la segunda etapa de la obra. Se aceptó entablar negociaciones con los indígenas en torno a una indemnización y amortiguación de impactos presentados. En este mismo sentido, el INCORA y el Ministerio de Agricultura se comprometieron a sanear el territorio indígena, a través de la compra de las mejoras a los campesinos, para así permitir una redistribución de la población Embera-Katío.

La relevancia del Do Wambura es el significado que tiene al presentarse como la primera protesta masiva y colectiva, que además fue un éxito político al lograr llamar la atención a nivel nacional e internacional. Es un hito en su proceso de lucha y resistencia, pues por medio de este acto simbólico se comienzan a evidenciar las implicaciones socioculturales que generaría la desviación del río Sinú, y la posterior construcción y operación de la hidroeléctrica. Desde el inicio, el Do Wambura fue planteado como un ritual porque dentro de la cosmovisión embera, el río como contenedor de sitios sagrados iba a ser alterado y los médicos tradicionales recomendaron hacer este ritual como forma de contención de posibles afectaciones simbólicas. Este ritual es motivo de orgullo y prestigio, al ser un hecho recordado y mencionado cada vez que hombres, ancianos y mujeres, sin distinción, hablan acerca de la lucha indígena. Para el Do Wambura, los embera Álvaro Rubiano Domicó, Neburuby Chamarra y Efraín Chamarra realizaron un himno (ver tabla 1) que recuerda las razones que se tuvieron en cuenta para hacer la marcha, la importancia del río y sus peces en términos culturales y socioeconómicos para la identidad embera-katío, y finalmente para recordarle a las próximas generaciones su deber de rememorar este momento, lo cual se refuerza al cantar el himno en las escuelas de cada una de las comunidades y en las asambleas generales con la participación de toda la población embera-katío.

Plan Embera Jenené

En los inicios de la organización embera-katío, los líderes presentaron unas medidas para la solución o mitigación de los impactos a través de un plan de etnodesarrollo denominado Plan Embera Jenené. Este Plan fue elaborado por profesionales asesores del Cabildo Mayor, quienes fueron financiados por la Empresa Multipropósito Urrá S.A., como resultado del Acta de Compromiso suscrita el 22 de noviembre de 1994 entre la Empresa Urrá, el pueblo indígena y la ONIC, cuyo propósito fundamental consistió en la compensación de impactos. El objetivo principal del plan, presentado en 1995 ante los representantes de la empresa encargada del proyecto, consistió en que luego de cinco años previstos de financiamiento y cogestión con la Empresa Urrá, los indígenas estuvieran preparados para autogestionar los programas y proyectos que lo componen.

El Plan Embera Jenené, paradójicamente, dice tener un sustento cultural y de identidad en el árbol jenené, el cual contiene un significado particular relacionado con el agua y los peces, que son elemento y alimento vital que proporciona Karagabí, el dios creador del mundo embera-katío dentro de su cosmovisión. El árbol jenené se soporta sobre cuatro raíces estructurales, lo que permite asimilarlo en términos representativos con el pueblo Embera-Katío, razón por la cual las cuatro raíces deben ser fortalecidas. En el plan le fue asignado un nombre y un significado político a cada una de las raíces: La primera, Embera Wandra o raíz de la organización, es todo lo relacionado con la autonomía de gobierno y población, y el objetivo es garantizar la supervivencia del pueblo y el fortalecimiento de su cultura. La segunda, Kirincha Wandra o raíz del pensamiento y la cultura, es la que mantiene la historia como cohesión y es la generadora de identidad. La tercera, Drua Wandra o raíz del territorio, es la base de la organización y la cultura porque en la relación con el territorio se sustenta la cultura embera-katío. Finalmente, la cuarta y última, Oizhibari o raíz de los bosques, el agua y los animales, está relacionada con el cuidado y preservación de ellos.

Este plan de etnodesarrollo contenía nueve campos de acción: gobierno y autonomía embera-katío, población, educación, cosmovisión, planificación territorial, poblamiento, comunicaciones, recursos abióticos y uso productivo y sostenible de los recursos. Nueve programas: fortalecimiento del gobierno y la autonomía embera-katío, sistema integral de salud embera (SISE), sistema de información de población, educación, ordenamiento del territorio, reasentamiento de las familias afectadas, transporte multimodal, ordenamiento y manejo de los recursos naturales y seguridad alimentaria. Todo lo anterior se operacionalizó en veinte proyectos.

El Plan Embera Jenené tuvo diferentes fuentes de financiación y cofinanciación, donde participaron los Cabildos Mayores, la Empresa Urrá, distintas ONG, la alcaldía del municipio de Tierralta, Dasalud, la gobernación de departamento de Córdoba, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales, el Ministerio del Medio Ambiente, la Corporación autónoma Regional del río Sinú y el San Jorge (CVS) y el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF).

La articulación de los embera-katío en la figura de cabildo, junto con la presentación del plan de etnodesarrollo y la exigencia de financiación a este plan, marca el inicio de una organización moderna aceptada socialmente a nivel nacional. En este proceso organizativo, y como consecuencia de la alianza con la ONIC, el pueblo Embera-Katío del Alto Sinú comienza a entenderse como un movimiento social indígena que a partir de un principio de diferencia cultural busca la construcción de una identidad cultural colectiva (Ulloa, 2004), la cual se da en términos históricos y relacionales. Al respecto, hay que tener presente que la perspectiva del movimiento social se basa en la defensa del territorio, la cultura y la identidad ligada a un lugar particular (Escobar, 2001); por esto, los embera-katío buscan reclamar los derechos sobre el territorio habitado, luchando por la autonomía sobre los recursos naturales y la autodeterminación como pueblo indígena.

La presentación pública del Plan Embera Jenené anuncia un ingrediente más del movimiento social que consiste en reclamar el derecho a la participación política y social, para lograr generar una política cultural alternativa (Fals Borda, 1986), es decir, luchar con el fin de resignificar y replantear las interpretaciones de la cultura política (Escobar, 1999). En este sentido, los autores analizamos que el Plan Embera Jenené permitió generar un cambio de manera real de modelo y actitud de la Empresa Urrá, y asimismo, lograr un apoyo para superar todas las dificultades impuestas por el proyecto hidroeléctrico y afrontar las nuevas condiciones de vida, mediante procesos adecuados de participación y cooperación. Así como también se le exigió a la Empresa Urrá que conociera y reconociera los derechos de integridad cultural, social, política y territorial, de propiedad sobre el territorio y los recursos naturales, y de autonomía.

Movilizaciones y Elementos Jurídicos

Un tercer momento fundamental en el movimiento embera-katío fueron las protestas y las acciones jurídicas. En 1996 los embera-katío decidieron ocupar las instalaciones del INCORA en Montería sin obtener resultados. Luego tomaron la decisión de ocupar la Embajada de Suecia, porque la hidroeléctrica tuvo inversionistas suecos; de este acto obtuvieron, el 23 de octubre de 1996, la firma de un convenio entre la Empresa Multipropósito Urrá S.A., el INCORA, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Minas y Energía y el pueblo Embera-Katío del Alto Sinú, en el que se acordó que a la empresa, dueña del proyecto, le correspondía cumplir con los compromisos del plan de etnodesarrollo y financiarlo hasta el año 2000. Además, el pueblo exigió, como condición previa a la inundación, el pago del servicio ambiental por el mantenimiento de los bosques y las aguas.

La empresa interrumpió la financiación del plan, bajo el argumento de que había una crisis de legitimidad de los representantes indígenas, por la división interna que se presentó en 1996, de la fragmentación del primer cabildo en dos nuevas organizaciones políticas. Como consecuencia de esto, y por el incumplimiento de la consulta previa y las irregularidades presentadas dentro del acuerdo concertado entre los embera-katío, fue negada por el Ministerio del Medio Ambiente la ampliación de la licencia, que contemplaba el llenado y la operación de la hidroeléctrica. Esta serie de incumplimientos de los acuerdos firmados, no solo por parte de la empresa sino también de las instituciones estatales, generó la movilización embera-katío que se encauzó por medio de elementos jurídicos. De esta manera los Cabildos Mayores de río Sinú y río Verde presentaron, en agosto de 1998, una acción de tutela ante el Tribunal Superior del Distrito Superior de Montería y ante el Tribunal Superior del Distrito Superior de Bogotá, en contra del Presidente de la República, los ministros del Interior, Agricultura, Medio Ambiente, y Minas y Energía, la Empresa Multipropósito Urrá S.A., así como la Alcaldía de Tierralta, por la violación de sus derechos al no realizarse la consulta previa, por la ausencia de estudios sobre los impactos ecológicos y culturales de la construcción y operación, por el incumplimiento en la financiación del Plan Embera Jenené y por la retención de transferencias.

Paradójicamente, estas tutelas fueron consideradas como improcedentes por cada uno de los tribunales mencionados, con el argumento de la existencia de un conflicto interno en el pueblo Embera-Katío. Estos fallos fueron retomados en noviembre de 1998 por la Corte Constitucional, con Carlos Gaviria Díaz como Magistrado ponente, y así las sentencias de improcedencia son revocadas por medio de la sentencia T-652, en la que se rescatan los derechos fundamentales a la supervivencia, a la integridad étnica y cultural, a la participación y al debido proceso.

La decisión de la Corte Constitucional considera al pueblo Embera-Katío del Alto Sinú como uno solo, afirmando que "todos ellos constituyen un solo pueblo, y son capaces de acudir en defensa de los derechos fundamentales de la comunidad que conforman, más allá de las eventuales diferencias internas" (Corte Suprema de Justicia, T-652, 1998). Con relación a los perjuicios ocasionados por la construcción de la hidroeléctrica, se ordenó a la empresa Urrá indemnizar a cada mujer, hombre, niña y niño embera-katío por los impactos ocasionados, con una mensualidad acordada entre las partes, durante 20 años a partir del inicio del llenado del embalse. La sentencia de la Corte Constitucional ordenó que la indemnización fuera individual, pues ordena tener en cuenta el número de habitantes para el desembolso de la cantidad global, a pesar de que la organización indígena pedía que fuera dada de forma colectiva.

Lo anterior, junto con la inexperiencia en el manejo del dinero, ha provocado una crisis social, económica y cultural, que ha ocasionado una desestructuración social debido a que consecuentemente se han generado afectaciones. La indemnización consistió en una mensualidad para cada persona durante 20 años. Es así como la empresa tuvo que crear un programa de indemnización para las comunidades indígenas, a través del cual se creó un fondo que se ha manejado bajo la modalidad de fideicomiso, que cada organización política o cabildo reconocido administra. El siguiente paso en la conducción del dinero fue de los cabildos a los gobernadores de cada comunidad, quienes se encargan de hacer llegar el dinero a cada persona a través del jefe familiar.

El acceso al dinero ha generado monetarización o mercantilización de la cultura embera-katío. Esto se manifiesta en los altos costos de los servicios de jaibaná, médico tradicional; en la presencia del dinero en las celebraciones embera-katío, las cuales se utilizan para obtener beneficio monetario, y en el pago por la colaboración en el trabajo del cultivo, lo que ha desplazado el intercambio de favores que ha sido costumbre por excelencia. La presencia mediadora del dinero en las relaciones sociales es innegable, pues se ha acopiado espacios que son nuevos entre los embera-katío, pero no desconocidos para ellos porque son característicos de las sociedades sinuana y la antioqueña, con las que han tenido su mayor contacto. Al recibir cantidades de dinero no usuales, muchas familias embera-katío accedieron de manera propia e individual a johnson, nombre de la canoa con motor fuera de borda que proviene de la primera marca que llegó a la zona, así como también a plantas eléctricas que funcionan con gasolina, televisores, equipos de sonido, grabadoras, ventiladores, parlantes, podadoras, motosierras, pilas y linternas, entre otros. El comercio interno ha surgido como contexto de gran parte de las relaciones familiares y amistosas; por ejemplo, la posesión de johnson proporciona facilidad para el desplazamiento hacia los puertos de Frasquillo y Crucito, principalmente. Esta situación suministra ganancias al propietario del johnson de manera inmediata en pasajes, pues el flujo de personas hacia los poblados es considerable debido a la intención de comprar bienes de consumo en los mercados vecinos, que reflejan los marcos culturales occidentales, lo cual se ha incrementado por el fácil acceso al dinero que da la indemnización.

Con estas consecuencias, y a pesar del reconocimiento del derecho a la diferencia y del perjuicio por el no cumplimiento con la consulta previa, las consideraciones que se tuvieron en cuenta, particularmente con la orden de la indemnización, emiten claramente un mensaje de resignación hacia las familias embera-katío, pues la continuación del megaproyecto, llenado del embalse y operación, se suspende temporalmente mas no definitivamente, al exigir la realización de la consulta previa como requisito para la aprobación de la licencia ambiental, y adicionalmente se le niega al pueblo indígena la posibilidad de continuar con sus prácticas económicas tradicionales.

El cumplimiento del fallo de la sentencia T-652/98 no se dio totalmente ni de manera regular, pues a pesar de que en agosto de 1999 se dio inició al proceso de consulta previa, no se llegó a ningún acuerdo y en septiembre del mismo año la consulta fue cerrada. La empresa Urrá, en medio de la división interna, optó por negociar exclusivamente con un sector del pueblo indígena y se acordó la cantidad de dinero de la indemnización solamente con una de las partes. Esta forma de negociación y acuerdo fue validada oficialmente y el Ministerio del Medio Ambiente en 1999 expidió la licencia ambiental de llenado y operación por medio de la resolución No. 838.

Con la intención de denunciar el incumplimiento de la sentencia y reclamar sus derechos, 180 personas embera-katío, de la organización Cabildos Mayores de río Sinú y río Verde, iniciaron, después de la emisión de la licencia ambiental, una marcha hacia Bogotá que se instaló en los jardines del Ministerio del Medio Ambiente en donde permanecieron durante más de cuatro meses para llamar la atención y solidaridad del país y de organismos internacionales. En febrero de 2000 se dio un proceso de concertación entre el pueblo Embera-Katío y el gobierno nacional y se firmó un acuerdo, en el cual los compromisos gubernamentales fueron el respeto y la protección a los líderes indígenas y sus asesores.

Sin embargo, el gobierno nacional no cumplió aquellos y continuaron las violaciones a los derechos humanos: asesinatos y desapariciones forzadas de líderes indígenas. Los mayores ataques fueron por parte del grupo paramilitar contrainsurgente Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Fueron asesinados diferentes líderes políticos y espirituales embera-katío, como Alonso Domicó, Alejandro Domicó, Lucindo Domicó, Rubén Mosquera Pernía, Januario Cabrera, María Jarupia, José Jarupia, Augusto Lana, José Ángel Buruchiro y Rafael Lana. También sucedieron retenciones de personas, quema de embarcaciones, instigaciones con violencia y desapariciones forzadas. Un evento muy importante fue el asesinato, en junio de 2001, de Kimy Pernia Domicó, el dirigente más importante porque fue el iniciador de la movilización en contra del proyecto hidroeléctrico.

En este marco se hizo una segunda movilización social de más de 400 personas embera-katíos, de los Cabildos Mayores de río Sinú y río Verde, que se declararon en Asamblea Permanente en 2004 frente a la oficina de la Empresa Urrá S.A. ESP., que se encontraba en el barrio exclusivo El Recreo de Montería². En tal fecha, el comité negociador embera-katío, líderes y lideresas representantes de los Cabildos Mayores de río Sinú y río Verde, ocupó la sala de juntas, mientras que los demás se instalaron en los antejardines de la empresa Urrá. En un comunicado público, estos mismos representantes exigieron la presencia de los ministros de Educación, Salud, Medio Ambiente, Minas y Energía, Interior y Justicia, y la conformación de una mesa negociadora con el gobierno nacional. A mediados de noviembre, gracias al viaje de una comisión negociadora a Bogotá, se estableció una agenda en donde se contempló un cronograma de discusiones, unos ejes temáticos y la metodología de las discusiones. Estas no duraron mucho, y fueron suspendidas sin explicación; los representantes de la empresa Urrá exigieron el retiro de la Asamblea Permanente de las oficinas de la empresa, ante lo cual la comisión negociadora embera-katío, acompañada por guardias indígenas del Cauca, se trasladaron hasta el Ministerio del Interior y Justicia para exigir la reanudación de las conversaciones. Esta se logra y se concluye con la firma de un acta de reanudación de las conversaciones avalada por el ministro del Interior y de Justicia, con una agenda de quince días para llegar a acuerdos fundamentales.

Sin embargo, las negociaciones con el gobierno nacional no tuvieron éxito, ante lo cual los representantes de los Cabildos Mayores de río Sinú y río Verde decidieron el traslado de la Asamblea Permanente al Ministerio del Medio Ambiente en Bogotá; pero varias patrullas de la policía nacional no les permitieron el acceso y los obligaron a pasar la noche en las oficinas de la ONIC. Después de una marcha por la carrera séptima, calle insignia y céntrica de la ciudad de Bogotá, se ubicaron en los jardines del Ministerio de Ambiente; pero al día siguiente, en horas de la madrugada la fuerza pública los desalojó por la fuerza, lo que los obligó a marchar nuevamente hacia las oficinas de la ONIC, en donde ratificaron su decisión de no retornar al Alto Sinú hasta que el gobierno nacional cumpliera (Baleta López, 2005). Finalmente, el 8 de abril de 2005 se protocolizó la firma del acta de acuerdo cuyos temas principales fueron: el régimen especial para la creación del resguardo del pueblo Embera, los derechos humanos a la vida y a la integridad física y el cumplimiento de las recomendaciones de las instancias de derechos humanos. El apoyo del movimiento indígena colombiano creó nuevas formas de trabajo y de relaciones en la organización política embera-katío, que permitieron tener un mayor impacto de la problemática ocasionada por el proyecto hidroeléctrico. Es así como se obtuvo apoyo de instancias civiles tanto nacionales como internacionales.

La lucha embera-katío: punto de partida para luchas contra proyectos hidroenergéticos

El movimiento social embera-katío ha tenido transformaciones que en gran medida fueron direccionadas por las organizaciones representativas del movimiento indígena colombiano, como la ONIC, la OIA y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Dentro de los lineamientos planteados por los Cabildos Mayores de río Sinú y río Verde se destaca la definición del territorio, puesto que es una preocupación nueva que se hace evidente con el proceso organizativo y de lucha, y se presenta como exigencia debido a su importancia para la supervivencia y a su dificultad de acceso desde finales del siglo XX.

Las familias embera-katío son un pueblo que tradicionalmente realizó migraciones, como ya se expuso, para salvaguardarse de los ataques externos en la época de la conquista y la colonia españolas; sin embargo, esta estrategia no la han podido repetir desde el siglo pasado, precisamente por la no disponibilidad de tierras. El territorio dentro del discurso político embera significa supervivencia: de él salen los recursos de producción, de construcción de la vivienda, de curación de enfermedades, de alimentación, todo esto en una interrelación que es marcada por prácticas territoriales como los cultivos de plátano, maíz y arroz; la pesca en la época de la subienda de los peces migratorios durante el verano, y la caza cuando los peces son menos abundantes, con pautas de equilibrio respecto a los recursos. Es decir que el territorio se siente como espacio de lo cotidiano y de la relación con los demás seres naturales y sobrenaturales, además de ser el espacio de acción cultural, que va más allá de los límites legalmente reconocidos, pues hay una relación histórica con el territorio.

El planteamiento político e identitario del territorio, junto con los demás que han sido explicados en el presente artículo, han conllevado a una reformulación de la identidad social y política embera-katío, pues la identidad se dinamiza en el conflicto, debido a los intereses que se ponen en juego y a las acciones sociales que de allí se derivan (Zambrano, 1995). Es así como se entiende que gracias a la intervención de la ONIC y a través de esta nueva relación se llegaron a gestar nuevas estrategias de lucha y resistencia, tales como el uso de herramientas jurídicas y acciones colectivas, enmarcadas dentro del fortalecimiento de la identidad cultural embera-katío, por medio de la recuperación de la memoria histórica y la exaltación de la cotidianidad, de manera particular en reuniones organizativas. Tal es el uso de la pintura facial con Kipará, y la institución de la danza como acto cultural en dichas reuniones, lo que se hace con la intención de afianzar la cultura, porque por medio de ella se rememora el ser Embera-Katío. Estas nuevas estrategias les han permitido visibilizar a nivel nacional e internacional su problemática.

El uso de estas estrategias para la defensa de su territorio e identidad se pueden enmarcar en el concepto de movimiento social como constructo social, es decir, que se gestó una nueva estructura que conllevó a que la movilización perfilara las manifestaciones de los sentimientos de pertenencia, unidad y solidaridad (Zambrano, 2001). El sentimiento de pertenencia se relaciona con la disposición de autorreconocimiento del "ser Embera-Katío" de manera explícita, debido a que parte de la estrategia política es marcar la diferencia cultural, socioeconómica y política entre la sociedad nacional y el pueblo Embera-Katío.

La unidad es movida por la defensa del territorio y la exigencia de derechos que garanticen la supervivencia del pueblo indígena, como divergencia a la situación que provocó el proyecto hidroenergético de desposesión del territorio para la construcción de la hidroeléctrica. Por último, la solidaridad se presenta como un fin por conseguir de la sociedad nacional e internacional, lo cual se hace por medio de la visibilización de la situación de vulnerabilidad sufrida por el pueblo indígena, y al mismo tiempo este sentimiento se presenta como una estrategia política de detención o de obstáculo frente a la empresa Urrá.

La movilización social rural en contra de la hidroeléctrica Urrá marca el inicio de formas de enfrentarse a este tipo de proyectos extractivos, y en gran parte está relacionada con formas de acción de movimientos sociales indígenas; pero también campesinos. El mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional fue durante la primera década del presente siglo, y en esta misma década se conforman formas solidarias de organización como la Red Nacional de Pueblos Afectados y Amenazados por Represas y Trasvases, a través de la cual se generaron alianzas que permitieron brindar apoyo y asesoría sobre las posibles estrategias para contrarrestar los impactos en las poblaciones locales por la construcción de proyectos hidroenergéticos. Esta red dio vida al Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por las Represas, ¡Ríos Vivos!, que se planteó como objetivo procurar que la política energética respete la autodeterminación y los derechos de las comunidades locales que habitan las zonas donde se planean estos proyectos.

En particular, este movimiento ha estado presente en los proyectos que se han desarrollado en forma posterior al de Urrá, como lo son Quimbo, Hidrosogamoso e Hidroituango. Con relación a la hidroeléctrica Quimbo, la sociedad civil se organizó a través de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (ASOQUIMBO), a través de la cual interpusieron diferentes acciones jurídicas, así como también movilizaciones para reclamar el respeto por sus derechos como habitantes ancestrales del territorio afectado (Defensoría del Pueblo, 2017). Para el caso de Hidrosogamoso, los pobladores locales fundaron el Movimiento Social por la Defensa del Río Sogamoso, a través del cual organizan protestas en la zona y marchas hacia las ciudades principales de Colombia, así como también instauraron demandas; todo con el fin de denunciar los abusos y la falta de atención de parte del Estado (Roa Avendaño y Duarte, 2013).

Finalmente, Hidroituango es el caso más reciente que aún no ha entrado en operación, lo que no quiere decir que esté absuelto de afectaciones e impactos sociales, por lo que ha habido diferentes formas de protesta, encaminadas por el Movimiento Ríos Vivos, el cual manifiesta que su apoyo se ha dado por la violencia política y social que ha ejercido el Estado colombiano con la intención de proteger los intereses de quienes promueven la hidroeléctrica (Zuleta, 2021). Entre las primeras exigencias de las comunidades locales estuvo la instalación del diálogo y búsqueda de la participación social en la toma de decisiones; esto, similarmente a los casos anteriores y al de Urrá, a través de movilizaciones pacíficas y acciones de litigio.

Las luchas contra las represas y las hidroeléctricas en Colombia, a partir del caso de Urrá y el movimiento social indígena Embera-Katío desde finales de los noventa, han tenido unas mismas formas de operación, que han sido, principalmente, movilizaciones masivas y acciones jurídicas: demandas, acciones de tutela y acciones populares, alianzas estratégicas entre grupos sociales afectados a nivel nacional e internacional, así como también con movimientos ambientales y ecológicos. De esta manera, se han asegurado tener presencia en diferentes espacios políticos de cada región y del país y, por ende, a través del poco reconocimiento de sus derechos se ha logrado cambiar ciertas directrices y mostrar cierta efectividad de la resistencia social.

Reflexiones finales

El pueblo indígena entró en una dinámica de movimiento social de manera amplia y abrupta, por lo que también se presentaron dificultades debido a los nuevos cambios para relacionarse políticamente con las instituciones estatales. De esta manera, la representación bajo la nueva forma de gobierno, al estilo moderno de cabildo indígena, ha generado que muchos mayores con prestigio y autoridad hayan tenido que ceder la representación a jóvenes, debido a que en la actualidad se presenta como necesario para la elección de los Nokos (gobernadores) el hecho de que haya estado integrado en la estructura escolar, lo que garantiza que sepa leer y escribir, herramienta o instrumento que permite establecer la relaciones políticas y, por ende, defender su territorio.

Estas nuevas formas de representación en alternancia con las tradicionales han generado dos situaciones problemáticas en cuanto a la gobernabilidad embera-katío³. En primera instancia, la falta de legitimidad que pueden llegar a tener algunos líderes jóvenes por el desconocimiento que las comunidades tienen de ellos, puesto que se les considera desconocedores de la memoria histórica del pueblo indígena, y esto debilita la acción a nivel interno en espacios de conflicto. La segunda situación es que cuando se elige a un anciano con autoridad tradicional se logra gobernabilidad en las comunidades, pero se dan falencias en la gestión a nivel externo, es decir, en las relaciones con las instituciones estatales.

El movimiento social indígena en Colombia, en general, fue marcado por el camino de la lucha campesina; en tal sentido, uno de los primeros objetivos fue la recuperación y la defensa de tierras. Sin embargo, el progreso y el recorrido de un camino propio ha hecho que la lucha indígena pusiera entre sus objetivos centrales y permanentes la defensa de la propiedad colectiva, del control de los bienes naturales, de la autonomía y del gobierno propio. Para esto se ha aprendido a utilizar diferentes estrategias clásicas de los movimientos sociales, como entrar en las dinámicas judiciales a través del uso de diferentes elementos jurídicos; asimismo, la protesta a través de movilizaciones masivas como marchas o plantones en las instituciones estatales.

Este camino fue recorrido por el movimiento indígena del pueblo Embera-Katío, el cual, como ya se ha dicho, estuvo guiado por trayectorias anteriores; pero la experiencia propia agregó estrategias y objetivos para que poblaciones rurales, es decir, no solamente indígenas, supieran cómo enfrentarse a los proyectos hidroenergéticos. Por eso, además de hacer lo expuesto en el párrafo anterior, consideran importante adoptar procesos internos de aprendizaje sobre movimiento social que generen unidad en torno a la identidad sustentada en la supervivencia, lo que se logra solo a través de la permanencia en el territorio.