Introducción¹

El 11 de marzo del año 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo una declaración que cambió el curso de la historia: la COVID-19, enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, alcanzaba el grado de pandemia con serias implicaciones para la salud y el bienestar de la humanidad. Desde entonces, los gobiernos del mundo han tomado varias acciones para prevenir, contener y combatir los impactos de la crisis generada por el nuevo coronavirus. En México, se implementaron medidas conducentes a limitar el contacto físico -confinamiento en casa, suspensión de actividades presenciales en centros escolares, prohibición de eventos masivos, mantenimiento de una “sana distancia” en espacios públicos- y a intensificar las prácticas de higiene -lavado frecuente de manos y uso obligatorio de mascarillas-, por mencionar algunas (Secretaría de Salud, 2020). A ello habría que añadir la campaña de vacunación contra la COVID-19, la cual dio inicio en territorio nacional el 24 de diciembre de 2020.

Toda la situación de pandemia, que incluye tanto los contagios y las muertes ocasionadas por la propagación de la enfermedad como los protocolos sanitarios para su prevención y contención, generó procesos de “descotidianización” entendidos como rupturas en la reproducción de lo cotidiano (Ribeiro, 2021). Desde la antropología y las ciencias sociales se han venido realizando abordajes que buscan registrar y comprender estas dinámicas recientes. Algunos de ellos han explorado los desajustes (en el trabajo, la escolarización, la ritualidad religiosa, etc.) en diferentes escenarios rurales y urbanos durante los primeros meses de la crisis sanitaria (Corona y Morayta, 2021), mientras que otros han documentado el modo en que se han desnudado -y a la vez reforzado- vulnerabilidades estructurales en regiones como la costa de Guerrero y Oaxaca (Berrio et al., 2021) o respecto a sectores poblacionales como el de los adultos mayores (Miranda, 2021).

En consonancia con lo anterior, en el presente artículo se pretende abonar al estudio socioantropológico de realidades locales en el contexto de la pandemia por coronavirus, examinando la situación específica de la pesca artesanal o a pequeña escala. Puntualmente, se aborda el caso de Puerto Madero (asimismo denominado Puerto Chiapas), localidad perteneciente al municipio de Tapachula de Córdova y Ordóñez, en el estado de Chiapas. Situado a 4 m s.n.m. y a tan solo 28 kilómetros de la cabecera municipal, este puerto marítimo cuenta con 9,602 habitantes de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 (Inegi, 2021). Es, además, un centro de producción pesquera en la costa chiapaneca, que en 2020 logró un total de capturas por 10,883.172 toneladas de peso vivo (Conapesca, 2022).

Figura 1. Puerto Madero, Chiapas

Gráfico 1

[i] Fuente: Inegi (2022), con modificaciones realizadas por el autor.

Atendiendo a los términos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), las dinámicas estudiadas en Puerto Madero corresponden a la “pesca comercial”, la cual consiste en “el acto de extraer, capturar o recolectar, por cualquier método o procedimiento, especies biológicas o elementos biogénicos, cuyo medio de vida total, parcial o temporal, sea el agua […] con propósitos de beneficio económico” (DOF, 2018, p.5). De manera concreta, el foco de análisis recayó en actividades de pesca que la literatura antropológica suele llamar ribereñas, artesanales o a pequeña escala (Alcalá, 1999; Delgado, 2011; Gatti, 1986; Marín, 2007; Morán, 2011), y que en este caso particular se definen por los siguientes aspectos: i) se desarrollan tanto en zonas costeras como en altamar, llegando incluso a distancias que exceden los 200 kilómetros de la línea de costa; ii) operan mediante embarcaciones menores (lanchas de fibra de vidrio con motor fuera de borda), artes de uso manual (redes, líneas de anzuelo) y sin la necesidad de infraestructura portuaria; iii) logran montos de captura diarios que pocas veces alcanzan la tonelada por lancha; iv) aprovechan un amplio espectro de productos pesqueros en función de los tiempos meteorológicos y los ciclos reproductivos de las especies; v) son organizadas y financiadas por armadores-inversionistas que disponen del capital, los medios de trabajo y los permisos para trabajar, pero se llevan a cabo por pescadores que dividen las tareas equitativamente y distribuyen a partes iguales los ingresos que aquellos les pagan en razón de la cantidad y calidad del producto recibido.

Figura 2. Embarcaciones de la pesca comercial a pequeña escala

Gráfico 1

[i] Fuente: Giovanny Castillo Figueroa, 31 de octubre de 2021.

A lo anterior hay que añadir otro elemento: en contraste con la pesquería industrial o a gran escala de atún o de camarón -que también están presentes en el puerto-, la actividad observada no se focaliza en la extracción de un solo recurso. Más bien, se trata de una pesca multiespecífica que pretende productos de diverso valor comercial y por tanto se adecúa a distintos mercados. En ese sentido, en el ámbito local hay diferentes categorías de productos en virtud de los ingresos que generan: altos, medios y bajos. Entre los primeros se encuentran el pargo, el huachinango y el robalo, con precios de venta de $100 a 150 MXN/kilogramo ($4.9 a 7.3 US), que hallan salida en restaurantes locales; también entran en esta categoría el dorado y el tiburón, cuyos valores son menores -$45-60 MXN/ kilogramo ($2.2 a 2.9 US)-, pero reportan ingresos altos teniendo en cuenta que sus magnitudes de captura alcanzan varios centenares de kilogramos por lancha (con frecuencia se rebasa la media tonelada), a la postre comercializados en mercados nacionales como La Nueva Viga (Ciudad de México) o incluso en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. Entre los productos del nivel medio se encuentran peces como berrugata, chato, liseta, sierra o tacazonte, cuyos montos de captura no suelen ser elevados (varias decenas hasta dos o tres centenas de kilogramos), precios de venta de $50 a 70 MXN/kilogramo ($2.4 a 3.4 US) y distribución comercial en la escena local y estatal. Por último, los productos de ingreso bajo incluyen una amplia gama de especies de poco valor comercial cuyo nicho de mercado yace en el mismo puerto o en ciudades cercanas como Tapachula y Ciudad Hidalgo; en este rubro entran pescados como agujón, bagre, barrilete, corvina, jurel o sardina, que se venden entre $20 y 40 MXN/kilogramo ($0.9 y 1.9 US), así como el denominado “pescadito popular” o “doceneado”, el cual comprende múltiples especies de tamaño diminuto y magro valor económico (“caballito”, “chavelita”, “huarache”, “pichancha”, “plátano”, “ratón”, etcétera) que se dan por docenas de $10 MXN ($0.4 US), $20 MXN (0.9 US) y $30 MXN (1.4 US).²

El texto condensa algunos resultados del proyecto de investigación “Problemática actual de la pesca artesanal en Puerto Chiapas (Soconusco): impactos y reacomodos a partir del COVID-19”. El método empleado para la producción de los datos primarios fue el etnográfico, que emerge del contacto directo con las y los sujetos de estudio y aspira a lograr descripciones situadas que consideren sus perspectivas (Restrepo, 2018). En ese tenor, a lo largo del mes de octubre de 2021 se emprendieron ejercicios diarios de observación participante en dos espacios clave de la pesca comercial a pequeña escala en el puerto: “varaderos” -puntos de partida y llegada de las embarcaciones- y “palapas” -centros de acopio y distribución de pescado-. Dichas jornadas propiciaron numerosas conversaciones informales que aportaron información significativa para la investigación y que, en ciertos casos, dieron pie a entrevistas semiestructuradas más prolongadas; en total, se realizaron doce entrevistas a los cuatro actores clave de la escena pesquera: dos a “palaperos”, o sea, inversionistas-armadores y distribuidores de pescado a escala local, estatal y nacional; cuatro a pescadores, encargados de buscar y extraer el producto; cuatro a empleados de palapa, que hacen las tareas de descarga, procesamiento, almacenaje y venta de pescado en sitio, y dos a comerciantes minoristas, por lo general mujeres que adquieren producto en pequeñas cantidades para después revenderlo en los mercados de Tapachula y Ciudad Hidalgo.

Para propósitos expositivos, el artículo se divide en tres partes que tratan las siguientes cuestiones: ¿Cómo ha afectado la pandemia por COVID-19 a la pesca en México? ¿Cuál ha sido el discurso y accionar del Estado al respecto? ¿De qué forma se ha visto transformada la actividad pesquera en Puerto Madero y cómo lo han percibido y vivenciado quienes participan de ella? Las dos primeras secciones presentan una panorámica sucinta de los impactos de la pandemia en la actividad pesquera de México y las acciones que al respecto realizó el Estado en 2020 y 2021, para lo cual se acude sobre todo a fuentes secundarias de variada índole -académica, periodística, gubernamental y no gubernamental-. El tercer acápite, que conforma el núcleo del texto, abunda en la situación de la pesca comercial a pequeña escala en Puerto Madero, utilizando para el efecto la información empírica recabada in situ. De esta manera, se busca dar a conocer las narrativas de las y los actores locales -cuyos nombres fueron modificados para preservar su anonimato- con respecto al trasegar de su actividad durante los primeros dos años de pandemia: qué prácticas incorporaron en los entornos laborales, cómo se vio alterado su trabajo en el día a día, de qué forma se adaptaron a los cambios. Al final, se incluye un apartado de cierre que sintetiza los hallazgos etnográficos y reflexiona sobre la situación de la pesca a pequeña escala en contextos de crisis.

La pesca a pequeña escala en tiempos de COVID-19: panorama de sus impactos en México

En un documento de trabajo elaborado en noviembre de 2020, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) señaló los impactos que a esa altura había provocado la pandemia en el sector pesquero mundial. Por un lado, el cierre de los mercados internacionales devino en la caída en las exportaciones de los productos pesqueros y, con ello, en el descenso de sus precios de venta; por otro lado, la clausura parcial o total de restaurantes, hoteles y espacios de turismo costero disminuyó el consumo de pescado fresco de alto valor comercial, cuya venta constituía una fuente importante de ingresos para las comunidades pescadoras; finalmente, la falta de equipamiento para prevenir contagios (guantes, mascarillas, geles hidro-alcohólicos) o la dificultad de conservar distancia física en los espacios de trabajo fueron factores que en ciertos casos propiciaron el cese de la actividad productiva. En su conjunto, todos estos aspectos repercutieron en los ingresos de los actores implicados en la cadena económica e incidieron en la reducción de las flotillas pesqueras y la productividad de un sector que en 2018 había alcanzado 96.4 millones de toneladas en peso vivo a escala global (FAO, 2021).

En México, antes de que se decretara la cuarentena, e incluso previo a la propagación de la COVID-19 por el país, los productores de langosta ya habían resentido los embates del cierre de ese mercado con los países asiáticos y europeos entre diciembre de 2019 y febrero de 2020, e igual situación padecieron los productores de escama,³ cuando en marzo se vino abajo el mercado estadounidense (COBI, 2020a). Afectaciones semejantes se habrían generado con productos exportables de alto valor económico como camarón, atún o pulpo, cuyas principales salidas comerciales estaban en Estados Unidos, España e Italia, respectivamente (Crespo y Jiménez, 2021). En esa línea, según estimaciones de los presidentes de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca) y de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas (Conmecoop),⁴ en abril de ese año las ventas habían caído en un 85% y el 60% de las embarcaciones pesqueras disponibles permanecieron totalmente paradas (Pradilla, 2020).

El panorama a lo largo de 2020 habría sido predominantemente negativo para la pesca comercial en estados como Chiapas, Sinaloa o Yucatán, según se desprende de las notas de prensa (Bautista, 2020a; Rodríguez, 2020; Toledo, 2020). En estas fuentes se refiere la misma situación: el declive de las exportaciones de productos de alto valor comercial, aunado a las medidas sanitarias para contener el virus -en especial la suspensión de restaurantes y el cierre de playas-, causaron una caída generalizada en la demanda y, por ende, bajas ventas que menguaron los ingresos de pescadores, armadores-inversionistas y comerciantes. El problema se agravaría por el paso de tormentas tropicales que no permitían la entrada al mar, como sucedió en el litoral yucateco a inicios de junio (Rodríguez, 2020) o en el chiapaneco a comienzos de septiembre (Bautista, 2020b). Asimismo, las vedas estipuladas en la normativa oficial impidieron la captura de especies que suelen implicar ingresos importantes; tal fue el caso del tiburón en Puerto Madero -y en todo el litoral Pacífico-, pues su pesca está restringida entre el 1 de mayo y el 31 de julio (Torres, 2020).

El avance de la vacunación contra la COVID-19 y la progresiva apertura del comercio y turismo costero dieron un soplo a la actividad pesquera en el transcurso de 2021, no sin los altibajos ocasionados por las variaciones climáticas típicas de cada temporada y los períodos de veda. En Puerto Madero, por ejemplo, una nota del periódico El Orbe fechada en abril de ese año reportaba la creciente recuperación de la producción pesquera “después de muchos meses de problemas, entre la contingencia por la presencia del mortal virus del COVID-19, las restricciones, la baja de los animales del mar, el mal tiempo, la falta de recursos” (Cancino, 2021). En ese horizonte, cabe indagar por el papel que jugó el Estado a ese respecto.

Discursos y acciones del Estado sobre la pesca durante la pandemia

En una entrevista publicada en junio de 2021, el director general de Planeación, Programación y Evaluación de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca), Bernardino Muñoz, señaló que el sector pesquero no se había visto muy afectado por la expansión del SARS-Cov-2, dada “la determinación del Gobierno de México por mantener ciertas actividades como ‘esenciales’, altamente necesarias para no detener el avance del país, y dentro de las cuales se incluyeron a las relacionadas con la producción de alimentos de origen agrícola, pecuario, pesquero y acuícola” (Muñoz, 2021, p.7). Más todavía, de acuerdo con este mismo funcionario, en 2020 el volumen total nacional de productos pesqueros se incrementó en un 4% con respecto a 2019, pasando de 1’580,232 a 1’644,122 toneladas; lo que a su juicio fue posibilitado por el simple hecho de que nunca hubo acciones restrictivas hacia este tipo de actividades primarias.

Sin embargo, pese a que el Ejecutivo federal no impuso restricciones adicionales al sector pesquero, tampoco estableció programas sostenidos que lo fortalecieran o resguardaran de la recesión por la emergencia sanitaria. La primera acción de la Conapesca (2020a) buscó limitar el contacto físico en la realización de trámites administrativos como los avisos de arribo,⁵ que a partir del 1 de abril de 2020 pudieron efectuarse digitalmente; no obstante, ello no resolvió la merma de ingresos que padecieron productores y distribuidores a lo largo de ese año. De allí la presión ejercida por organizaciones pesqueras en entidades federativas como Sonora y Sinaloa, las cuales llevaron al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader, 2020) a promulgar un Acuerdo que levantaba antes de tiempo la veda de jaiba que opera en las costas de dichos estados entre el 1 de mayo y el 30 de junio, en aras de habilitar la venta local de un recurso de relevancia comercial en esa zona. Empero, la medida extraordinaria solo aplicó para los escenarios referidos, por lo que no se atendió a las necesidades de otras zonas pesqueras del país.⁶

A comienzos de abril de 2020, el gobierno federal anunció el adelanto en la entrega de incentivos correspondientes al Componente de Apoyo para el Bienestar de Pescadores y Acuacultores (Bienpesca), que consistía en el desembolso anual de $7,200 MXN ($321.7 US) a cada uno de las 193,200 personas inscritas en el Padrón de Productores de Pesca y Acuacultura, como una forma de fomentar su actividad (Conapesca, 2020b). La ejecución de las transferencias no estuvo exenta de inconvenientes, desde demoras en los pagos hasta la exclusión de pescadores que no figuraban en el padrón (COBI, 2020b; Pradilla, 2020). De cualquier modo, Bienpesca no fue un programa creado específicamente a raíz de la irrupción del coronavirus ni devino en un auxilio continuado que resolviera en todos los casos los apuros económicos generados con la pandemia; prueba de ello son los testimonios recogidos por Vázquez (2021) entre los pescadores de Alvarado, Veracruz, o los recabados por Segura et al. (2021) en las localidades yucatecas de Celestún, Sisal y San Felipe, los cuales no solo destacan la insuficiencia de tales apoyos sino el abandono histórico del Estado hacia este tipo de pesquerías comerciales de pequeña escala.

En suma, las iniciativas de las instituciones federales competentes se enfocaron en: a) facilitar trámites mediante plataformas en línea; b) acortar el tiempo de veda para la explotación de determinadas especies, en zonas costeras acotadas, y c) agilizar las transferencias monetarias de un programa ya existente y cuya operación no ha estado libre de problemas. En el caso de Puerto Madero, de acuerdo con las observaciones hechas in situ, ninguna de esas iniciativas fue aplicada a carta cabal: los avisos de arribo siguieron haciéndose presencialmente, las vedas nunca fueron levantadas y los apoyos, al decir de las personas entrevistadas, solo llegarían a partir de 2021.

Ahora bien, desde el nivel de gobierno estatal y municipal se adoptaron medidas de choque en entidades como Baja California, Campeche, Sonora y Yucatán, las cuales consistieron en la entrega de despensas y dinero a trabajadores de la pesca entre abril y mayo de 2020 (COBI, 2020b, p.3). En cuanto a Chiapas, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Estado (Sagyp) dio continuidad a dos programas que funcionaban desde antes de la pandemia: “Pesca por el Bienestar” y “Reposición de Artes de Pesca como Estímulo a la Pesca Responsable”. El primero, vinculado al Bienpesca, se tradujo en transferencias anuales que en su mayoría beneficiaron a productores pesqueros de los municipios de Arriaga, Pijijiapan y Tonalá (Sagyp, 2020, 2021a); con el segundo se entregaron embarcaciones menores a sociedades cooperativas que laboran en sistemas lacustres ubicados en los municipios de Tonalá y Arriaga (Sagyp, 2021b). En el caso puntual de Tapachula, no hay registros de que se hubieran donado o subsidiado lanchas o artes de captura en los primeros dos años de pandemia, aunque sí se hicieron desembolsos del programa “Pesca por el Bienestar” por cerca de $151,000 MXN ($7,563.9 US) a 302 familias (Sagyp, 2021c).

Los comunicados de la Sagyp exaltan, como es de esperar, la relevancia de sus programas: “coadyuva[n] a revertir, paulatinamente, las afectaciones por la pandemia, al lograr que las condiciones de vida de los pescadores y sus familias sean mejores” (2020b). Empero, vale recalcar que tales programas preexistían a la emergencia sanitaria y no tuvieron el mismo alcance en todas las localidades pesqueras del estado. En Puerto Madero, por ejemplo, hubo quienes no recibieron las ayudas prometidas -o al menos no en los tiempos esperados-, como fue el caso de Conrado: “se supone que nos iban a dar un apoyo de siete mil [pesos]… pero a mí no me ha llegado nada” (pescador, 30 de octubre de 2021). Asimismo, algunas personas lamentaron el retiro de auxilios que antaño contribuían al sostén de la actividad: “Antes ayudaban con la mitad de lo que cuesta un motor o un trasmallo. O pal diésel que está tan caro. Ahora ya ni eso. Por eso digo que para el tiburonero nunca hubo apoyo. Ni antes ni ahora” (Tomás, palapero, 27 de octubre de 2021).

Teniendo en cuenta el panorama previamente esbozado, enseguida se profundizará en el caso de Puerto Madero, a partir de lo cual podrán advertirse los avatares de la pesca comercial de pequeña escala en tiempos de COVID-19.

“Nunca dejamos de trabajar”: narrativas del trabajo pesquero en Puerto Madero

Para octubre de 2021, la actividad pesquera en Puerto Madero se desarrollaba a diario y bajo diversas modalidades de captura y distribución de los productos. Al preguntar a los actores locales sobre los impactos de la epidemia de Covid-19 en el ejercicio de sus labores, la respuesta común fue: “nunca dejamos de trabajar”. Pedro, propietario de palapa, comentó a ese respecto: “El COVID-19 no ha sido problema aquí. Nosotros no hemos parado de trabajar, porque el pescado siempre tiene salida. Es una fuente de alimento, todos necesitamos comer” (5 de octubre de 2021). En una dirección similar, doña Lupe, revendedora de pescado en Tapachula, relataba que durante la emergencia sanitaria nunca había dejado de vender el producto que adquiría a Pedro y a otros palaperos del puerto: “En la pandemia no se dejó de vender. Aunque sea poco se vendía. Y la comida no se vendía como primero pues pero sí… Bajó un poco, pero sí seguía vendiendo gracias a Dios” (16 de octubre de 2021). Finalmente, un joven pescador de tiburón como Ramón expresó lo siguiente: “Con nosotros no dejó de haber trabajo. Para otra gente sí. Acá no, acá no dejó de haber pesca. Todo el tiempo tuvimos chamba” (13 de octubre de 2021).

En esta clase de narrativas, reiteradas a lo largo de la estancia en campo, sobresale una cosa: la emergencia sanitaria no detuvo a la pesca en Puerto Madero. Dos factores explicarían esto: en primer lugar, aunque cerraran los mercados internacionales o mermara la presencia del turismo, la demanda de alimentos pesqueros en el ámbito local se mantuvo: “siempre viene la gente del puerto a comprar acá. Para comer, o para llevar a vender, es otro ingreso pues… Y si es para comer, con treinta pesos se llevan tres docenas de pescadito y con eso ya come una familia” (Mariana, empleada de palapa, 27 de octubre de 2021). Es decir, la necesidad de pescado fresco por parte de la población local incentivaba a palaperos a enviar sus lanchas con regularidad.

En segundo lugar, los mismos pescadores y empleados de palapa alentaban a los armadores a no detener la actividad, pues del fruto de su esfuerzo dependía su sustento y el de sus familias. A ese respecto, doña Tania -dueña de palapa- mencionó: “Sí, estaban estas campañas del Quédate en casa y no salir a trabajar, pero la gente con necesidad ¿qué? La necesidad. La necesidad lleva a trabajar” (5 de octubre de 2021). En ese tenor, Tino, otro joven pescador de tiburón, sentenciaba: “Sí, porque el que no iba a pescar, ¿cómo le hacía para comer? Había que decirle al patrón que mandara [lancha] aunque fuera aquí a la orilla” (18 de octubre de 2021).

Ahora bien, aunque la actividad pesquera no se paralizó, sí se presentaron alteraciones en sus prácticas cotidianas: i) incapacidad laboral debido a contagios de Covid-19; ii) incorporación temporal de medidas de bioseguridad en los entornos laborales; iii) cesación periódica de las tareas dada la caída en la demanda de producto pesquero y la baja productividad; y iv) modificación de las dinámicas de captura ante el cierre de los mercados internacionales y la contracción del turismo.

En primer lugar, aparte de los riesgos a la vida y a la salud, las infecciones de coronavirus implicaron un parón obligado en el ejercicio de las labores, por lo menos mientras duraba la recuperación de quienes se enfermaban. Aun así, la necesidad de obtener recursos monetarios condujo a estas personas a tratar de acortar sus períodos de inactividad, valiéndose para ello de remedios caseros a base de hierbas y otras sustancias:

Como se colige del testimonio precedente, muchos pescadores acudieron a tratamientos caseros para interrumpir lo menos posible sus jornadas laborales, en un tiempo en el que todavía no se había desarrollado la vacunación. No les importaba recaer, pues la necesidad de trabajar les conducía de nueva cuenta al menjurje de hierbas y al reposo durante unos cuantos días:

Un segundo cambio motivado por la crisis sanitaria tuvo que ver con las disposiciones implementadas para evitar contagios (uso de mascarilla y gel antibacterial, lavado constante de manos, distanciamiento físico), que introdujeron de manera temporal prácticas de bioseguridad anteriormente ausentes en los entornos laborales. Ello fue más evidente en el ámbito de la palapa:

Figura 3. Medidas para evitar contagios de COVID-19 en las palapas

Gráfico 1

[i] Fuente: Giovanny Castillo Figueroa, 24 de octubre de 2021.

De acuerdo con algunos relatos, tales prácticas de bioseguridad se aplicaron en los primeros meses de la pandemia, antes de que comenzaran las campañas de vacunación y cuando todavía se percibía al coronavirus como un agente muy contagioso. No obstante, año y medio después de declarada la emergencia sanitaria en México, en las palapas ya no se seguían las medidas anti-COVID, en parte porque no se veían necesarias -por el avance de las vacunas- y en parte porque el virus comenzaba a asumirse como un elemento más de la nueva realidad: “Nosotros, aquí nos ves, seguimos, ni cubrebocas ni nada de eso cargamos. Ese virus se vino a quedar, se vino a quedar con nosotros, en la humanidad, como la gripa, la tos” (Germán, 31 de octubre de 2021).

En cuanto a las prácticas laborales a bordo de las embarcaciones, la realidad fue un tanto diferente a lo ocurrido en las palapas; según relataban varios pescadores, el uso de mascarillas y el distanciamiento físico en el ejercicio de su actividad fueron prácticamente inexistentes a lo largo de la pandemia: “Aquí la plebe nunca usó cubrebocas y todavía son contados los que andan con cubrebocas” (Tino, 15 de octubre de 2021). Las razones eran parecidas a las que encontró Vázquez (2021) entre los pescadores de Alvarado: tales protocolos difícilmente se ajustaban al día a día de un oficio en el cual se requiere un contacto estrecho entre los tripulantes y donde es casi imposible conservar una “sana distancia”.

Ya lo decía Jonás: “Hubo como dos que al principio fueron al mar con el cubrebocas ese [Risas]; se iban al mar dizque a pescar así, y no sé cómo le hacían pa respirar con eso puesto, o entenderse con el compañero” (31 de octubre de 2021).

En tercer lugar, en los momentos más duros de la crisis algunos trabajadores de la pesca fueron cesados temporalmente de sus actividades, pues la baja demanda de pescados de alto valor comercial (huachinango, pargo, robalo, dorado, tiburón) incidió en la reducción de las faenas en el mar y de las tareas de descarga, almacenaje y venta. No era una situación del todo nueva, pues en períodos de baja productividad -por ejemplo, cuando hay tormentas tropicales- los palaperos suelen “mandar a descansar” a algunos de sus trabajadores:

En congruencia con las palabras de Alonso, a varios pescadores y empleados de palapa les dejaron de llamar para trabajar por días o semanas, especialmente entre abril y septiembre de 2020, lapso en el cual confluyeron los impactos inmediatos de la crisis sanitaria, el período de veda para la captura de tiburón y el paso del huracán “Nana” (a inicios de septiembre). Aun cuando los empleadores dijeran que “nunca cerramos en todo este tiempo, trabajo no ha faltado, a nadie tuvimos que correr, todos pudieron seguir trabajando” (Tania, 5 de octubre de 2021), lo cierto es que no todos sus trabajadores pudieron mantener sus labores durante todo el tiempo; hubo quienes, similar a lo registrado por Segura et al. (2021) en Yucatán, debieron buscar empleo como ayudantes de construcción, vigilantes de sitios comerciales o transportistas informales, sin dejar del todo la ocupación en la pesca. Otros, por su parte, acudieron a préstamos con familiares o con los propios palaperos para solventar los apremios más urgentes (compra de medicamentos, comida o bienes de primera necesidad): “Ora sí que los préstamos de los patrones hicieron el paro, mientras se acomodaba la pandemia esa, esa enfermedad. Esa es la obligación ya, pues saben que a veces no se podía trabajar” (Lucio, pescador, 13 de octubre de 2021).

Un cuarto cambio, relacionado con el anterior, fue la disminución de las labores dirigidas a extraer productos de alto valor económico y la priorización de aquellas orientadas a obtener especies de menor valor pero con demanda fija a escala local y regional. La modificación de estas dinámicas de pesca no solo se debió al hecho de que no había quién comprara pescados de alto valor, sino también al mayor costo que supone su obtención; en cambio, peces como sierra, bagre, jurel o los que integran el denominado “pescadito popular” tienen demanda constante en la población del puerto y de Tapachula -principalmente aquella de menores ingresos- y además el costo de su captura es notablemente menor.⁷ Bien lo refería Pedro: “Ahorita lo que nos ha defendido es la sierra. La sierra y todo ese pescadito, porque tiburón de por sí muy poco se ve y toca ir muy lejos” (5 de octubre de 2021).

El aprovechamiento de especies de bajo valor comercial no revirtió el embate económico de la pandemia pero sí permitió hacerle frente, pues la posibilidad de vender una miríada de recursos en la escena local evitó la dependencia exclusiva de los productos que se distribuyen a los mercados externos. En el fondo, subyace una estrategia que resulta apropiada para sortear tiempos de crisis: diversificar las capturas. Aunque la pesca a pequeña escala en Puerto Madero ha estado ligada históricamente con la extracción y comercialización del tiburón (Alcalá, 1999), su sobreexplotación a partir de la década de 1980 y la realidad del cambio climático -que según los pobladores ha alejado de manera progresiva a los escualos de las zonas costeras- fue llevando a los actores locales a aprovechar cada vez más, en el curso del nuevo siglo, recursos de escama de diferentes valores comerciales para así generar ingresos adicionales a los que proveía el tiburón. Siguiendo esa lógica, la caída en la demanda de ciertos productos pesqueros en 2020 logró ser atenuada por la explotación de otros peces, evidenciando así una gran capacidad de adaptación mediante la diversificación de los procesos de captura.

Para octubre de 2021, la extracción y comercialización de alimentos frescos como el pargo, el dorado o el tiburón volvían a ser parte fundamental del día a día de la pesca en Puerto Madero, pues para esas fechas se habían reactivado por completo el turismo y los mercados de pescado en Ciudad de México y Estados Unidos. Empero, no por ello se abandonó la explotación de los pescados de valor medio y bajo, que incluso desde antes de la contingencia contaban con un foco de demanda poco usual cinco años atrás: los migrantes haitianos.⁸ Al respecto, decía doña Lupe:

Sin lugar a duda, la creciente presencia haitiana en el área urbana de Tapachula es un factor que ha dinamizado la economía pesquera en el puerto. En mi estancia registré varias transacciones al interior de las palapas, en donde mujeres y hombres de origen haitiano compraban pequeñas cantidades, bien para el consumo propio o bien para su posterior reventa; en una de esas ocasiones, una mujer de entre 30 y 35 años se llevó casi 30 kilogramos de producto (entre jureles, mojarras y robalitos) con el ánimo de vender la mayor parte en el mercado Sebastián Escobar de Tapachula. Esta escena se repetiría varias veces, con diferentes protagonistas y en distintas palapas, reflejando la importancia adquirida por la población haitiana no solo como consumidora directa de pescado, sino como una nueva pieza en el engranaje de la redistribución local.

Reflexiones finales

En Puerto Madero la pesca a pequeña escala no se detuvo por la pandemia, pero de ningún modo permaneció incólume: las infecciones por coronavirus provocaron incapacidad laboral, la cual trató de ser contrarrestada con remedios caseros; los protocolos anti COVID-19 se incorporaron por cierto tiempo en la cotidianidad de las palapas, aunque luego se dejaran de lado con el avance de la vacunación; la recesión económica llevó a ceses temporales de la fuerza de trabajo, que en momentos críticos debió subsistir a base de préstamos y empleos alternos; y para subsanar la escasa afluencia de turistas y la reducción en el consumo de alimentos de alto valor comercial, se encauzó el esfuerzo a la captura de pescados de menor valor pero que implicaban menos gastos y tenían demanda fija en la escena local -en donde, dicho sea, ha cobrado gran relevancia la población migrante de origen haitiano-.

Concluyo con tres reflexiones. En primer lugar, los impactos derivados de la pandemia por COVID-19 mostraron, una vez más, la capacidad de los pescadores y demás actores de la pesca para adaptarse a tiempos críticos y pese al actuar blando del Estado (Alcalá, 1999; Marín, 2007). En segundo lugar, aunque el inicio de la emergencia sanitaria produjo lo que Gustavo Lins Ribeiro (2021) ha denominado “procesos de descotidianización” -aquí visibles en el desconcierto ante una enfermedad desconocida y la adopción de prácticas antaño inexistentes en los entornos laborales-, poco a poco se ha construido una cotidianidad en la que, por una parte, se acepta la perennidad del virus y se abandonan medidas de bioseguridad que hoy día no se estiman necesarias; y por la otra, se prosiguen dinámicas previas a la pandemia como la diversificación de capturas o la rotación de fuerza de trabajo en función de los ciclos ecológicos y de oferta/demanda.

Por último, sin quitarle la gravedad que tienen las crisis globales, para algunos actores locales la epidemia del coronavirus no ha sido su principal preocupación, pues vino a sumarse a una larga lista de problemáticas que desde hace varios años afectan a la pesca a pequeña escala: cambio climático, sobreexplotación de especies, contaminación marina, megaproyectos desarrollistas, falta de apoyo estatal. Pedro lo resumió así: “La verdad, nuestro problema aquí no ha sido tanto la pandemia… los problemas grandes son otros” (5 de octubre de 2021). Así, pues, corresponderá a futuros proyectos de investigación seguir indagando los modos en que la pesca se adapta a, o coexiste con, problemáticas de gran envergadura que continuamente amenazan su devenir.