Del edén al infierno: inseguridad y construcción estatal en Tabasco

Introducción

El estado de Tabasco está ubicado en el sureste mexicano, donde comparte frontera con Guatemala. Cuenta con una superficie de 24 578 kilómetros cuadrados que representa el 1.3% del territorio nacional y concentra el 33% del agua dulce del país. De 1990 a 2010 esta entidad experimentó un complejo proceso de petrolización económica que sostuvo la “modernización forzada” o “ensamble desarrollista” (Tudela, 1989; Uribe, 2003), y permitió a las burocracias estatales construir y sostener una amplia red de control político electoral (Ramírez, 2014). Sin embargo, en la última década los gobiernos estatales enfrentaron una severa crisis producida por dos fenómenos exógenos. El primero es la disminución de la producción de hidrocarburos a partir de la caída internacional del precio del petróleo en 2007 y de la reforma petrolera en 2014, con lo cual la producción nacional bajó un millón de barriles diarios y la aportación de Tabasco a la producción nacional pasó del 25.5% en 2013 al 14% en 2017. El segundo es la reducción de ingresos que tuvo el gobierno estatal con la entrada en vigor en 2007 de la nueva Ley de Coordinación Fiscal y la nueva regla de asignación presupuestal de recursos petrolíferos a los estados.¹

Ambos fenómenos tuvieron efectos importantes en los sectores público y privado. Por un lado, al reducirse los contratos y disminuir la plusvalía, las empresas sudamericanas y norteamericanas subcontratadas por Pemex para realizar tareas de exploración y servicios se retiraron de la entidad y, en consecuencia, los sectores inmobiliario, arrendatario y de servicios se vieron afectados directamente; y, por otro lado, al suspenderse la asignación de recursos de la paraestatal a los diecisiete ayuntamientos, las administraciones municipales recurrieron al despido masivo de empleados como medida para disminuir el gasto corriente que a finales de 2016 alcanzó el 80% de sus presupuestos. El desajuste económico en su conjunto propició que entre 2016 y 2017 alrededor de 50 000 trabajadores perdieran sus empleos y que la pobreza pasara de 260 300 habitantes (11%) en 2014 a 284 200 (11.8%) en 2016 (CONEVAL, 2017).

La falta de contención gubernamental a esta crisis económica emergente en el último lustro configuró un complejo proceso de reajuste social conflictivo que dio paso a una distribución forzada de la propiedad privada, que “convierten al edén en un infierno”. En esta concatenación de cambios económicos y sociales nos preguntamos: ¿qué tipo de Estado se construye en Tabasco frente a los desajustes sociales y la inseguridad que se configura en el tránsito de una sociedad determinada por la actividad petrolera? Y derivamos como planteamiento hipotético que el desajuste económico y social, potenciado por los intersticios que abrió el crimen organizado, articuló una coyuntura anómica que sobrepasó las capacidades estructurales y logísticas del Estado, con efectos regionales diferenciados. En este sentido, nuestra ruta metodológica se dirige a reflexionar sobre la construcción estatal como un fenómeno multifactorial el cual se configura empíricamente en coyunturas económicas y procesos de desarreglo social que nutren y permiten la expansión regional de la inseguridad y las violencias (Cisneros, 2015). Los datos que alimentan la reflexión provienen de instituciones estatales y federales, así como de organismos independientes encargados de monitorear la inseguridad y medir la pobreza como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Semáforo Delictivo, el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y el Observatorio Nacional Ciudadano, así como de información hemerográfica e insumos cualitativos derivados de la observación y la aplicación de entrevistas semiestructuradas en la región Centro-Chontalpa.

Dimensiones de análisis del Estado

La discusión en torno a la construcción del Estado se ha dado desde dos perspectivas, lo que ha generado una vasta tipología y una nutrida tonalidad semántica. La primera perspectiva la aporta la escuela tradicional, que centraliza el estudio del Estado y lo considera un ejecutor del bienestar y garante de los derechos de los asociados, así como la entidad que detenta el monopolio del uso legítimo de la fuerza para mantener el orden, tal como sostuvo Max Weber (1997). En esta vertiente de análisis se sitúa la categoría de “Estados fallidos”, los cuales alcanzan un nivel máximo de disfuncionalidad que les impide regular la vida social y asegurar el monopolio legítimo de la violencia (Zapata, 2014); en este orden están también los “Estados colapsados”, considerados incapaces de proporcionar identidad jurídica y seguridad física, y que delegan algunas de sus funciones a entidades políticas privadas (Rojas, 2005). En ambos casos, estos Estados suelen enfrentar guerras civiles o externas que los debilitan institucionalmente.² Por último se encuentran los “Estados débiles”, que tienen una funcionalidad media y, aunque no viven una guerra o conflicto violento interno generalizado y algunas instituciones cumplen una función deficiente, no llegan a la inoperancia. Al respecto, Susan Rice y Stewart Patrick (2008) consideran que esta falta o baja estatalidad se refleja en su escasa capacidad para cumplir funciones jurídicas y regular los altos niveles de impunidad y violencia en territorios completos.

La segunda perspectiva es la escuela crítica,³ la cual descentra el estudio del Estado y toma como temporalidad de estudio la etapa posdictatorial o de transición democrática que redefinió el contrato social y dio paso a nuevas relaciones sociales a partir del activismo de grupos opositores al régimen en América Latina.⁴ Tanto los conflictos internos como las recesiones económicas allanaron la construcción de una nueva estatalidad que redefinió el papel de las fuerzas de seguridad estatal y de la sociedad civil en un orden no dictatorial. Sin embargo, esta oleada de transición a un régimen democrático ocasionó un reajuste en la mayoría de los gobiernos de los Estados en formación⁵ debido a que muchos de ellos no fueron capaces de administrar y resolver las convulsiones internas con bases democráticas, lo que dio paso a la construcción de Estados frágiles, incompetentes para asumir las funciones que la nueva gobernabilidad les demandaba. En esta vertiente, se ubican los “Estados fracasados” (Tedesco, 2007), caracterizados por su incapacidad para establecer igualdad ante la ley, para disuadir los poderes oligárquicos y las prácticas clientelares y corporativas, y para combatir eficientemente los altos niveles de corrupción política y social y el débil equilibrio y control entre los poderes del Estado. Esta línea de análisis se enmarca en las denominadas “reformas de primera generación”, que buscaban sanear la precariedad de la economía sin reestructurar las instituciones del Estado, tarea que cumplirían a destiempo las “reformas de segunda generación” (García, 2003:99-108).

Para explicar la conformación regional del Estado en Tabasco tomamos como instrumento de reflexión teórica la segunda perspectiva porque considera al Estado una construcción permanente, al mismo tiempo que incorpora la acción de sus agentes en la vida cotidiana y en espacios locales donde su presencia puede ser hegemónica (Roseberry, 2002) pero también puede configurar un “Estado en las sombras” (Gledhill, 2008), el cual permite la ilegalidad y actúa en ella. Esta dimensión nos resulta asequible para reflexionar sobre la construcción del Estado porque parte de un abordaje relacional de actores formales e informales con funciones cambiantes (Domínguez, 2016) que determinan la reconfiguración del territorio donde éstos se asientan.

Con base en lo anterior, partimos de que la construcción regional del Estado se da de manera diferenciada debido a que las regiones enfrentan procesos disímiles de desarrollo que, si bien pueden ser significativos en la dinámica económica local, implican procesos de acumulación capitalista desigual que alimentan los desajustes sociales, dificultan la gobernabilidad y generan crisis de credibilidad y déficit de efectividad gubernamental en el combate a la pobreza (Rodríguez, 2012). Frente a esta realidad diferenciada por la inseguridad y las violencias, el Estado puede asumir distintas morfologías regionales. Por un lado, puede evidenciarse como garante del ejercicio legítimo de la fuerza, de las libertades ciudadanas, del afianzamiento democrático y de la gobernabilidad y, por otro lado, puede mostrarse incapaz para generar bienes políticos básicos y enfrentar la hegemonía territorial que ejercen los grupos de poder local ilegales que, incluso, pueden llegar a configurar un “segundo Estado” (Segato, 2013).

Los nutrientes del desarreglo social

Los súbitos cambios económicos y sociales en Tabasco por la crisis petrolera constituyen los principales nutrientes de la disrupción parcial del orden social. Aunque el declive petrolero inició hace tres décadas (Uribe, 2003), en el último lustro el descenso de la producción nacional propició que entre 2015 y 2017 alrededor de quinientas empresas locales ligadas a esta actividad cerraran (Vinagre, 2018a). Esto favoreció un masivo despido de trabajadores directos e indirectos de Pemex y propició que la tasa de desocupación en Tabasco alcanzara un promedio anual del 8%, cifra récord que mantiene a la entidad en los primeros lugares de desocupación nacional (INEGI, 2018). La conformación de esta crisis económica, además de ensanchar las desigualdades, abona al quebranto de los basamentos “moral y ético” (Segato, 2013) del orden social, que a través de la emergencia y expansión de conductas ilícitas articulan un proceso de anomia social⁶ derivado de la falla institucional que impide que los individuos de una sociedad alcancen sus objetivos, lo que deriva en conductas al margen de lo que se considera legal o aceptable tal como lo manifiesta un informante.

Yo creo que lo que está pasando en Tabasco es una descomposición, son desarreglos en la interacción de la sociedad que se empiezan a generar choques y enfrentamientos desde el seno familiar, de las comunidades. Esto no es que los pobres vengan a agredir a los ricos, es un asunto de posesión; yo necesito, yo tomo porque el sistema por las vías que tiene establecidas no me lo permite. No hay empleo, salud, educación, diversión, y todo está normalizado de otra manera [por lo] que todas estas gentes que no poseen tienen que obtenerlo. El arreglo está cimentado en el comportamiento y éste en la ética, que estaba sustentada en valores morales que establecían cómo se tenían que comportar las cosas. Entonces, cuando el comportamiento se empieza a desmembrar porque no hay credibilidad en las normas y en las reglas, empieza a haber esta manifestación de cambio, y cambio no quiere decir que sea lo bueno, las cosas están cambiando para satisfacer necesidades o requerimientos que están imperando en este contexto social.⁷

Un elemento destacable en esta ruptura de los límites sociales es la reducción de las oportunidades que ocasionó la crisis petrolera, la cual propició que alrededor de 14 000 tabasqueños pasaran a la franja de pobreza entre 2014 y 2016. La crisis propició también que el desempleo pasara de 7.3 a 8.2 entre 2017 y 2018, superando la media nacional de 3.2., y que el ingreso laboral per cápita real disminuyera 0.6% entre el cuarto trimestre de 2017 y el cuarto trimestre de 2018, al pasar de $1,364.73 a $1,355.90 pesos constantes, la cantidad menor desde 2014 (CONEVAL, 2018). En este sentido, la articulación entre el desempleo y la pobreza es un estímulo, entre muchos otros, que potencia la apertura de espacios para la acción social ilegal y la masificación de la delincuencia común.

Visto así, el desarreglo o anomia se ve avivado por las restricciones del acceso a satisfactores básicos que sufren amplios sectores debido al deterioro de las redes distributivas de salarios y el aumento de la exclusión social (Cisneros, 2015:41). Este quebranto del acceso al mercado, como modelo de integración social, abre cauces para el desborde de las conductas de adjudicación ilegal de la propiedad privada, debilita el orden social y da paso a un proceso gradual de desajuste social, tal como expone Cisneros:

Cuando en una sociedad se pierde la fuerza para regular e integrar a los sujetos, el resultado son consecuencias diversas, bien como secuelas de un desastre económico o bien por la ruptura del equilibrio del orden social o los lazos con la cultura y, en mayor medida, la capacidad para sublimar la tolerancia a la frustración; lo que implica que en ambos casos algunos de los integrantes del grupo social queden perturbados y desadaptados en relación a la nueva situación (Cisneros, 2015:142).

Aunque no puede establecerse la existencia de un vínculo directo entre pobreza y delito porque ello obedece a una relación imbricada de factores que incluyen la situación familiar, el contexto y las instituciones (Nateras y Zaragoza, 2107), puede considerarse que la exclusión económica de un estrato social respecto a otro, lo que se traduce en la reducción de oportunidades y en una limitada distribución de la riqueza en un contexto de crisis de oportunidades, contribuye a que algunos sujetos y grupos estén más dispuestos que otros a cometer delitos. Podemos argumentar entonces que esta coyuntura económica abre perímetros para la acción ilegal de grupos marginales asentados en colonias, barrios y poblados que conforman lo que aquí denominamos “delincuencia desorganizada”,⁸ que se expresa empíricamente en la emergencia de bandas con cierto grado de organización regional, incluso familiar, como Los Almeydao Los Calderón,⁹ y, en paralelo, en la expansión en colonias y poblados de pandillas cuya actuación ilegal permea gran parte de los espacios urbanos y rurales de la geografía estatal (ver Tabla 1).

Tabla 1. Ubicación de bandas locales en Tabasco, 2017

Foto 1

[i] *Los municipios aquí mencionados representan el 53.5% de la población total del estado y por ser los más inseguros son los que monitorea la autoridad judicial del estado. Fuente: Elaboración propia con información de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, INEGI (2010-2017), Castro (2015) y Olán (2017).

La expansión de este fenómeno como parte del reajuste y la inconformidad social que fructifica en las grietas de ilegalidad, la acción del narcotráfico y la debilidad del Estado, da paso a una redistribución salvaje de los bienes privados, de manera que la búsqueda de la posesión estimula el acceso a bienes sin respeto, sin reglas y sin mediación, tal como lo expresa un informante:

El socialismo salvaje [en Tabasco] se da cuando las personas necesitan las cosas, y las van a tomar de donde estén, es distribuir lo que existe a como dé lugar, ya no obedeciendo a las fuerzas del mercado, a la libre oferta y demanda. Aquí esto yo lo necesito y lo tomo, porque cuando operan las fuerzas del mercado se supone que la gente trabaja o tiene ingresos, y con eso va a poseer los bienes y servicios en el mercado. Acá no hay eso, porque si no hay trabajo, no hay producción, y el obrero o cualquier ciudadano que necesita algo no pueden operar su fuerza de trabajo para poderlo conseguir, pues lo va a tomar de otra manera. Eso se llama socialismo salvaje, yo voy a poseer lo que necesite de donde esté.¹⁰

Este quebranto de los vínculos entre sujeto y Estado obedece a la pérdida de los mecanismos de regulación e integración social y al quebranto de los lazos culturales que cumplen una función mediadora para contener la frustración social. Esto favorece el distanciamiento entre los sujetos y las normas debido a que, al devaluarse la credibilidad del Estado, se quebranta el respeto y la sociedad deja de ser un espacio relacional de seguridad. Esta ruptura del orden y de los lazos sociales fortalece la desconfianza en las instituciones -la escuela y la Iglesia, entre otras-, que otrora cumplían la función de diseminar los valores porque, en tanto previsores morales, dirigían y regulaban las relaciones sociales (Cisneros, 2015).

Esta disgregación social, al imbricarse con la violencia del crimen organizado, da lugar a la construcción de espacios o territorios inseguros donde prevalecen hechos violentos que carecen de autor visible y, por la constancia y el nivel de violencia con que son realizados, fungen como diseminante del miedo social.¹¹ En esta niebla que genera la inseguridad se eslabona una cadena de prácticas cotidianas al margen de la ley que beneficia a quienes participan en actos de corrupción institucional o social, lo cual tiene como base un orden informal que prescribe conductas y “permite a los ciudadanos acceder a ciertos bienes y servicios, incluso a derechos que, de otra manera, quizá nunca alcanzarían”.¹² La expansión de las conductas ilícitas entonces conforma “una amplia zona de acción ilegal que va desde realizar trámites o procedimientos evadiendo sin caer en la ilegalidad, hasta las acciones explícitamente criminales” (Salazar, 2015:199).

Esta descomposición social se esparce gracias a la “parálisis funcional” del Estado (Montero, 2012) pues, no obstante que es depositario de “los instrumentos de fuerza” -policías, jueces, cárceles- y los instrumentos técnicos y básicos para lograr la “ortopedia y la disciplina social” (Foucault, 2001), incumple sus funciones de vigilar el orden público, la vida y los bienes de los ciudadanos. La debilidad de las instituciones permite que el crimen organizado y de la delincuencia común se expanda, lo que da como resultado el incremento de los “delitos de alto impacto”.¹³ En la Tabla 2 se muestra esta tendencia ascendente (ver Tabla 2).

Tabla 2. Comportamiento de delitos de alto impacto en Tabasco 2012-2018

Tabla 2

[i] Fuente: Elaboración propia con información de Semáforo Delictivo (2012-2017); INEGI (2010-2017); CEDH Tabasco (2017); Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (2013, 2018); Observatorio Nacional Ciudadano (2017); SESNSP (2018).

Cerramos este apartado argumentando que la emergencia de la delincuencia común en Tabasco, conformada en su mayoría por sujetos jóvenes fuera del mercado laboral y en condición de pobreza,¹⁴ quebranta la relación Estado/sociedad debido a que los intersticios que se abren en esta débil relación erosionan la legitimidad de la burocracia estatal y configuran un Estado ausente o laxo en la aplicación de la norma que media en la convivencia social.

Narcotráfico y violencia

La inseguridad y la violencia derivadas de la presencia y expansión del narcotráfico son fenómenos territoriales imbricados que influyen en la construcción estatal. Aunque el Estado es un concepto polisémico, existe cierto consenso para entenderlo como “el conjunto de instituciones políticas y jurídicas que tiene como propósito salvaguardar los intereses que en lo personal, cada uno de ellos comparte: la conservación de su vida y sus bienes” (Flores, 2013:57). Tanto Maquiavelo (1998) como Hobbes (1968) apuntaron que la función del Estado estaba dirigida a “castigar la maldad de los hombres”, y con este fin fue provisto del monopolio de la fuerza para controlar los delitos y preservar el orden social. Esta potestad coactiva como medio para sancionar la desobediencia (Weber, 1997) lo acreditó para ejercer violencia y evitarla entre particulares, así como para proteger la existencia de la propiedad privada. Frente a esta concepción clásica es necesario cuestionarse cómo la inseguridad y la violencia derivadas del narcotráfico y de la delincuencia común condicionan las tareas del Estado y qué morfología regional asume éste en tales contextos.

En México, en los últimos tres lustros el narcotráfico o “cultivo, manufactura, distribución y venta ilegal de drogas” (Hurtado y García, 2013:35) ha conformado una estructura de poder que se asienta como una amenaza directa al Estado, a través de una estructura corporativa que le permite reacomodarse y expandirse en muchas regiones del país, particularmente en aquellas que se ubican en zonas fronterizas donde se desarrollaba una importante actividad económica (Robles, Calderón y Magaloni, 2013). En las décadas de los ochenta y noventa, los cárteles de la droga en México funcionaban como “empresas” con intereses estrictamente económicos, en tanto que en la primera década de este siglo empezaron a tener una participación más activa en la política electoral, lo que les permitió controlar algunas áreas estratégicas de un número importante de gobiernos municipales y estatales. Esto fue posible gracias a la construcción de circuitos de corrupción y connivencia con funcionarios gubernamentales que les facilitó el control de territorios (Chabat, 2005), y en ocasiones, como en el caso de Michoacán, la captura del Estado (Illades y Santiago, 2014).

En esta expansión de la violencia y de la inseguridad, el Estado ha evidenciado limitaciones para “salvaguardar la integridad física de la población, así como sus bienes” (Arellano, 2009:149), lo cual le permite a los cárteles de la droga asentar su hegemonía y convertir a las regiones en campos de excepcionalidad (Astorga, 2015; Maldonado, 2012). Aunque Weber (1997) consideró que las estructuras burocráticas estaban diseñadas “a prueba de fugas”, la connivencia de algunos funcionarios del Estado con los grupos ilegales fisuró las burocracias municipales y estatales y normalizó las “relaciones de cooperación no confesas con grupos criminales que, si bien necesariamente no operan en contra del Estado, sí rompen de facto el orden social que éste debe garantizar, con funcionarios públicos, electos o designados, formalmente encargados de perseguirles” (Flores, 2013:64). Esta complicidad favoreció la reproducción de relaciones violentas y se convirtió en el mayor desafío para la capacidad coactiva del Estado (Cunjama y García, 2014).

En los años noventa, el Cártel del Golfo tuvo una presencia discreta en los estados del sureste mexicano, sin embargo, con la atomización que vivieron los cárteles en el país, en los albores del siglo XXI inició un proceso de expansión hacia esta región y, con ello, un incremento en los índices de inseguridad y violencia (Cisneros, 2010). En el caso de Tabasco, el narcotráfico tuvo un asentamiento gradual. Desde el arribo del Cártel de los Zetas durante el gobierno en el estado de Manuel Andrade Díaz (2002-2006), la hegemonía del Cártel del Golfo empezó a fisurarse y la lucha por los territorios se intensificó. En tanto, durante la administración de Andrés Granier Melo (2006-2012) la burocracia estuvo infiltrada por la Cofradía o La Hermandad, un grupo delictivo local que operaba en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), liderada por Juan Cano Torres, titular de esta dependencia durante el gobierno de Manuel Andrade Díaz y coordinador de la Comisión Especial para la Transferencia de los Servicios Públicos a los municipios del estado en el gobierno de Granier Melo, cargos que ejerció hasta 2007, cuando fue detenido por la Policía Federal Preventiva (Ortega y García, 2013:141-142)¹⁵ después de adjudicarle un fallido atentado contra el secretario de Seguridad Pública, el general Francisco Fernández Solís. Esta infiltración también alcanzó a las fuerzas armadas comisionadas en Tabasco, ya que entre 2007 y 2008 fueron detenidos catorce mandos militares que colaboraron con los cárteles del narcotráfico, por lo cual la entidad ocupó el segundo lugar nacional, sólo detrás de Chihuahua con dieciséis (Cisneros, 2015). En ese gobierno, los cárteles del narcotráfico propiciaron una álgida disputa territorial que favoreció el incremento de los delitos asociados al crimen organizado y, en consecuencia, el aumento de hechos violentos.¹⁶ Durante la administración de Arturo Núñez Jiménez, la fragmentación de los cárteles a nivel nacional, derivada de la declaración de guerra contra el narcotráfico hecha por el gobierno mexicano en 2006, ocasionó el arribo de células de los cárteles Jalisco Nueva Generación, del Pacífico, del Golfo y Zetas. La llegada simultánea de estos cárteles ha generado una presencia regional imbricada que ha intensificado la lucha por la hegemonía territorial en la entidad (ver Mapa 1).

Mapa 1.

Foto 1

[i] Fuente: Elaboración propia con información de trabajo de campo, Hernández (2017), Vinagre (2018b).

Frente al avance de la violencia y la inseguridad que genera la disputa territorial de los cárteles del narcotráfico, el gobierno estatal ha realizado importantes esfuerzos para equipar y capacitar técnicamente los cuerpos policiacos. Hasta 2017 la entidad ocupó el noveno lugar del Índice de Desarrollo Policial ( Causa en Común, 2017), y el quinto lugar en número de efectivos policiales por cada cien mil habitantes con 348, sólo por detrás de la Ciudad de México, el Estado de México, Baja California Sur y Quintana Roo, y por encima de los 253, la media exigida por las Naciones Unidas. Este avance significativo en la entidad se debió también al proceso de capacitación y evaluación de las fuerzas policiales que el gobierno estatal puso en marcha (ver Tabla 3).

Tabla 3. Control de confianza de agentes de seguridad pública de Tabasco, 2018

Tabla 3

[i] Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP (2018).

No obstante que la capacitación de las fuerzas policiales estatales alcanzaron prácticamente los índices de confianza que las policías federales, la inseguridad se ha multiplicado y rebasado las capacidades estatales, puesto que entre 2015 y 2017 la entidad se ubicó en el primer lugar nacional en nueve de los doce delitos monitoreados por el SESNSP. Esta falta de seguridad pública forma parte de un déficit estructural que se articula a la insolvencia de las instituciones judiciales encargadas de impartir justicia, que para 2017 acumulaban un 92% de rezago en cuanto a la atención de las carpetas de investigación; por otra parte, en el mismo año los Ministerios Públicos ocuparon el quinto lugar de ineficiencia a nivel nacional, el séptimo lugar en desconfianza y el primer lugar en el tiempo -más de tres horas- que un ciudadano dedica a tramitar una denuncia. Esto ha propiciado que el 70% de los tabasqueños desconfíen de los “administradores de la justicia” (Limberopulos y Le Van, 2017),¹⁷ y por consiguiente que el 92% de los delitos no se denuncien.

Por lo anterior, podríamos sostener que este déficit estructural empieza a configura la morfología de un Estado fracasado, debido a “la incapacidad de las instituciones gubernamentales capaces de generar bienes políticos: seguridad física, instituciones políticas legítimas, administración de la economía y bienestar social” como menciona Tedesco (2007:7). Sin embargo, es necesario apuntar que la consideración sobre el fracaso del Estado va estar sujeta a esos procesos diferenciados de construcción regional del Estado, donde éste puede mostrase como un cuerpo institucional operativo con el monopolio de la fuerza, o en su defecto, como una burocracia incapaz de salvaguardar la integridad y derechos de los ciudadanos, y cuya presencia se vuelve intrascendente, tal como lo argumenta una informante: “Yo fui asaltada afuera de mi casa, denuncié, y la autoridad no hizo nada. Yo veo al gobierno incapacitado para enfrentar la delincuencia o está unido a la delincuencia. Me siento abandonada por el Estado, el Estado y nada es igual”.¹⁸

Esta falta de confianza en el Estado se encuentra intrínsecamente relacionada con la capacidad estatal para impedir que se haga frente a la inseguridad y la violencia y que éstas se asienten como un “elemento más de interacción social” (Cisneros, 2015:38) que dé paso a la configuración de una sociedad en resiliencia (Evans y Reid, 2016:50), que se vea obligada a “enrejarse”, “armarse”, contratar seguridad personal, recurrir a cámaras ocultas y “salir lo menos posible a la calle a ciertas horas” (Sánchez y Pardo, 2016).

Expansión y diversificación de las violencias

En la última media década (2014-2019), la inseguridad derivada del narcotráfico ha dado lugar en muchas regiones de México al ensanchamiento y diversificación de las violencias. En Tabasco, desde la primera década de este siglo empezó a acentuarse un proceso de descomposición gradual que años atrás habían padecido estados como Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa y Veracruz, por la disputa territorial, la atomización y la expansión de los cárteles del narcotráfico (Maldonado, 2012). Aunque el cártel de los Zetas se asentó en buena parte del estado y tomó como base de operación la región de La Chontalpa, la reciente incursión del cartel Jalisco Nueva Generación y los Viagras ha dinamizado la disputa por “la plaza” y se han multiplicado los crímenes de “segundo Estado” o de “Estado paralelo” (Segato, 2013). Esta álgida disputa territorial ha propiciado una expansión de hechos violentos diversificados en los que se “inscriben las huellas del poder total”, que fungen como diseminadores del silencio y el miedo (Reguillo, 2012:34-35). Por un lado, empiezan a ser recurrentes los “ajustes de cuentas” a través de ejecuciones grupales¹⁹ y se ha multiplicado la aparición de “cuerpos rotos” o “desmembrados”, que exhiben “la vulnerabilidad del enemigo inerte” al que no se abate simplemente, sino se le exhibe para despojarlo de su condición humana (Cavarero, 2009:43). Al mismo tiempo subyace otro tipo de “violencias disgregadas” con cientos de cuerpos inertes “regados” a lo largo del territorio, y cuya iconografía se difunde cotidianamente en los medios de comunicación y las redes sociales. Esta expansión de las violencias ha propiciado un crecimiento sostenido de los homicidios en Tabasco (ver Tabla 4).

Tabla 4. Homicidios anuales por cada cien mil habitantes en Tabasco

Tabla 4

[i] Fuente: INEGI (2010-2017); Semáforo Delictivo (2012-2017).

Este aumento de la letalidad contrasta con la falta de estrategia estatal para enfrentar la crisis de integración social y la construcción de espacios culturales “que sirvan como vías para contener los problemas de los individuos y, por ende, de la violencia que responde a valores y normas establecidos por la formula dominador-dominado” (Cisneros, 2015:37), y convierten la violencia en un “dispositivo de modelaje, aprendizaje y disciplinamiento de los sujetos” (Reguillo, 2012:37). Esta construcción de conductas violentas tiene como base el uso de la fuerza ilegal (Palafox, 2013), que se expresa como un tipo de “violencia directa” que expanden los grupos ilegales ligados al narcotráfico, y se asienta en la “violencia estructural”, producto de “las desigualdades y condiciones de vida” (Rodríguez, 2012:44). Un ejemplo de esta última son las condiciones de violencia que padecen las mujeres en Tabasco, cuya incidencia pasó del 14% en 2010 al 33.8% en 2016, debido al aumento de agresiones en la familia, maltrato físico, hostigamientos, abusos y explotación sexual.²⁰ En este sentido, las violencias producidas por la presencia del narcotráfico se integran a la vida cotidiana y se entrecruzan con otras formas de violencias estructurales, tal como el aumento del maltrato a niños en las escuelas, de los feminicidios y de la violencia familiar,²¹ las cuales son validadas y legitimadas dentro de la normatividad y las reglas de convivencia (Cisneros, 2015), cuyo efecto inmoviliza, aísla y debilita las relaciones comunitarias que brindan condiciones de seguridad a la población.

Regiones inseguras dinámicas

Como se mencionó en líneas anteriores, la inseguridad y la violencia derivadas de la actividad del narcotráfico presentan una expansión territorial diferenciada, y regularmente se asientan en regiones con fuerte actividad económica y ubicación fronteriza estratégica para el trasiego de drogas (Astorga, 2001). Esto propicia la configuración de territorios o regiones inseguras donde prima la ilegalidad. En Tabasco, la región Centro-Chontalpa (ver Mapa 1)²² configura uno de estos territorios debido a su intensa actividad comercial y su colindancia con los estados de Veracruz y Chiapas, por lo que se ha convertido en un paso obligado para el tránsito de mercancías ilegales hacia el resto de los estados del sur y el centro del país.

Bajo la hegemonía del narcotráfico, esta región llegó a convertirse en el centro de las actividades ilícitas y de delitos de alto impacto debido a que, por un lado, el municipio de Centro -donde se ubica Villahermosa, la capital del estado- concentra las actividades administrativas del gobierno estatal, el 38% de las unidades económicas y el 53% de la población económicamente activa (INEGI, 2014), lo que propicia una movilidad diaria de 800 000 personas del resto de los municipios hacia éste. Las condiciones económico-demográficas mencionadas permiten que en este municipio germine y se concentre la delincuencia organizada y desorganizada, que ha ocasionado una alta incidencia de delitos comunes y de alto impacto en 2016 y 2017.²³ Por otro lado, los municipios de Cárdenas y Huimanguillo, al desplegar una fuerte actividad comercial, agropecuaria y de la industria petrolera (Pinkus y Contreras, 2012), atraen a un sector de la migración centroamericana que, al ver truncado el “sueño americano”, se establece en los bordes de esta región. La comunidad Chontalpa, Huimanguillo, aledaña a las vías del tren, es un ejemplo de estos “no lugares” (Cisneros, 2015:39) palmarios de violencia donde la migración local y extranjera se imbrican. Estos asentamientos se replican por donde circula La Bestia -tren de carga que llega hasta el norte del país que durante décadas los migrantes utilizaron como principal medio de transporte-, el cual atraviesa el 70% de la geografía estatal. No obstante, a partir de 2016 el gobierno mexicano intensificó las medidas coercitivas contra los migrantes y prohibió el uso de este medio de transporte; posteriormente, con la llegada del nuevo gobierno federal a finales de 2018, el tránsito migratorio se flexibilizó e intensificó por el territorio nacional.

Desde los años noventa, el narcotráfico se asentó en esta región gracias a la connivencia que estableció con autoridades municipales y “empresarios” regionales.²⁴ Con la expansión de los Zetas en la década de los años 2000, las bandas locales rurales y urbanas se multiplicaron y empezaron a fungir como vigías y operadores territoriales de este cártel, lo que propició que el índice de algunos delitos superara la media nacional (Pérez, 2016). En 2016, el abigeato en Tabasco ocupó el primer lugar nacional, con una tasa del 34.06%, en tanto que la nacional fue del 4.04%, con una tendencia a la alza del 15% respecto a 2015, siendo Huimanguillo y Cunduacán los municipios que presentaron una incidencia superior a la media nacional. Por otra parte, el robo de automóviles tuvo un crecimiento del 40% en la entidad de 2015 a 2016, ya que pasó de 2250 a 3508 casos, de los cuales el 75% se registraron en la región Centro-Chontalpa. Este ilícito es una actividad central en la economía criminal ( Pérez Hernández, 2017) y tiene una intrínseca relación con otros delitos como el secuestro, el cual ha experimentado un crecimiento del 2.41%, superior a la media nacional que registró un 0.65%. La disputa entre los grupos delictivos en esta región propició un crecimiento importante de homicidios en los municipios de Centro, Cárdenas y Huimanguillo, ya que en 2016 se llevaron a cabo 175 de los 276 homicidios que se contabilizaron en el estado, en tanto que en 2017 se produjeron 230 de los 338 registrados en el estado y, en 2018, 313 de los 508. Destaca también que en esta región, en el mismo periodo (2016-2018), el número pasó de 47 a 63 homicidios, lo cual significa que el porcentaje de eventos de este delito pasó del 55% al 62% en la entidad, en tanto que el número de extorsiones pasó de 79 en 2016 a 255 en 2018, lo que representa el 77% de la extorsiones que se llevaron a cabo en la entidad; destaca que, en este rubro, el porcentaje creció un 700% en el municipio de Cárdenas.²⁵ Este incremento de la incidencia delictiva se debe a que la policía municipal carece de capacidad logística y armamentística para enfrentar estos delitos y, no obstante que el número de elementos policiales aumentó en la entidad, su presencia es escasa,²⁶ lo cual potencia y facilita la comercialización de la violencia y la cosificación de la vida (Cisneros, 2015).

La limitada presencia estatal permitió también que la ilegalidad se expandiera a través de una “economía sumergida” (Schneider y Enste, 2000), controlada por los Zetas, que articuló actividades informales e ilegales en la región, las cuales involucran el servicio de transporte, la trata de personas, la venta de ganado, y el robo y comercio de combustible ohuachicol.²⁷ La demanda y la rentabilidad nacional del combustible ilegal en el mercado negro propició el crecimiento de esta práctica a nivel nacional, ya que entre 2014 y 2017 las tomas clandestinas pasaron de 3674 a 10 363, respectivamente. En Tabasco, en el mismo periodo se registró una disminución importante, al pasar de 275 tomas a 144, respectivamente. Sin embargo, la región Centro-Chontalpa, por su ubicación adyacente a los ductos, fue la que registró el mayor índice de robo y comercialización de combustible (Uribe, 2018; Oro Negro, 2018).

Esta economía subterránea ha generado una amplia red de beneficiarios rurales que los vincula a los cárteles hegemónicos, bajo intersticios de complicidad colectiva en la región para actuar en la ilegalidad.²⁸ La efervescencia de este mercado ilegal ha dado lugar también a la emergencia de intermediarios o “empresarios” ilegales, siendo un caso emblemático Sergio Meza Flores, El Sorullo, quien hasta 2017 logró monopolizar el mercado regional e integrar una red de operación y comercialización interestatal de gasolina “ordeñada” que se comercializaba a través del corredor que forman los estados de Tabasco, Veracruz y Puebla. No obstante que Meza Flores fue abatido en 2017 por la policía estatal, el liderazgo regional fue asumido por su esposa.

La ausencia o la presencia limitada del Estado permite que esta región se convierta en lo que atinadamente Rosana Reguillo denomina un “Territorio de la paralegalidad” (2012:43), donde germinan también grupos sociales organizados con “estrategias individuales y colectivas, cívicas o armadas” (Schedler, 2015:191) para defender los espacios público y privado. La defensa incluye cumplir tareas de vigilancia ycaptura de delincuentes mediante el uso ilegal de la violencia, que se advierte en la entrada de colonias y pueblos: “si capturamos algún delincuente no será entregado a la autoridad y será linchado”. Esta acción colectiva, legitimada por la inacción del Estado, potencia los “imaginarios piratas” (Reguillo, 2012), que predisponen a la población a la ilegalidad y a evaluar prácticas fuera de la legalidad.

Estos grupos urbanos y rurales, que emergieron en el municipio de Cárdenas entre 2013 y 2017, presentan variaciones importantes en su morfología y acción. En las cabeceras municipales se encuentran desde grupos moderados que sólo cuestionan las grietas burocráticas,²⁹ hasta grupos barriales organizados que construyen redes intercoloniales y despliegan estrategias de comunicación con silbatos, alarmas y radios, así como de castigo que incluye el uso de garrotes y látigos para inhibir e infligir castigos, siendo el referente más significativo el grupo denominado Pueblo Unido contra la Delincuencia.³⁰ Por otro lado, en las rancherías y ejidos han emergido grupos de defensa armados que no tienen presencia permanente, y otros, como los del poblado C 27, que supervisan permanentemente la entrada y salida de la comunidad.

La emergencia de estas acciones colectivas para legales encaminadas a cumplir tareas de autodefensa es un fenómeno complejo que guarda diferencias axiomáticas con las “guardias comunitarias” emanadas del sistema de usos y costumbres de los pueblos indígenas, como las del estado de Guerrero (Flores, 2013), así como con las autodefensas michoacanas consentidas por el Estado y financiadas por empresarios agrícolas, las cuales lograron adquirir una capacidad técnica armamentística importante que les permitió expandirse por casi todas las regiones del estado y alcanzar capacidad de negociación con el gobierno federal (Ventura, 2012; Gledhill, 2015).

La “autodefensa tabasqueña”, sin liderazgos visibles, manifiesta la construcción de “consensos ilegítimos” y permisibilidad para la emergencia de la violencia colectiva. En este sentido, los “linchamientos” o “ajusticiamientos populares” empiezan a conformar una vía ilegal de acceso a la “justicia por propia mano”, que oculta al victimario y se convierte en el principal método de castigo colectivo (Santillán, 2008). Con el aumento de la inseguridad, entre 2015 y 2017 este tipo de violencia colectiva sufrió una expansión estatal y regional (ver Tabla 5).

Tabla 5. Linchamientos en Tabasco 2015-2018

Tabla 5

[i] Fuente: Elaboración propia con datos de CODEHUTAB (2015-2017), Pérez (2016); Lemus (2016).

La mayor incidencia de este tipo de ajusticiamientos colectivos paralegales tuvo lugar en la región Centro- Chontalpa, ya que en ella en 2016 se registraron 50 de los 122 casos, de los cuales 29 se dieron en el municipio de Centro, 17 en Cárdenas y 4 en Huimanguillo (CODEHUTAB, 2015-2017). A través de estos métodos de castigo colectivo, los grupos organizados infligen altos niveles de violencia en zonas rurales y urbanas desprotegidas, que van desde sujetar a las personas a árboles o postes de luz en la plaza pública o ultimarlos a golpes, hasta rociarlos con gasolina y prenderles fuego. Asimismo, regularmente suceden en presencia de los agentes de la seguridad pública, que sólo intervienen para rescatar a las víctimas de la violencia social. En este contexto de debilidad estatal empiezan a ser habituales los ajusticiamientos públicos producto de las disputas territoriales de los cárteles y bandas locales, en espacios públicos, horarios diurnos y en presencia de la población.

Esta expansión de la violencia social expresa una compleja construcción estatal (Gamallo, 2014) en la que subyace la “sustitución de un estado para crear un orden donde no es posible asegurar que las contra estrategias populares dirigidas a restablecer un sentido de orden y de justicia resulte siempre bien” (Salazar, 2015:215). Manifiesta una forma de privatización ilegal de la violencia que, en una “zona difusa” como esta, la población utiliza colectivamente para disipar la autoría individual y el delito, lo que provoca la ruptura de los límites del control social cuando los afectados por la delincuencia “ejercen violencia frente a situaciones que ponen en riesgo los principios de convivencia pacífica” (Rodríguez, 2012:44).

El Estado ha entrado entonces en un juego resbaladizo que lo ubica en una línea muy delgada entre la omisión, la incapacidad y la tolerancia a la acción de los cárteles del narcotráfico en territorios inseguros como ocurre en el caso de la región en cuestión. Esto lo posiciona, en palabras de Misse (2010, citado en Maldonado, 2012) como un productor de “mercaderías políticas”, que facilita o permite deliberadamente la existencia y expansión de los grupos y los mercados ilegales.

En suma, la región Centro-Chontalpa constituye un parámetro de construcción compleja del Estado en el cual la presencia de éste no configura una hegemonía que contenga la acción de los cárteles de la droga ni la inseguridad y la violencia que éstos generan, sino que permite que la delincuencia organizada funcione como un Estado alterno al constitucionalmente establecido. En este marco, la construcción estatal enfrenta desajustes sociales por los efectos de la crisis económica regional, así como por la emergencia de nuevos actores y mercados ilegales que complejizan y tensan la relación entre la sociedad y el Estado, y donde la ley no funciona como reguladora de esta relación.

Apuntes finales

La hipótesis sobre el Estado fracasado, aunque sigue siendo debatible, permite evaluar el funcionamiento estatal, la disfuncionalidad y las grietas que éste presenta. Esto nos llevó a contrastarla con una visión constructivista del Estado en una sociedad transicional, convulsionada por la inseguridad que generan la delincuencia común y el narcotráfico. También nos condujo a buscar rutas de análisis nuevas para explicar los elementos erosionantes de la legitimidad del Estado y sus cuerpos administrativos que evidencian un tipo de construcción estatal débil, debido a las grietas que la connivencia con los grupos ilegales genera en las instituciones, así como intersticios que la inseguridad generalizada abre para la emergencia de otros grupos que interactúan frente al Estado, como las bandas organizadas, que obstruyen la convivencia pacífica y determinan la construcción estatal.

En consonancia con el problema planteado al inicio de este trabajo, sostenemos que la inseguridad es una sobrecarga para el Estado y una amenaza para la gobernabilidad que sostiene la relación Estado- sociedad. En este sentido, agregamos que la incursión del narcotráfico y de la delincuencia común forma parte de esta construcción estatal deficitaria, y que al mostrar el Estado sus limitaciones logísticas y tecnológicas permite a la emergencia de un Estado paralelo que controla la economía ilegal, se beneficia e incentiva el quebrantamiento de la ley en una sociedad depauperada. También sostenemos que la connivencia del Estado con los cárteles de la droga y su incapacidad para “hacer cumplir la ley” convierten a las regiones afectadas en ínsulas de poder a merced de los cárteles del narcotráfico, donde prevalece la excepcionalidad de la ley en el accionar de grupos que expresa disímiles ángulos y caras de la construcción del Estado.

En esta coyuntura, donde la presencia regional del Estado es testimonial y las dinámicas sociales se desarrollan en campos de ilegalidad, las iniciativas locales como las “autodefensas”, aunque resultan limitadas frente al poderío y la expansión de los grupos delictivos y la delincuencia común, configuran nuevas formas de construcción social donde el Estado ha dejado de ser el garante de la seguridad y el regulador de la convivencia social. Estos esfuerzos complejos son expresiones de organización social que, sin ser contra estatales, se ubican como impugnadores del Estado y emergen como nuevos actores sociales en los espacios de inacción del Estado. En ese sentido, el contexto de inseguridad posibilita acciones de restauración social en las que distintos tipos de grupos organizados mantienen una tensa relación con las autoridades estatales y los grupos ilegales. El desarreglo social que vive la entidad, ocasionado por los ajustes del Estado, deberá entenderse entonces como un fenómeno de agotamiento y reacomodo de una sociedad en transición permeada por el dominio de las viejas estructuras caciquiles económicas y políticas, pero también como un campo fértil para la emergencia de iniciativas ciudadanas que empiezan a conformar fuerzas subalternas que intentan asumir funciones de seguridad sólo conferidas al Estado. En ese sentido, esta compleja transición en Tabasco deberá enfilarse hacia la recuperación del Estado como responsable de la seguridad y el bienestar y el fortalecimiento de la participación ciudadana, así como hacia una reconstrucción económica y cultural que abra posibilidades para quienes hoy sólo encuentran opciones de vida en la ilegalidad.