En el contexto de la posguerra mundial y con el objeto de potenciar la participación de México en el mercado internacional del café, el gobierno federal creó en 1958 el Instituto Mexicano del Café (INMECAFÉ). A partir de ese año, y a lo largo de tres décadas y media, el nuevo instituto se encargó de acopiar, procesar y comercializar el grano, promoviendo entre los pequeños y medianos productores el monocultivo al asegurarles la compra de su cosecha. Con esta misma finalidad, entre 1973 y 1989 impulsó la organización de los productores en unidades económicas de producción y comercialización (UEPC), con lo que logró que se duplicara el número de cafeticultores a nivel nacional, la mayoría de ellos minifundistas e indígenas.

Sin embargo, como señalan diversos autores, entre ellos Celis (2009) y Bartra (2011), a finales de la década de los ochenta las condiciones favorables antes descritas empezaron a agotarse debido a la hiperinflación y a la aguda crisis económica en que se sumió el país, lo cual condujo a la ruptura de los acuerdos establecidos por México con la Organización Internacional del Café (OIC) en julio de 1989, y a la posterior liquidación del Instituto Mexicano del Café (INMECAFÉ) en 1993. Comenzó entonces un período de incertidumbre caracterizado por la inestabilidad de los precios. Los peores lapsos se presentaron entre 1988 y 1994, y entre 2000 y 2005, períodos durante los cuales el sector cafetalero no logró recuperar los costos de producción, lo que motivó que estallaran diversas crisis económicas y sociales en las regiones cafetaleras del país.

Esta crítica situación impulsó a los pequeños y medianos cafeticultores a buscar opciones que les permitieran subsistir y adquirir autonomía frente a las instituciones de gobierno y a los nuevos agentes económicos que aparecieron en el campo mexicano como producto de la liberalización de los mercados agrícolas. Una de las alternativas que ensayaron fue la creación de organizaciones de productores con personalidad jurídica propia. Esta estrategia resultó exitosa en algunos estados de la República como Oaxaca, Chiapas y Puebla, pero no lo fue del todo en Veracruz, Guerrero o San Luis Potosí, donde la organización social de los cafeticultores ha enfrentado graves dificultades aún insuperables.

Bajo este marco de reflexión, el caso de estudio que se trata en este artículo resulta relevante ya que, por una parte, el café es el segundo producto que más se exporta en México, únicamente por detrás del petróleo, y es una importante fuente de ingresos directos e indirectos para cerca de tres millones de personas que dependen de su cultivo. Por otra parte, el estado de Veracruz es el segundo productor de grano a nivel nacional, siendo relevante señalar que los municipios de la región de Huatusco generan el 23% de las cosechas estatales y el 6% de las nacionales, además de ser la región que más cantidad de tierra dedica al cultivo del cafeto y contar con la tercera mayor concentración de cafeticultores en México (12 822), de los cuales cerca del 80% posee menos de tres hectáreas, lo que significa que se trata de pequeños productores minifundistas que, para potenciar su esfuerzo individual y evitar ser barridos por la competencia comercial, requieren de organizarse colectivamente.

Medina y Flores (2015), con base en datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), calcularon que en 2015 había en México un total de 13 041 cooperativas, de las cuales 682 tenían sede en Veracruz, siendo el sexto estado con más asociaciones de este tipo a nivel nacional (el 5.2% del total). Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria reportaba que en 2016 en la región de Huatusco operaban 295 cooperativas dedicadas a diversos ramos (SAT, 2016); tal cifra representaba el 2.2% del total de este tipo de asociaciones a nivel nacional y el 43.2% a escala estatal. El propio SAT consignaba que 91 de esas organizaciones se dedicaban al cultivo del café, aunque seis de ellas suspendieron sus actividades en fecha reciente.

Las anteriores cifras sugieren que la mayoría de las cooperativas cafetaleras de Huatusco exhiben capacidad de resiliencia pese al marco adverso que constituye para ellas el modelo neoliberal actual y las constantes fluctuaciones de su giro económico. Por ello, el objetivo general que orientó la presente investigación, realizada originalmente como investigación de tesis de maestría, consistió en identificar y analizar las condiciones del surgimiento de estas cooperativas, así como los factores externos e internos que explican su permanencia desde la crisis cafetalera de los años 2001 y 2002 hasta nuestros días. A un nivel más particular, interesó determinar las tendencias dominantes del cooperativismo cafetalero durante el período comprendido entre 2001 y 2016, describir las características distintivas de su actual panorama asociativo y ponderar las perspectivas de futuro.

Con base en lo anterior, el contenido del artículo se desglosa en cuatro apartados. En el primero de ellos se explica la metodología utilizada; en el segundo se muestra la evolución histórica que experimentó el cooperativismo cafetalero desde el desmantelamiento del INMECAFÉ hasta principios del año 2017; en el tercero se presentan las características distintivas del actual panorama asociativo del cooperativismo cafetalero en la región, y en el cuarto y último se exhiben las conclusiones generales del estudio, así como algunas recomendaciones puntuales que podrían ayudar a modificar el panorama actual del cooperativismo cafetalero y a mejorar su imagen, impacto e influencia en la región.

Metodología utilizada

La investigación realizada fue de carácter documental y de campo y se delimitó geográficamente en el espacio de la región de Huatusco, conformada por los municipios de Coscomatepec, Sochiapa, Zentla, Tomatlán, Ixhuatlán del Café, Tlaltetela, Huatusco, Tlacotepec de Mejía, Comapa, Tenampa y Totutla. En la primera etapa se realizó una revisión teórico-documental acerca del origen y la historia del cooperativismo cafetalero en la región, y en una segunda etapa se emprendió el trabajo de campo, que consistió en detectar las cooperativas cafetaleras activas, procediendo del siguiente modo: en primera instancia se acudió al Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la región, donde se encontró que en dicho registro no se inscriben por separado las sociedades cooperativas, ni éste cuenta con un programa para clasificarlas, por lo que, en caso de requerirlo, el investigador tendría que hacer la clasificación manualmente, lo que representaba una labor titánica.

Por esta circunstancia, se recurrió al SAT; sin embargo, la legislación interna de este organismo prohíbe brindar información directamente a los solicitantes, aunque es posible obtenerla con la mediación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Se procedió de esta manera y se obtuvieron únicamente tres datos: la cantidad de cooperativas existentes en la región, su giro y su estado -activas o inactivas-.

De esta manera, la información obtenida en el SAT se adoptó como punto de partida para el análisis, otorgando a esta información el rango de hipótesis a demostrar, lo cual llevó a efectuar un censo de cooperativas cafetaleras. La tarea de localización de las cooperativas en activo implicó la realización de numerosas visitas a localidades y municipios; a instituciones gubernamentales federales, estatales y municipales; a despachos públicos o privados que brindan servicios técnicos y de representación a las cooperativas cafetaleras de base; al Centro Regional Universitario Oriente (CRUO) de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), con sede en Huatusco, que cuenta con especialistas reconocidos en cafeticultura; a compradores de café, y a líderes del movimiento campesino local. De este modo, se confirmó que ninguna de estas instancias contaba con un registro formal de las empresas sociales cafetaleras que operaban en la región, por lo que se obtuvo información incompleta, dispersa y hasta contradictoria, relacionada, ya fuese con el nombre y domicilio social de las cooperativas, como con datos aislados sobre sus fundadores y representantes actuales e, incluso, sobre su capacidad productiva y los canales de comercialización utilizados.

Afortunadamente, tras seis meses de trabajo de campo en la región en el que se realizaron visitas a los domicilios sociales de las cooperativas cafetaleras, se logró integrar un padrón debidamente cotejado y verificado. Con base en ello, y en contraste con la cifra ofrecida por el SAT, en la presente investigación se constató la presencia de únicamente 24 sociedades cooperativas cafetaleras activas, las cuales constituyeron el universo de asociaciones del estudio.

Con base en la información obtenida, se procedió al ordenamiento del panorama asociativo del cooperativismo cafetalero regional, para lo cual se realizó un trabajo de clasificación y categorización que se sintetizó en la elaboración de una tipología de las cooperativas cafetaleras activas. Los indicadores utilizados fueron básicamente los siguientes: la forma en que surgieron a la vida activa; su grado de apego a los principios del cooperativismo universal establecidos por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI);¹ el impacto de su práctica social cotidiana, y el tipo de relaciones que habían establecido a lo largo de su historia, tanto con el Estado como con diferentes grupos de interés.

El primero de los indicadores señalados se trabajó mediante la aplicación del llamado “Manual de Procedimientos Administrativos” (MAPA), un instrumento metodológico creado en 2012 por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, y perfeccionado entre 2013 y 2015 por la Red Nacional de Investigadores y Educadores en Cooperativismo y Economía Solidaria (REDCOOP),² el cual resulta útil para el registro y el ordenamiento periódico de información organizacional, económica y social de las cooperativas, así como para evaluar su grado de apego a los principios del cooperativismo universal y para implementar mejoras.

La estimación del resto de los indicadores se sustentó, por una parte, en los postulados teóricos de Durston (2001 y 2002), quien en su análisis sobre el clientelismo ofrece un esquema flexible y operativo de los distintos tipos de interacción entre organizaciones sociales y organismos públicos, que van desde un marco de relaciones basadas en la sinergia y la coproducción entre el Estado y la sociedad civil, hasta su grado más extremo de degeneración, con relaciones basadas en un clientelismo autoritario, represivo y cleptocrático. Entre ambos puntos extremos, Durston identifica otros dos tipos de interacción que define como semiclientelismo y clientelismo pasivo. La diferencia esencial entre ellos consiste en que en el semiclientelismo existe un organismo incubador y capacitador que fomenta la organización autónoma, capacita a los grupos de base y los protege y representa en los planos social, económico y político, tanto a nivel local como regional. En un escenario optimista, Durston prevé que, si los sistemas de autogestión impulsados al seno de las organizaciones de productores logran madurar, el organismo incubador deberá transformarse en un organismo empoderador y de apoyo, concentrado en ampliar el radio de acción territorial de los actores sociales de base, al tiempo que prepara su “destete” definitivo.

Por el contrario, en el clientelismo pasivo la organización de los productores se enfrenta sola al aparato del Estado, que, por ser más fuerte y con alta vocación clientelista, termina enclaustrándola en una relación paternalista, tecnocrática y burocrática, que transforma a la organización social en un ente receptivo y pasivo de productos y servicios, y que da origen a una relación de dependencia y subordinación crónica respecto al Estado.

En otro sentido, se retoman también los planteamientos de Martí (2012), quien afirma que la forma en que nacen las cooperativas es determinante para su desempeño posterior en los campos económico y social. Con base en tal consideración, dicho autor identifica las siguientes cuatro formas de surgimiento de las cooperativas latinoamericanas: a) nacidas de conflictos laborales en un contexto de crisis económica y quiebres de empresas; b) promovidas por el Estado a través de sus instrumentos de política pública; c) creadas desde una organización externa, ya sea de carácter no gubernamental, religioso o sindical, y d) por iniciativa autónoma de sus socios. De esta manera, dado el origen de las cooperativas, las fortalezas y debilidades que éstas exhiban en su práctica organizacional estarán en relación directa con la motivación principal de su acción social, es decir, si responden preferentemente a los objetivos definidos y compartidos por sus socios o si sólo actúan en forma reactiva, producto de influencias externas, lo que las diferenciará en cooperativas auténticas e inauténticas.

Una vez delimitado el universo de cooperativas activas, se profundizó en su análisis tratando de identificar el grado y las características de su desarrollo organizacional. Esto se llevó a cabo, por una parte, mediante la observación participante de acontecimientos y comportamientos individuales y colectivos, tal como éstos se daban de manera natural y espontánea y, por otra parte, a través de dos mecanismos complementarios: la revisión de parte de sus documentos básicos, entre los que sobresalen sus bases constitutivas, reglamentos, informes y estados financieros, y la realización de entrevistas semiestructuradas a los integrantes de los consejos de administración y vigilancia.

Asimismo, se aplicaron otros 48 cuestionarios a socios productores para conocer su opinión respecto a las formas de trabajo de sus organizaciones, los beneficios que recibían y sus propuestas para el crecimiento y el mejoramiento de sus empresas sociales.

Finalmente, para esclarecer el contexto macroeconómico, político y social en el cual se desenvolvían y el modo en que eran percibidas en la región, se realizaron doce entrevistas a diferentes actores externos, entre los que se encontraban investigadores, miembros de asociaciones civiles, académicos, compradores masivos de café y otros especialistas en el tema.

Evolución histórica del asociacionismo cafetalero en la región de Huatusco, Veracruz

En términos generales, en la evolución reciente del asociacionismo cafetalero en Huatusco es posible identificar las siguientes tres etapas.

Primera etapa, 1989-1993: el retiro del Estado de la promoción de la actividad cafetalera

Esta etapa está marcada por la extinción del INMECAFÉ y el desmantelamiento de todos los mecanismos de apoyo gubernamental a la cafeticultura, lo cual tuvo efectos devastadores a nivel económico y social en la región. Así, entre 1990 y 1992 la mayoría de las UEPC entonces existentes, que agrupaban a pequeños y medianos productores, se transformaron en figuras jurídicas sujetas a crédito, ya fuese ante el Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL) o ante el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL). La figura asociativa más usada fue la de sociedad de solidaridad social (SSS), y a estas nuevas organizaciones se les otorgó la posibilidad de comprar las instalaciones de beneficiado que dejó el INMECAFÉ. Fue así como la Unión General Obrero Campesina Popular (UGOCP) y algunas SSS se situaron en el beneficio Fortuna, y otras tantas sociedades lo hicieron en diferentes infraestructuras para café, de modo que se crearon pequeños sistemas locales de acopio y comercialización. Uno de los casos más exitosos fue el de la Unión Regional de Pequeños Productores de Café Zona Huatusco, Veracruz, S.S.S. (URPPCZH), que existe en la actualidad (2017).

Por otro lado, los productores que contaban con fincas de café mayores a veinte hectáreas se agruparon en asociaciones agrícolas locales y en sociedades de producción rural (SPR). Pero, tanto en el caso de los pequeños como de los medianos y grandes productores, la actividad predominante fue el procesamiento del café mediante el beneficio húmedo -separación del fruto carnoso y la semilla del café-, para comercializarlo en formato pergamino -grano del café seco con cascarilla-. En general, en esos años no existieron prácticas organizativas inspiradas en estrategias autogestivas, sino que la motivación principal para asociarse era el tener acceso a los exiguos recursos públicos.

De acuerdo con Salvador Díaz (1996), investigador del CRUO-UACh, en 1992 existían en Huatusco: 51 SSS, trece SPR, cuatro grupos de trabajo ejidal (GTE) y tres sectores productivos (SP). La URPPCZH -con apoyo de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC)- tenía presencia en veintinueve comunidades, y la UGOCP en quince de ellas. Sin embargo, con el paso de los años, según plantea este mismo autor, la mayoría de las organizaciones de los pequeños productores, debido a las altas fluctuaciones de los precios del café y a serias deficiencias técnico administrativas, dejó de funcionar.

El resultado anterior se debió, en buena medida, al hecho de que, a partir de 1993, la cafeticultura regional enfrentó un enorme vacío institucional que fue llenado paulatinamente por empresas privadas. Además, esta etapa coincide con la crisis cafetalera mundial, que se extendió entre 1989 y 1994, y en la que el precio del café cayó por debajo de los costos de producción. En la región, la desaparición de los 75 centros de compra que tenía el INMECAFÉ dio paso a una competencia exacerbada por el acopio del aromático entre los beneficiadores-exportadores y las organizaciones de productores. Los centros de acopio se elevaron a 200, en su mayoría de agroempresas privadas. Las tres principales exportadoras eran la Corporación Carabas S.R.L. de C.V., Cafetaleros de Fortín S.A. (CAFOSA) y Beneficio Fortuna S.A. (BEFOSA).

Pese a los esfuerzos antes descritos, y ante la inactividad estatal, el deterioro económico y social llegó a tal extremo que los cafeticultores no podían siquiera mantener a sus familias. Por tal motivo, se dejó de recolectar el café de las fincas, la aplicación de insumos químicos disminuyó en un 300% y el rendimiento por hectárea cayó el 128%. Como salida a esta difícil situación, de acuerdo con Díaz (1996), muchos productores diversificaron sus cultivos comerciales, en tanto que otros priorizaron el cultivo de maíz y frijol para autoconsumo.

Segunda etapa, 1994-2000: asistencialismo-clientelista como solución fallida a la crisis de la cafeticultura

A mediados de la década de los noventa, dada la persistencia de la crisis de la cafeticultura, un número mayor de productores se vio forzado a vender su fuerza de trabajo, al tiempo que optaron por organizarse en SSS para recibir apoyos gubernamentales. Junto con lo anterior, aumentó la migración y se redujo la oferta de mano de obra para la agricultura. Debido a este conjunto de circunstancias adversas, como señala Díaz (1996), los pequeños productores no pudieron aprovechar el repunte del café iniciado en el ciclo 1994-1995.

En cambio, la presencia del capital privado nacional y extranjero aumentó significativamente. Entre 1994 y 1995 se abrieron más centros de compra, como los de las empresas Cafés Tomari y Cafés Tulipán, que acopiaban sobre todo pergamino para grandes brokers³ internacionales, sin problemas de liquidez. Por esos mismos años, la agroempresa estadounidense Farr Man, dedicada a comprar café pergamino, abrió también una sucursal en la región.

A partir del ciclo 1994-1995, y hasta el de 1998-1999, los precios del café presentaron una relativa estabilidad; sin embargo, los pequeños productores continuaron fungiendo como proveedores de café cereza para las agroempresas. En esas condiciones, según señala Díaz (1996), la única empresa social que sobrevivió a la competencia -la URPPCZH, con figura legal de SSS-, con el paso del tiempo se inclinó más hacia la cuestión económica que hacia su cohesión social, lo que provocó disputas internas entre camarillas por el poder administrativo. Al final terminó funcionando como empresa privada y no como empresa social.

Por parte del Estado, la única respuesta visible consistió en la implementación de acciones intermitentes, de corte asistencialista y clientelar, orientadas a apoyar la economía familiar de los pequeños productores de café, pero sin llegar a conformar un plan de recuperación y desarrollo integral de la cafeticultura estatal.

Tercera etapa, 2000-2017: el boom del cooperativismo cafetalero en la región

A partir del ciclo 1999-2000 el precio del café volvió a experimentar bajas significativas, lo que dio paso a una nueva crisis de rentabilidad de carácter mundial; sin embargo, en esta ocasión la respuesta de los productores se expresó, en un primer momento, mediante la realización de acciones colectivas de protesta, entre las que destacó el movimiento social impulsado por el líder local Juan Molan, quien, a principios de 2001, al frente de más de 5000 pequeños productores que exigían mejoras en los precios y en las condiciones de manejo del grano, bloqueó la carretera principal Fortín-Conejos, que comunica Córdoba y Orizaba, con Xalapa y el puerto de Veracruz.

Dicha movilización obligó al gobierno veracruzano a ofrecer una respuesta a los inconformes, lo que con ayuda del Gobierno federal, a través de la SAGARPA, se concretó en la oferta de apoyos económicos, sujetos a la previa organización de los productores en diferentes figuras asociativas legales, incluidas las cooperativas.

La consecuencia inmediata de esta medida fue la formación de una gran cantidad de organizaciones, cuya única razón de ser era la imposición de transitar juntos por la única vía de acceso a los recursos públicos ofrecidos. Dada la debilidad interna con la que surgieron, muchas de estas asociaciones se extinguieron al poco tiempo.

Pero, paralelamente al fenómeno anterior, a lo largo de la primera década y media del siglo XXI se produjo también el surgimiento de asociaciones civiles que, ante la inestabilidad prevaleciente en los precios del café, impulsaron la organización de los pequeños productores en sociedades cooperativas, destinadas a darle un valor agregado a su producto. El origen popular de tales iniciativas permitió que las organizaciones nacientes se autoconcibieran como proyectos autónomos, en los que los apoyos gubernamentales aparecían más como un medio que como un fin.

En términos generales, se calcula en esta investigación que el 75% de las cooperativas cafetaleras surgidas durante este período tuvo como motivación principal, casi única, el acceder a recursos públicos, en tanto que el restante 25% lo hizo atendiendo a una estrategia autogestiva, ya fuese motivados por una organización externa o de manera totalmente independiente.

Panorama actual del cooperativismo cafetalero en Huatusco, Veracruz

Hasta el primer trimestre de 2017 no existía un registro confiable de las sociedades cooperativas vigentes en Huatusco. Según el padrón que reporta el SAT, en esta región se encuentran registradas 295 cooperativas de diversos ramos, de las cuales 85 -cantidad equivalente al 30% del total- se dedican al café (ver cuadro 1).

No obstante, en el trabajo de campo realizado se verificó la existencia de sólo 24; es decir, apenas el 28% de las 85 activas que aducía el SAT. En efecto, luego de una minuciosa búsqueda in situ no se pudieron recabar datos acerca de las otras 61 cooperativas cafetaleras que, de acuerdo con el SAT, también existían en Huatusco. Ello podría deberse a dos causas: a) las cooperativas se desintegraron tras recibir los recursos públicos solicitados y repartirlos entre sus integrantes, sin emprender proyecto productivo alguno, o b) al no recibir apoyo gubernamental suficiente ni acompañamiento para su desarrollo empresarial, se disolvieron.

Por otra parte, y de acuerdo con datos contenidos en el Plan de Innovación de la Cafeticultura en el Estado de Veracruz (Gobierno de México, 2011), en la región de Huatusco había 12 822 cafeticultores, de los cuales 7123 -es decir, el 55.5% del total- estaban integrados en alguna figura jurídica asociativa, y se distribuían del siguiente modo: en sociedades cooperativas estaban agrupadas 3675 personas, cantidad que equivalía al 51.6% del total de productores organizados; 2009 cafeticultores estaban afiliados a S.S.S., lo cual representaba el 28.2% del total; 1162 productores estaban inscritos en asociaciones civiles, lo que constituía el 16.3% del total; 250 productores eran socios de una S.P.R. de R.L, lo que equivalía al 3.5% del total, y tan sólo 27 trabajadores laboraban en una sociedad anónima de capital variable, cantidad que representaba apenas el 0.4% del total de productores de la región. Las anteriores cifras demuestran que el cooperativismo es la opción organizativa preferencial de los cafeticultores de la región, si bien, como se verá más adelante, no en todos los casos se utiliza de forma auténtica. Pero, además de lo ya señalado, los datos anteriores también indican que en la región existe un alto pluralismo asociativo, constituido por una amplia oferta de figuras asociativas rurales que, en opinión de Rojas (2013), fragmentan y dispersan los procesos de organización unitaria de los campesinos.

De cualquier manera, retomando los elementos aportados por Durston (2001 y 2002) y por Martí (2012), y de acuerdo con el comportamiento del fenómeno estudiado en el contexto de la realidad concreta del campo veracruzano, las 24 cooperativas cafetaleras de Huatusco pueden clasificarse, con base en el distinto grado de autonomía alcanzado por cada una de ellas, del siguiente modo. Por un lado existen seis cooperativas que hemos denominado en proceso de consolidación -el 25% del total-, nacidas como producto de una iniciativa autónoma de los productores o mediante el impulso de algún organismo externo que fomenta su autodesarrollo; se trata de organizaciones creadas a partir de elementos de capital social compartidos⁴ en las que los socios asumen riesgos y compromisos. Por otro lado, existen quince cooperativas a las que llamamos de fachada -62.5% del total-, por tratarse de agrupaciones con la figura jurídica de una cooperativa, pero que en realidad fueron formadas por gestores externos con la intención de convertirse en intermediarios entre los cafeticultores y los programas del gobierno para el campo, creando así un vínculo de permanente dependencia de los pequeños productores respecto a dichos promotores. Por último, existen tres cooperativas a las que calificamos como “espurias” -el 12.5% del total- debido a que, aunque jurídicamente son cooperativas, operan como empresas privadas de carácter familiar, por lo que de este modo, y en forma ilegítima, aumentan su capacidad de producción y comercialización usando los recursos públicos destinados al sector social.

Tal como se aprecia en el cuadro 2, las quince cooperativas de fachada cuentan con una membresía que asciende a 2953 socios, que equivalen al 80.3% del total. La cooperativa más grande y representativa de este subgrupo es la Unión Regional de Café Arábigo S.A. de C.V., con sede en el municipio de Tlaltetela y con una base social integrada por un total de 655 productores (ver cuadro 2).

Los promotores de las cooperativas de fachada son personas que tienen vínculos directos con las instituciones de gobierno encargadas de proporcionar recursos económicos o en especie al campo. Dichos gestores ocupan la representación legal de estas sociedades, que suelen formarse inicialmente por familiares, compadres, conocidos y amigos que estén inscritos en el padrón nacional cafetalero. Este núcleo inicial posteriormente se amplía con la participación de otros productores a quienes se convoca públicamente.

Cabe destacar que la relación entre los socios de estas cooperativas y sus representantes es totalmente instrumental, es decir, cada vez que la asociación recibe recursos en especie, por ejemplo, semillas o plantas de café, proporcionan un 80% a los productores y se quedan con el 20% restante, cantidad esta última que revenden como parte de un negocio particular. En caso de que el apoyo se reciba en efectivo, los porcentajes de distribución son los mismos.

De esta suerte, las cooperativas de fachada forman parte del sistema de relaciones verticales, corruptas, asistenciales y paternalistas que las políticas públicas implementadas sobre la cafeticultura veracruzana en los últimos años han fortalecido. Por consiguiente, la relación entre las instituciones gubernamentales y las cooperativas de fachada responde a lo que Durston (2001 y 2002) denominó clientelismo pasivo ya que, mientras los gestores lucran a costa de los productores, el Estado los manipula e impide su desarrollo autónomo.

Por otra parte, en Huatusco operan también tres cooperativas espurias, ubicadas en el municipio del mismo nombre, cuya membresía total se reduce a veinticuatro socios. Una de ellas, la empresa Pahasa S.C. de R.L., es una agroindustria que exporta café verde a Europa. Las otras dos venden café molido tostado y también en taza directamente al consumidor en sus cafeterías. Estas pseudocooperativas poseen vínculos políticos con los representantes de los programas de gobierno, que aprovechan para obtener recursos económicos líquidos, insumos o maquinaria en su beneficio.

El panorama asociativo del cooperativismo cafetalero de Huatusco se completa con la presencia de las llamadas cooperativas en consolidación, cuya formación se ha dado por dos vías principales. La primera de ellas tiene que ver con el trabajo de promoción y animación social desarrollado entre los pequeños productores de café por parte de organizaciones político-reivindicativas más amplias y profesionalizadas, que a lo largo de su historia les han brindado servicios de capacitación, comercialización y representación política. Bajo esta vía nació, por una parte, la Coordinadora de Productores de la Zona Centro del Estado de Veracruz S.C. de R.L. de C.V., la cual debe su creación a la CNOC, y, por la otra, las cooperativas: Campesinos en Lucha Agraria, Veracruzanitos en Lucha y Productores en Lucha Campesina, surgidas del trabajo realizado por la UGOCP.

La segunda vía fue seguida por el Grupo de Trabajo de la Sierra Madre Oriental y por Productores y Comercializadores de Rincón Toningo, cooperativas que emergieron a partir de iniciativas autónomas de los pequeños productores.

Un rápido análisis de las dos vías de surgimiento de las cooperativas en consolidación demuestra que, en las actuales condiciones del campo mexicano y de su sector cafetalero, la alianza y colaboración con organizaciones políticas reivindicativas que brindan asesoría técnica y cobertura legal y política es un recurso valido a fin de sortear las dificultades de la política clientelar y el modelo neoliberal vigentes, si bien existe el peligro latente de que la alianza táctica se convierta en dependencia y que ésta se vuelva una condición permanente, y no temporal o transitoria. La vía autónoma parece minimizar el peligro anterior, si bien sus resultados son más lentos y de más largo plazo, lo cual se expresa en la subsistencia de empresas muy pequeñas con representación institucional relativamente débil.

De cualquier modo, durante poco más de una década y media, la permanencia y viabilidad económica, política y social de las sociedades cooperativas cafetaleras en vías de consolidación se ha sustentado básicamente en los siguientes factores: a) el uso de la asamblea general de socios como mecanismo democrático para elegir a sus dirigentes y determinar el rumbo de la empresa; b) el desarrollo de capacidades de los socios para la producción y la comercialización por medio de asesorías, cursos y talleres; c) la implementación de planes empresariales encaminados a alcanzar logros significativos como la obtención de certificaciones, evadir a los intermediarios y dar valor agregado al grano al beneficiarlo para obtener café verde destinado a la exportación, o tostado y molido para comercializarlo en el mercado nacional, y d) la gestión externa de recursos públicos, insumos, coberturas y paquetes tecnológicos, sin permitir que su autonomía interna se vea comprometida. La conjunción de esta serie de factores ha permitido que los socios mejoren sus ingresos y perciban las ventajas de estar organizados, a la par que sus empresas logran competitividad a nivel internacional -sobre todo en los circuitos de comercio justo y en el emergente mercado agroecológico- con un café diferenciado y especial, así como representatividad y reconocimiento público ante la sociedad veracruzana.

Por último, debe tomarse en cuenta que el cooperativismo es una tecnología de organización social plenamente comprobada a nivel mundial, cuyo éxito depende del grado de apego de las cooperativas a los siete principios del cooperativismo universal. De ahí que las fortalezas y debilidades de cualquier cooperativa dependan del grado de cumplimiento de estos principios a lo largo de su historia, si bien no puede ignorarse que también influyen los componentes sociales, culturales, económicos y políticos del entorno en el que las cooperativas llevan a cabo sus actividades empresariales y asociativas. De cualquier modo, al evaluar el grado de apego de los socios de las cooperativas cafetaleras a los principios rectores del cooperativismo a nivel mundial, de acuerdo con las tendencias mostradas en la gráfica 1, se observa que, en el caso de las cooperativas en consolidación, su porcentaje promedio de cumplimiento se sitúa en el 40.4%, en tanto que las cooperativas de fachada se ubican por debajo del 10% y las espurias no superan siquiera el 2%, datos reveladores que ratifican la pertinencia de la clasificación utilizada en este trabajo (ver gráfica 1).