En diciembre de 1931 inició en El Salvador un período político que los historiadores han denominado “el martinato”. Se trató del ascenso al poder a través de un golpe de Estado del general Maximiliano Hernández Martínez. Intelectual antiimperialista durante los años veinte, profesor de la Escuela Militar y seguidor de la teosofía, Martínez enfrentó al comienzo de su mandato las insurrecciones acaecidas en el occidente del país en enero de 1932. Ante la negativa de Washington de reconocer a un Gobierno instaurado por medio de una asonada, los levantamientos cayeron como anillo al dedo para el general. La represión indiscriminada se convirtió en castigo ejemplarizante, los sectores conservadores le endosaron su respaldo y la propaganda anticomunista erigió a Hernández Martínez como “el salvador de la patria”. Las autoridades estadounidenses, aunque no reconocieron el régimen salvadoreño sino hasta 1934, tenían en Martínez a un ferviente aliado anticomunista. Y, precisamente, en estos años de consolidación del régimen -el general Martínez dejó la Primera Magistratura en mayo de 1944- se ubica el documento que ahora nos ocupa, titulado “El Instituto Nacional y su Régimen Disciplinario”, publicado en el número de la revista del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (INFRAMEN) correspondiente al segundo semestre de 1933 -año III, núm. 20, julio a diciembre de 1933-. Un ejemplar de este número se resguarda en Colecciones Especiales de la Biblioteca Florentino Idoate, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), de San Salvador -con signatura L45 R434p (1932-1942)-. El aspecto peculiar de este número reside en la justificación sobre la militarización de esta casa de estudios esbozada por las autoridades. Ante las voces disidentes, los responsables de concretar dicha medida aprovecharon las páginas de la revista para explicar los objetivos que perseguían. Fue así como el doctor Salvador Pérez Gómez, docente del Instituto Nacional, afirmó que la militarización respondía a “un régimen de orden y exactitud; no es una disciplina militar; es una disciplina escolar mantenida por militares; y militares de escuela que hacen del cumplimiento de su deber de educadores sagrado ministerio” (Pérez, 1933: 2-3). Además, esta A medida se encontraba, según sus apologetas, en plena concordancia con la Constitución política de 1886, en la que se establecía el servicio militar obligatorio. Por consiguiente, si todos los salvadoreños hábiles de dieciocho a cincuenta años eran soldados, su instrucción debía correr por cuenta del Estado, y nada mejor que la temprana juventud para infundir el orden, la disciplina y la gallardía que permiten delinear “hombres dignos que prefieran la muerte al pie del Pabellón, antes que dar un paso atrás, o el beso del Iscariote, o la rendición cobarde, infame y traicionera” (Severo, 1933: 57-60).

No obstante, más allá de la parafernalia oficialista y los numerosos retratos de las paradas militares de los alumnos y las visitas que el general Martínez realizaba cuando en el INFRAMEN inauguraba el año lectivo, es preciso lanzar la siguiente pregunta: ¿desde qué parámetros teóricos podemos interpretar la militarización de este centro de estudios? Una respuesta exhaustiva escapa al espacio asignado paracomentar este texto; sin embargo, en aras de una lectura reflexiva sobre el militarismo que campeó en Centroamérica durante el siglo XX, es preciso indicar posibles derroteros.

Pues bien, el martinato constituye para la historia salvadoreña el ascenso del militarismo, fenómeno que no representó únicamente la entronización de la institución castrense en el Ejecutivo, sino también -como muestra el documento- la promoción de ciertos valores acordes con el proyecto gubernamental. Leonardo Morlino, teórico de las ciencias políticas, denominó a esta estrategia proceso de socialización. De acuerdo con ello, el principal objetivo consistía en educar a las nuevas generaciones según los principios que el régimen ponderaba como fundantes. Debido a este factor la escuela se convertía “en tierra de conquista para los nuevos gobernantes” (Morlino, 2005: 122), un terreno fértil donde el régimen se disponía a obtener legitimidad. Por ello, a partir de 1932, año en que la Dirección y Subdirección del INFRAMEN pasaron a manos castrenses, el orden, la disciplina y la instrucción militar se establecieron como baluartes del status quo. Desde esta fecha “el coche fúnebre del progreso dentro del orden”, en palabras de García Márquez, rigió la tabla axiológica que forjaría a los ciudadanos del martinato.

Al respecto, si la militarización del INFRAMEN respondió a un proyecto gubernamental y el arribo al poder del general Martínez inauguró la etapa del militarismo, es posible interpretar también este fragmento desde lo estipulado por Michel Foucault, quien en su célebre obra Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión, aludió al sueño militar de la sociedad. Para este filósofo e historiador de las ideas, “[…] su referencia fundamental se hallaba no en el estado de naturaleza, sino en los engranajes cuidadosamente subordinados de una máquina, no en el contrato primitivo, sino en las coerciones permanentes, no en los derechos fundamentales, sino en la educación y formación indefinidamente progresivas, no en la voluntad general, sino en la docilidad automática” (Foucault, 1978: 197). Este parámetro de interpretación conduce a preguntarnos sobre el sueño militar de la sociedad forjado durante el martinato, sobre todo en un período en el que la lucha contra el enemigo interno -encarnado por el comunismo- había desplazado las guerras intestinas entre Gobiernos centroamericanos. En este sentido, el hecho de considerar a todos los salvadoreños desde los dieciocho hasta los cincuenta años como soldados y procurar su instrucción militar -con los valores que este tipo de formación conllevaba- nos aproxima al sueño militar de la sociedad de estos años, el cual, paradójicamente, es añorado por buena parte de la población que hace del general Martínez el militar más recordado y siempre citado cuando el orden y la disciplina resultan ponderados.